Por Consuelo Sanhueza
Abogada de la Universidad Andrés Bello. Diplomado en Derechos Humanos y Políticas Públicas de protección de Migrantes y Refugiados. Actualmente, habilitada para ejercer como Defensora Penal Pública.
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Hemos visto –a propósito de los flujos migratorios recientes hacia Chile– de qué manera ciertos sectores de la política nacional intentan homologar a la migración con delincuencia. De este modo, el multiculturalismo a nivel internacional imaginariamente pareciera ponerse en cuestión, debido a que las actuales coyunturas geopolíticas de movilidad humana globales cosechan el momento ideal para validar la contraposición entre multiculturalismo versus nacionalismo, capitalizando políticamente esta situación[1].
De la misma forma, en Chile ha asumido de manera explícita el modelo de la administración electoral de la xenofobia, a pesar de que la tesis de delincuencia y migración se cayó por sí sola asociando irregularidad migratoria con delito, ya que se comprobó que solo el 1% de los migrantes ha cometido delito. Lo anterior ha iniciado un proceso abierto de erosión de las relaciones de confianza interculturales al poner en cuestión el aporte de la migración en Chile.
Por lo anterior, es que no creemos que la solución sea eliminar la existencia de los Decretos de expulsión, pero sí debe existir un estudio caso a caso, donde los recursos administrativos no terminen en cartas sin respuestas, fueras de plazo o sin argumentos o donde la persona termine abandonando el país injustamente por una sentencia ya cumplida.
Emitir Decretos de expulsión en la causal concreta conlleva a más irregularidad y, por supuesto, una violación al derecho de nacionalidad y de residir en un país; como consecuencia también la violación al debido proceso, donde no se puede pagar por un delito penal dos veces. Eso es lo que está ocurriendo, en definitiva.
No cabe duda cabe de que el DL de 1975 frena y obstaculiza la inclusión efectiva y aún más cuando condiciona la regularidad migratoria a un contrato de trabajo, donde el centro de esta relación desigual es el empleador, vale decir, en una relación entre privados.
La herencia de la dictadura sigue vigente en materia migratoria, dictadura que muchos de los que están hoy en el Congreso apoyaron. Es decir, en medio de las consecuencias que provoca este DL creado bajo sospecha y resguardo nacional, estos mismos grupos hoy capitalizan sus falencias para agitar el miedo. Desde este punto de vista, hay un oportunismo político que este 2017, en vísperas de las presidenciales, puede verse incrementado, asociando la migración con delincuencia u otros males.
El hecho político es que, irresponsable y malamente, se ha generado un grave daño a la confianza y la convivencia en la población, el cual tiene un correlato directo en los territorios, en la convivencia concreta, en las relaciones vecinales. La persistencia de estos relatos simplemente modifica la riqueza y diversidad sociocultural del ciudadano extranjero y su aporte, colocándolo como bajo sospecha y desconfianza, convirtiéndose finalmente en estereotipos sociales negativos.
Lo que queremos demostrar es que no es sólo la migración reciente, sino de miles de personas que hoy cuentan con visa definitiva avecindados en el país. Familias y sus niños en las escuelas, hoy muchos de ellos chilenos de padres extranjeros, que comienzan a ser mirados con desconfianza desde el temor infundado o el cuestionamiento de su aporte al país. ¿Pero quiénes son los sujetos de la sospecha? No son los grandes inversionistas extranjeros, no son los migrantes europeos, sino más bien el miedo se funda y dirige hoy hacia la cultura latina, caribeña, afro descendiente y segmentos vulnerables, incomodando a los sectores conservadores.
En consecuencia, no resultaría extraño que el desconocimiento ciudadano respecto de este tema sea generalizado por los prejuicios de los grupos de interés de nuestro país que, instalados en la opinión pública, se objetivasen con encuestas que no sabemos a quienes contestan, que reafirman el plan comunicacional de asociar el miedo respecto de delincuencia con migración.
Es por esto que no es de extrañar, por ejemplo, que la encuesta Cadem consulte ex post si piensa que los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados y no genere la interrogante inversa al ciudadano, respecto de si está al tanto de que existe un convenio internacional ratificado por Chile, que no habilita romper con el principio de reunificación familiar. Al menos sobre esta interrogante 90% se inclinaría por no estar al tanto. Distinto sería plantearse desde esa vereda, opción desestimada para refrendar el miedo y, por ende, las medidas populistas.
Como ya es de sumo conocimiento, actualmente –según datos del Departamento de Extranjería y Migración (DEM)– 2,7% representa la población migrante en el país. Si vamos al análisis de censos históricos, el dato de mayor flujo migratorio fue en 1907, de 4,1%. Es decir, Chile aún no se supera a sí mismo en términos porcentuales del flujo migratorio. El tema tiene una relación directa, más que con los datos cuantitativos, con las subjetividades, con el sumo desconocimiento de la ciudadanía y cómo esto es moderado por los relatos xenófobos que alteran la convivencia[2].
Por lo mismo, no cabe duda que el tema del prejuicio, étnico, nacional, no se arregla con una ley que modifique o regule entradas o salidas mediante sistema de visas, va más allá de crear leyes a media que solucionan temáticas “parche” del momento y del populismo que nos dejan ver los últimos acontecimientos, va en crear una política pública migratoria con enfoque de derecho que mire hacia una era global. Que se preocupe de cómo van entrar las personas extranjeras a nuestro país, partiendo desde la posición del turista, luego tenemos que pasar por una serie de estudios de la población de los lugares donde se concentra el mayor flujo migratorio, capacitar a las instituciones públicas de todos los aspectos salud, migración, educación y, por qué no, políticas. E incluso debemos empezar a incluir aprendizajes de otros idiomas en nuestro país, ya no basta sólo el inglés, entre otras cosas. Y por supuesto, mejorar los mecanismos de defensa extranjera.
El oportunismo de reemplazar la ley de extranjería de la dictadura no debe ser la excusa para dar paso a relatos xenofóbicos, no inclusivos y de intolerancia. El racismo y el prejuicio deben ser asumidos en su integralidad desde una política en general y políticas públicas en particular. La irresponsabilidad de los discursos en autoridades locales y personeros políticos han validado y facilitado ataques de violencia. Con la misma fuerza –de un país pluralista– que defiende las banderas de género, diversidad sexual, debe asumir el rechazo pleno a la intolerancia.
[1] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/01/17/migracion-en-chile-la-administracion-electoral-de-la xenofobia/
[2] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/01/17/migracion-en-chile-la-administracion-electoral-de-la-xenofobia/
