Por Álvaro Uribe Badilla.
Abogado por la Universidad Santo Tomás. Magíster en Derecho de Minería y Aguas por la Universidad Finis Terrae, y Diplomado en Medioambiente por la Universidad del Desarrollo. Actualmente se desempeña en Grupo EFE.
La reciente discusión del borrador constitucional tuvo como protagonista a uno de los grandes y particulares temas que hoy trascienden la discusión del Derecho y de la Academia: El cuidado del medioambiente.
Mucho se ha hablado de la crisis climática, la escasez del agua y de los recursos naturales, el uso indiscriminado de energías no renovables y como ciertas actividades económicas están yendo en dirección opuesta al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin embargo, algo que podemos destacar del proceso constituyente es que la impronta de cuidado al medioambiente que se instaló en el radar constitucional puso a la naturaleza al centro de la discusión.
Siempre decíamos que Chile era de los países vanguardistas en América Latina en materias de crecimiento. Gozábamos de una economía sólida y bien aspectada, y asimismo -a partir de la Constitución del 1980- fuimos pioneros en poner en la cima de la legislación al medioambiente como un derecho que el Estado debía garantizar. Hablábamos de un medioambiente libre de contaminación, pero nos quedamos atrás.
Fruto de las grandes actividades productivas, un medioambiente libre de contaminación, como base de la garantía constitución, no se hizo suficiente para frenar la explotación indiscriminada de recursos naturales que generaron zonas de sacrificio en una parte no menor de nuestro territorio. Y nos costó entender que cualquier desarrollo económico debe ser sostenible en el tiempo y no olvidar que la protección al medioambiente es fundamental.
Sin embargo, con el debate constitucional se abrió una puerta a una regulación más robusta en materias ambientales, y no se trata de una excesiva regulación como algunos han pensado. Es simplemente tomar conciencia de que es necesario establecer un verdadero propósito en nuestra legislación frente al cuidado del medioambiente para tener un desarrollo sostenible.
En el borrador elaborado se analizaron conceptos que en nuestra legislación actual no gozaban de la misma categoría, declarando a Chile como un Estado ecológico y con una relación indisoluble con la naturaleza, esta misma a la que se les reconocerán derechos frente a determinados abusos, siendo un objeto primordial de protección.
Los constituyentes establecieron cuatro pilares fundamentales a los que la nueva legislación chilena debiera hacer frente, de cara a la crisis que como planeta estamos viviendo. Estos cuatro pilares van más allá de la declaración de nuevos principios sobre los cuales se regulará la protección medioambiental, promoviendo el respeto a la naturaleza en cuanto a su existencia y señalando que es un deber del Estado y de la sociedad propender a su cuidado y restauración, garantizando una mantención adecuada de los ecosistemas que permitan un desarrollo de las actuales generaciones y las que vendrán.
El Derecho actual debe recoger del derecho romano la existencia de bienes naturales que son comunes y de carácter inapropiables, restringiendo no solo a los particulares, sino que también al Estado su uso indiscriminado, imponiendo deberes de cuidado, custodia y resguardo a la Administración ante la ejecución de actividades económicas. Lo fundamental en esta línea es que las actividades productivas no podrán afectar la vida de la población y de los propios ecosistemas de los que dependen.
Quizás se hace necesaria la implementación de nueva forma en la toma de decisiones, reconociendo la participación ciudadana como eje fundamental en el cumplimiento de los deberes de protección del Estado de cara al cuidado del medioambiente, otorgando autonomía a las regiones para su trabajo en conjunto con la Defensoría de la Naturaleza.
Finalmente, el desafío más poderoso está en el pilar educativo, mediante el cual se genere una debida conciencia frente al progresivo avance del cambio climático y otorgue herramientas para combatirlo adecuadamente. Con una mirada profunda desde la educación ambiental, las generaciones futuras podrán heredar un patrimonio natural que permita un buen vivir, sano, que proteja este ecosistema del que somos parte y del cual debemos tomar conciencia.
Independiente de la coyuntura política, estamos ante una oportunidad de retomar ese carácter de vanguardia que como país llevábamos, y permitir que el esfuerzo en materia ambiental produzca frutos en nuestra legislación, con el fin de desarrollar economías más sustentables y sostenibles en el tiempo.
