Por Daniel Soto Muñoz.
Director del programa de “Fraudes Corporativos” de la Escuela de Negocios y estudiante del doctorado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
[divider]
Cuando se detectaron anomalías en las evidencias recopiladas en la operación “Huracán”, la primera reacción de las autoridades de Carabineros fue resistirse a creer que estas hubiesen sido objeto de manipulaciones. Cuando se le preguntó al Papa Francisco por qué protegía la imagen de un obispo acusado de encubrir abusos sexuales, éste exigió que le mostraran pruebas para disponer de una investigación eclesiástica que verificara las denuncias. Cuando se alertó sobre muertes negligentes de niños en los centros del SENAME, las autoridades de gobierno partieron dudando que existiera abandono estatal en el cuidado de niños su custodia. Cuando en 2015 salió a la luz el fraude de emisiones contaminantes de los motores diésel de Volkswagen en los Estados Unidos, el público mundial atribuyó el desaguisado a la industria local estadounidense. Cuando algunas personalidades famosas chilenas se enteraron de que los negocios de Rafael Garay eran un engaño, se negaron a creer que un amigo como él, los hubiese burlado también a ellos.
Todos estos casos disímiles tienen aspectos comunes. En todos, los perpetradores dejaron de cumplir con una obligación de diligencia que defraudó a sus víctimas, generando enormes pérdidas reputacionales y económicas. En todos, los ilícitos se cometieron durante períodos más o menos prolongado de tiempo y quienes tenían el deber de controlar que las contravenciones no ocurrieran, o que éstas se detectaran a tiempo, no ejercieron a cabalidad sus obligaciones de supervisión. En la mayoría de ellos, las víctimas, y las autoridades, afirmaron haberse enterado de los ilícitos a través de la prensa.
¿Qué controles fallan cuando se cometen fraudes y, especialmente, cuando estos se perpetran dentro de organizaciones que se supone se encuentran reguladas para un adecuado funcionamiento dentro de la sociedad?
Los especialistas en prevención de fraudes señalan que la forma de disminuir las oportunidades defraudatorias requiere la implementación de a lo menos de control: 1) disponer de buenos controles internos de actividades y procesos; 2) desincentivar la colusión entre empleados, clientes y proveedores; 3) implementar canales de denuncia e investigación interna discretos y eficientes; 4) crear una cultura organizacional de honestidad que establezca que las defraudaciones son moralmente inaceptables y que serán legalmente perseguibles; y 5) implementar mecanismos de auditorías proactivas que identifiquen correctamente los riesgos de cada área de gestión e investiguen cada una de las situaciones posiblemente anómalas. Si una organización tiene todos estos controles funcionando, la oportunidad de fraude solo se dará cuando todos los mecanismos fallen.
¿Por qué no se define anticipadamente un perfil criminal de los perpetradores a fin de controlarlos directamente?
No existen estudios que permitan delinear un “perfil criminal” del defraudador económico o, en su versión chilena, del delincuente de cuello y corbata. Eventualmente cualquier persona puede cometer un fraude económico, de modo que no es posible distinguir “per se” entre personas honestas y posibles perpetradores de fraudes. Por esta razón, en la actualidad el concepto “white collar crime” acuñado por Edwin Sutherland en 1939 y que vinculaba el delito económico a empresas, a personas prestigiosas y a grandes sumas de dinero, parece desactualizado, dado que no cubre los casos más frecuentes que afectan a empresas pequeñas y en la que los empleados sustraen dinero o activos cuando nadie los ve o cuando coordinan sus actividades delictivas reclutando a terceros. Para precisar el concepto, el criminólogo estadounidense Marcus Felson ha propuesto el término “crímenes de acceso especializado”, destacando que la posibilidad de cometer un delito que causa daño económico depende más de la posición que una persona ocupa en una organización, que de los eventuales dotes de simpatía y la capacidad de embaucar.
Aunque, como se ha dicho, casi todas las personas están en condiciones de cometer un fraude económico, solo algunas personas resuelven perpetrarlo. Quienes cometen un fraude no solo tienen necesidades económicas y también conocen la forma de eludir controles corporativos deficientes, sino que tienen principalmente un problema ético que las organizaciones no han sabido enfrentar correcta y oportunamente. La principal tarea pendiente en Chile es esta: que las organizaciones públicas y privadas comprometan a sus integrantes en una cultura de profundo compromiso ético y en la que las máximas autoridades corporativas prediquen con el ejemplo. Esta es la mejor garantía para la prevención y la detección oportuna de los fraudes y la corrupción
