Los desafíos de la Ley Fintech en materia de gobierno corporativo y gestión de riesgo

Por Robinson Lizana T.

Contador auditor y socio de auditoría de Grant Thornton.

El pasado 16 de enero, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició la implementación de la Ley N°21.521, conocida como Ley Fintech. Esta normativa introducirá al mercado de capitales una de las reformas más relevantes de la última década, demandando la emisión de más de 70 normas en un trabajo que se extenderá durante los próximos 18 meses y que parte con la entrada en vigencia de la ley, el próximo 3 de febrero.

La Ley Fintech regula la comercialización de los siguientes servicios:

  1. Plataformas de financiamiento colectivo.
  2. Sistemas alternativos de transacción.
  3. Asesoría crediticia y de inversión.
  4. Custodia de instrumentos financieros.
  5. Enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros.

Los estándares a cumplir

Un aspecto fundamental para cada uno de estos servicios se relaciona con el requerimiento de cumplir con las exigencias de gobierno corporativo y gestión de riesgo establecidas en el artículo 12 de la citada ley, correspondiendo a la CMF definir, mediante norma de carácter general, los estándares a cumplir en ambos sentidos.

También señala que los proveedores debidamente inscritos deben diseñar, aprobar e implementar políticas, procedimientos y controles que compatibilicen su viabilidad económica-financiera con su capacidad de contar con respuestas estratégicas idóneas para los riesgos inherentes a sus líneas de negocio.

Aprovechar el tiempo

Sin duda, las temáticas que se deben abordar en el período de rondas de consulta acerca de la normativa y en la posterior emisión de la norma de carácter general demandará a los entes interesados ser reforzados con profesionales especialistas en compliance, normas contables, publicación de información financiera, prácticas y modelos de gobierno corporativo, divulgación de criterios y prácticas de ESG, entre otros. 

Para ello, “hay que aprovechar de manera efectiva las instancias que se presentarán en los 18 meses que se tomará al regulador para dictar las normas pertinentes”, comenta Robinson Lizana, socio de Auditoría de Grant Thornton Chile. Agrega que este es un desafío que deben asumir todos los actores involucrados con ocasión de esta nueva ley, que actualiza y moderniza el ámbito de acción de un mercado cada vez más relevante dentro de la industria financiera.