Por Leonardo Piñeiro
Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña. Abogado especializado en Derecho Privado y estudio de postgrado como Mediador Sanitario. Ha sido decano del Colegio Mayor La Estila y Abogado Junior en el Despacho Jurídico Villanueva & Vidal. Actualmente planea establecerse en el mercado Chileno.
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He de advertir al lector que a punto ha estado de leer una retahíla de reflexiones inconexas. Con suerte (factor sobrevaloradísimo… y caro), dichas reflexiones –propias, huelga aclarar- recordarían a un “poema” del genial Bukowski; sin suerte (lo más probable y barato), confundirían esta columna con un “anteproyecto de Ley” (¡Hay que ver en que baja estima tengo al poder legislativo!).
Ironías aparte, muchos de nosotros, de un modo u otro, estamos familiarizados, con ese concepto denominado “lobbismo”. Concepto, que dicho sea de paso, no es otra cosa que la forma profesional de incidir, bajo un interés concreto, en el proceso de toma de decisiones de los actores e instituciones políticas de un ente público con facultades legislativas/ejecutivas; lo que dicho coloquialmente, permítanme la licencia, es “arrimar el ascua a tu sardina”, siendo “el ascua” los poderes públicos y “la sardina” un conglomerado de empresas pertenecientes al mismo sector.
Dicha actividad, también conocida como cabildear, es ejercida, casi en su totalidad, por profesionales del Derecho que, en la inmensa opinión y no por ello correcta, sólo la virtud de los actores les impide traspasar la delgada línea existente entre lo que es lícito y lo reprochable, por lo que dicha actividad no goza de la mejor prensa, o lo que genera más inquietud, no goza de prensa… ¡Craso error! Nadie levanta más suspicacias que el vecino que, se sabe, vive encima pero nadie ha visto subir la escalera. En mi opinión, nada más lejos de la realidad y afirmo plenamente convencido que los “lobbies” además de ser útiles, son necesarios.
Primero, porque en innumerables ocasiones, el legislador vive ajeno a las necesidades reales de la economía o no tiene la formación necesaria para resolver las cuestiones económicas con las que ha de lidiar.
Segundo, porque nadie mejor que el necesitado para explicarle sus necesidades lícitamente a quien puede satisfacerlas de forma también lícita (las corruptelas no forman parte de esta figura); y tercero, porque quién vela por el conglomerado empresarial es remunerado por su cliente y no por el estado, con lo que prima la eficiencia.
Llegados a este punto, sólo nos queda plantearnos la siguiente cuestión: ¿Qué pasa con los que no tienen poder ni magnitud para hacerse oír y que son la inmensa mayoría de ciudadanos?
Pues lo que pasa es que, con frecuencia, sus intereses no les proporcionan al que manda un buen plan de jubilación ni un cargo ejecutivo en una multinacional energética, y por ello, son los que sufren “las necesidades del mercado”. Este mal que muchos piensan, endémico, del lobbismo, no es tal; es mal endémico del poder político, que ha olvidado que la soberanía pertenece al pueblo, transformándolo en nudo propietario.
Quizá sólo sería necesario más virtud en quien debe legislar, o quizá, un lobby ciudadano…
