Por años, Carlos Gajardo estuvo en la vereda investigativa de la Justicia procesal penal: primero en el Consejo de Defensa del Estado y luego como Fiscal del Ministerio Público, desde donde dirigió investigaciones relevantes tanto en lo jurídico como en lo mediático. Hace cuatro años decidió comenzar un desafío propio -saliendo de su zona de confort-, abriendo una oficina de abogados junto al también exfiscal, Pablo Norambuena. Fueron justamente su trayectoria y su decisión de atreverse en una nueva travesía, motivos más que suficientes como para destacarlo como LWYR del año 2022.
Texto: Equipo LWYR
Imágenes: Andrés Cabezas, para LWYR
La elección de Carlos Gajardo como LWYR del año 2022 está llena de simbolismos. Luego de tres años en los que premiamos a destacadas mujeres, es el primer abogado que recibe el reconocimiento. Por otro lado, nuestras tres premiadas anteriores provenían de fiscalías in house, del compliance y Gobierno Corporativo. Carlos litiga desde sus primeros pasos como procurador del Consejo de Defensa y, además, ha transitado desde el mundo público al privado, sin descuidar su pasión por la Academia.
A cuatro años de establecerse con su propia oficina, de publicar un libro y de seguir siempre presente en la contingencia mediática, hoy sus desafíos pasan por mantenerse en la academia, potenciar su faceta de litigante particular y asumir el desafío de nuevos conflictos jurídicos que plantean las nuevas tecnologías, como la lucha contra el juego ilegal y las plataformas de apuestas on line.
– Una de nuestras anteriores premiadas como LWYR del año señalaba que un abogado que no se reinventa, no sobrevive a un mundo en constante cambio. ¿Cómo fue pasar de un rol prominente público -y donde consiguió mucha notoriedad como Fiscal- al sector privado? ¿Más complejo de lo que imaginaba? ¿O no tanto?
– Fue un cambio importante, porque básicamente toda mi vida profesional la había hecho hasta el año 2018 en el ámbito público. Durante 7 años trabajé como procurador, primero, y como abogado, después, en el Consejo de Defensa del Estado. Y luego fui, durante 17 años, Fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, sólo tenía vagas ideas de lo que era el ejercicio privado de la profesión.
Pero he intentado combinar el defender intereses particulares en nuestro estudio jurídico, con tener una actividad académica importante, sobre todo en estudios de posgrado y cierta presencia en medios de comunicación. La verdad es que el mix de actividades que he logrado tener me tiene muy satisfecho.
– En alguna ocasión se declaró impactado por el caso de María del Pilar Pérez, que le tocó investigar. En ese marco sostuvo que los asesinatos en Chile en que ella estuvo involucrada (2011) eran «muy raros» en Chile. A la luz de la situación actual y de las encuestas que señalan que la seguridad es la mayor prioridad de la ciudadanía, ¿qué puede hacer el Derecho por mejorar esta situación? ¿Simplemente aumentar las penas?
– Efectivamente, en el año 2008 cuando ocurren esos crímenes, los homicidios con sicario y el uso de armas con silenciador eran una rareza en Chile. Eso ya no es así. Para combatir adecuadamente el delito, hay una serie de medidas de prevención que se atienden poco. En estos últimos años estamos teniendo tasas muy altas de deserción escolar. No es un misterio que ello provoca un aumento de la delincuencia juvenil. Hacemos poco para retener o reinsertar a los niños y jóvenes en las escuelas. También nuestro trabajo en reinsertar a los condenados que recuperan su libertad en algún tipo de programa de empleo o algo semejante es totalmente insuficiente.
Dicho todo eso, la sociedad exige mayores niveles de éxito y de profundidad en las investigaciones criminales más complejas en lo que denominamos criminalidad organizada. Para ello requerimos mejores niveles de inteligencia en las investigaciones, mejores equipos policiales y de fiscales que se dediquen con preferencia a dicho fenómeno. Y dentro de eso, por cierto, requerimos un mejor marco normativo de la “asociación ilícita”, que hoy día tiene una tipificación defectuosa y penas no acordes a su gravedad.
– ¿Cuáles son las cosas que más le gustan del ejercicio privado de la ley?
– La variedad de temas en los que puedes involucrarte, lo que implica un permanente reestudio de materias jurídicas, la necesidad de tener estrategias de negociación que son mucho más necesarias y efectivas que las propiamente de litigación, y la libertad evidente que tengo respecto de mis anteriores funciones.
– Hablando de temas complejos, hoy está en una lucha frontal contra el mundo de los juegos on line como de casinos y plataformas ilegales acá en Chile, ambas actividades consideradas como ilícitas según nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido y qué complejidades ha debido enfrentar de estos mundos?
– Llama mucho la atención que, siendo una actividad especialmente dañina, entre otras cosas por la falta de protección a los menores de edad y al juego responsable, por la inexistencia de medidas que prevengan el lavado de dinero y por la evasión tributaria al ser una actividad que no tributa nada de las millonarias ganancias que reporta, no existe una mayor preocupación estatal reflejada en la coordinación de los distintos actores para combatir dicho ilícito. Creemos que esa tendencia se está revirtiendo y debiéramos tener novedades positivas en el combate al juego on line, que es totalmente ilegal en nuestro país.
– Uno de los grandes sueños de muchas personas es escribir un libro. Pero pocos lo hacen. Lanzó este 2022 uno («Se hará Justicia») y en él plantea una pregunta clave: ¿Cómo se construye y consolida un sistema de justicia que nos de confianza? Y a propósito de esa pregunta, ¿qué le diría a nuestros lectores?
– Que tenemos un gran elefante en la habitación que todos evitamos ver y que se trata de la enorme desconfianza en el sistema de justicia que existe en nuestro país. Es un problema en extremo complejo, de difícil solución y que está provocando una serie de consecuencias nefastas. Entre ellas, dejar de acudir al sistema de justicia para resolver los conflictos, con el consiguiente aumento de las cifras negras y del intento de efectuar autotutela.
– Pasando al ámbito académico, ¿por qué le recomendaría a un o una estudiante dedicarse al Derecho Penal? ¿Cómo ve el futuro de esta rama en el ejercicio profesional?
– Creo que el Derecho Penal, y especialmente el Derecho Penal Económico, es un área que está obligada a seguir creciendo en nuestro país. Ello, principalmente por la expansión que necesariamente ocurrirá con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que obligará cada vez más a hacer responsables a las empresas de los delitos que se cometen a su alero y, por lo tanto, a las crecientes medidas de prevención que deben emplear para evitar dichos actos.
Lo mismo respecto de los delitos económicos para las personas naturales. También es un área que probablemente continuará la expansión que hemos visto en los últimos años, con la creación de nuevos tipos penales como son la colusión, la administración desleal, la corrupción entre privados y otros, y un aumento subsecuente de las penas en ellos, de tal modo que -en las hipótesis más graves- ellos tengan aparejadas penas de cárcel efectivas. Esa expansión del derecho penal económico me parece inevitable.
De tal manera que el derecho penal es una rama del derecho muy desafiante, que requiere diversas habilidades y conocimiento para llevarla delante de una manera exitosa.
– Finalmente, ¿cómo definiría en una frase tu 2022 profesional para diferenciarte del resto de sus años ejerciendo en la actividad privada? En esa línea, ¿qué espera para 2023?
El año 2022 fue un año de consolidación de nuestro estudio jurídico. Del futuro siempre espero lo mejor.
