Texto: Equipo LWYR.
Imágenes: Cedidas por Yudy Tunjano.
Hace un tiempo tuvimos el gusto de contactarnos con la abogada experta en Compliance, Yudy Tunjano, y no solo sus conocimientos y dedicación a la materia nos dejaron conectados, sino que también su propia historia: colombiana de nacimiento, estudió y vivió en Chile, y actualmente reside en Panamá. Además de ejercer la profesión como consultora en temas de ética y cumplimiento normativo, desde el 2020 dirige Vive Compliance, la primera revista digital de Compliance en Iberoamérica.
En este #marzoconmdemujer, nuevamente la tenemos en nuestra plataforma, analizando en esta oportunidad el Índice de percepción de la Corrupción 2021, en especial para Latinoamérica. Motivos más que suficientes para considerarla nuestra Embajadora LWYR en Centroamérica.
– ¿Cómo estuvieron los índices mundiales de Percepción de la Corrupción durante el último año?
– La ONG, Transparencia Internacional ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción 2021 [1], que mide los niveles de percepción de la corrupción en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo. En este índice, que los califica en una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (corrupción inexistente), dos tercios de los países han obtenido una puntuación inferior a 50, con una media mundial de 43, que se mantiene sin cambios por décimo año consecutivo. La investigación concluye que, a pesar de los múltiples compromisos asumidos, 131 países no han hecho ningún progreso significativo contra la corrupción en la última década.
En 2021, los países que percibieron un menor nivel de corrupción en el sector público fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con una puntuación de 88, seguidos de Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo y Alemania, que completan los diez primeros puestos. En el extremo opuesto del índice se sitúan Sudán del Sur, Siria y Somalia, con una puntuación de sólo 11 el primero y 13 los dos últimos. Venezuela (14), Yemen (16), Corea del Norte (16) y Afganistán (16), también se encuentran entre los países con menor puntuación. Estos últimos, son países que sufren conflictos armados o autoritarismo por lo que suelen obtener las puntuaciones más bajas.
El promedio en las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. A la cabeza repiten Uruguay y Chile, con 73 y 67 puntos respectivamente sobre un máximo de 100, mientras que Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos de la región según ese índice. Del resto, el único que aprueba es Costa Rica, con 58 puntos, al que siguen Cuba (46), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador (34), México (31), Bolivia, República Dominicana, Paraguay (30), Guatemala (25) y Honduras (23).
El informe señala que, pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este fenómeno, la corrupción en las Américas sigue debilitando a la democracia y los derechos humanos.
– ¿Cómo se relacionan corrupción, derechos humanos y democracia [2] en América?
– Durante 2021, en las Américas se produjeron fuertes ataques contra la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Estos son derechos civiles y políticos fundamentales para que haya democracias sanas y sin corrupción.
La lucha contra la corrupción en América Central se encuentra en su nivel más bajo en un momento en que el autoritarismo y la violación a los derechos humanos se apodera de Nicaragua (20) en El Salvador (34) el gobierno de Bukele ha emprendido una deriva autoritaria con medidas que socavan la independencia del poder judicial y con ataques públicos a organizaciones de las sociedad civil, activistas y periodistas independientes.
De manera similar, Guatemala (25) ha declinado 8 puntos en los últimos 10 años. Los éxitos en la lucha contra la corrupción e impunidad que logró la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) se desvanecieron. Estados Unidos sancionó a la Fiscalía General de la Nación por obstruir las investigaciones de casos de corrupción de alto impacto y promover la impunidad en el país. El Estado, particularmente el sistema de justicia ha sido cooptado por elites económicas y políticas, ciertos sectores del empresariado y el crimen organizado. Estos grupos se han apoderado del sistema judicial y han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción. También han promovido iniciativas como la “Ley de ONGs” que busca criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, activistas y la prensa libre que denuncia corrupción.
En Venezuela, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha reprimido a representantes de la oposición y a periodistas independientes. La corrupción a gran escala ha provocado violaciones de derechos sociales en ámbitos que van desde la educación hasta la salud. Además, el país ha tenido un fuerte descenso de posiciones en el IPC durante la última década, obteniendo su menor puntuación hasta el momento y una de las más bajas del mundo: 14.
Incluso Estados Unidos (67) y Canadá (74), las democracias que obtienen las mejores puntuaciones registran una caída en el índice. Por primera vez, Estados Unidos quedó fuera del grupo de 25 países que lideran el índice, en un contexto caracterizado por ataques constantes contra las elecciones libres y justas y la opacidad del sistema de financiamiento de campañas electorales. Canadá llegó a un mínimo histórico y muestra mayores niveles de soborno y corrupción en las actividades comerciales. Los Pandora Papers mostraron al país como un centro de flujos financieros ilícitos, que propicia la corrupción transnacional en la región y el resto del mundo.
En México no se ha avanzado nada este año pese a la retórica anticorrupción del presidente López Obrador. Destaca los grandes escándalos de corrupción que involucran a colaboradores del gobierno y las críticas por uso político y electoral de la fiscalía general.
Argentina es el país latinoamericano que más retrocede en 2021, perdió 4 puntos respecto a 2020, como resultado de la sensación de impunidad derivada de la injerencia política en la justicia y, sobre todo, de los escándalos relacionados con el proceso de vacunación.
Panamá ocupó la posición 105 con 36 puntos. Para el capítulo panameño de TI, el “estancamiento” de Panamá es el reflejo de situaciones vividas en 2021, como los ataques a la libertad de expresión e información, la falta de rendición de cuentas y los retrocesos en la institucionalidad democrática.
– ¿Qué recomendaciones existen para enfrentar esta situación [3]?
– Para cortar el círculo vicioso de la corrupción, la violación de los derechos humanos y el deterioro democrático, TI señala que la población debe hacer las siguientes demandas a sus gobiernos:
- Defender los derechos que hacen posible pedir cuentas al poder: Los gobiernos tienen que revocar todas las restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión, asociación y reunión introducidas desde el inicio de la pandemia. Asimismo, es prioritario que se haga justicia respecto a los asesinatos de defensores de los derechos humanos.
- Restituir y reforzar la supervisión del poder: Las instituciones públicas de supervisión, como los organismos anticorrupción y de auditoría, deben tener la independencia, financiación y autoridad necesarias para detectar y sancionar irregularidades. Los parlamentos y tribunales deben vigilar al poder ejecutivo para impedir cualquier extralimitación.
- Combatir la corrupción transnacional: Los gobiernos de las economías avanzadas deben corregir las fallas sistémicas que permiten que la corrupción transfronteriza pase desapercibida o quede impune. Hay que subsanar las lagunas legales, regular a los profesionales que facilitan el delito financiero y asegurar que los corruptos y sus cómplices no escapen de la justicia.
- Defender el derecho a la información sobre el gasto público: Dentro de las medidas de recuperación de la covid-19, los gobiernos deben cumplir el compromiso que asumieron en la declaración política de UNGASS, firmada en junio de 2021, de incluir garantías contra la corrupción en los procesos de contratación pública. Máxima transparencia en el gasto público conlleva a una rendición de cuentas efectiva que protege vidas y el bienestar de la población.
[1] 2021 Corruptions Perceptions Index – Explore the… – Transparency.org
[2] httpss://images.transparencycdn.org/images/ES-Americas-Regional-Analysis.pdf
[3] httpss://www.transparency.org/es/news/cpi-2021-highlights-insights
