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El derecho y los ciudadanos

Loreto González PQNPor Loreto González.

Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

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Seguramente muchos de nosotros asentiremos con la cabeza al reconocer que no conocíamos términos como prescripción, rescisión, mera tenencia, abigeato, entre muchos otros, antes de vincularnos con el mundo del Derecho, primeramente en nuestros estudios y después, más generalmente, como operadores del mismo. Ello nos conduce a formularnos una serie de interrogantes que, en parte, serán abordadas en esta columna.

Con ocasión de la última evaluación hecha al gobierno por la encuesta Adimark, en abril del presente año, se identifica que 70% de los encuestados declara que sí sabe o ha oído hablar del proceso constituyente que aquél está organizando. Asimismo, 64% de ellos está interesado en el proceso, cifra que orgullosamente destaca a jóvenes no mayores de 24 años.

En ese contexto, claramente la necesidad de acercar el Derecho a la ciudadanía y a las personas, en general, se hace cada vez más latente si tenemos en cuenta la existencia de un proceso constituyente que se está gestando actualmente en nuestro país. Si bien existen conceptos que para nosotros resultan excesivamente familiares y hablar de nación, soberanía, derechos fundamentales, entre otros, son conceptos que se nos aparecen en nuestra cotidianeidad como usuarios y operadores del Derecho, pueden provocar exclusión de este tipo de procesos entre quienes no son parte del mundo jurídico por el lamentable desconocimiento de términos o por tener la creencia de que corresponde a un mundo que les es demasiado ajeno. Es así, entonces, como se vuelve urgente para nosotros el poder aportar en este conocimiento de nociones jurídicas desde el Derecho hacia los ciudadanos.

La ausencia, por ejemplo, de clases de educación cívica en nuestro país revela un problema importante: ¿podríamos plantearnos realizar un proceso constituyente e incentivar a participar a los ciudadanos si al discutir del Derecho, que nos obliga a todos, no habrá un desequilibrio de conocimiento o de manejo de conceptos? Una opción sería aceptar, sin más, dicho obstáculo y no arribar a un proceso que pueda calificarse de abierto. Así, una solución expedita sería entregar la tarea a los intelectuales de manejar algo que quizá el pueblo desconoce, pues ellos lo solucionarían de mejor manera con su experticia, pero ¿es ésa la solución que buscamos?, ¿queremos un proceso constituyente con una democracia que resulte beneficiosa solamente por su tecnicismo? Pues no. Una verdadera democracia considera a todos los ciudadanos como participantes activos en su construcción, desarrollo y resguardo.

Aquí radica nuestra importancia como usuarios directos del Derecho, como también nuestra incidencia en un proceso de democratización del lenguaje jurídico y del derecho en general. Ello constituye una labor enorme si consideramos que buscamos congregar una voluntad general que sea compartida, que debemos discutir cada elemento que se requiera para levantar una voluntad constituyente común, y es menester que podamos manejar conceptos comunes para estar en términos mínimos de igualdad de discusión.

Hoy se abre un llamado en el mismo sentido: poder convocar a todos a participar de las decisiones políticas y, junto con ello, educar a la población para que pueda hacerlo con voluntad genuina y propia.

¿Cuáles serían finalmente los agentes para aportar en esta tarea? En primer lugar, un currículo de educación que contemple las herramientas para que un ciudadano maneje conceptos básicos; lo que constituye un proyecto a largo plazo, que ya ha sido propuesto en varias instancias.

En segundo lugar, las más efectivas y actualmente necesarias medidas a mí juicio: que nosotros como operadores jurídicos, incluso siendo estudiantes, podamos aportar al debate y a la enseñanza del derecho a la comunidad. Es así como las iniciativas estudiantiles en las universidades que giran en torno a la apertura de las discusiones, comenzando por una explicación básica de elementos esenciales de nuestra institucionalidad política, son esenciales y valorables. Centros de estudiantes, federaciones e, incluso, centros de estudios, hacen una tarea indispensable en el aporte a la discusión, pero con una salvedad: discutir entre abogados sólo fortalecerá una muralla ya existente entre quienes no conocen y, por ende, no participan, y quienes accedemos al estudio para prepararnos hacia la discusión.

Todo lo anterior no sólo por la exigencia a propósito del proceso constituyente, sino respecto de todas las circunstancias en que la ignorancia puede perjudicar a procesos sociales. El Derecho engloba elementos que pueden ser muy complejos, que pueden provocar más rechazo en la ciudadanía que seguridad. Es por ello menester que se puedan entregar las herramientas a la ciudadanía para que aquello que les parece carente de sentido, adquiera alguno que podamos debatir democráticamente y en igualdad de condiciones.