Por Christian Vidal Beros, director general de LWYR.
Es Licenciado en Derecho y Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó el Magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello y de Taller de Análisis Jurídico de la Universidad Diego Portales. Ha publicado diversos artículos en Revistas Jurídicas sobre temas de Derechos Fundamentales.
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El Ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, acaba de anunciar la presentación de una querella en contra del autodenominado pastor evangélico Javier Soto, por los constantes ataques en contra de dirigentes de la ONG de apoyo y promoción a la diversidad sexual y, particularmente, por el que afectó al diputado Claudio Arriagada, primer parlamentario que admite ser gay.
En palabras del Ministro vocero, la acción presentada en la Fiscalía Centro Norte obedece a que “en un país democrático debemos velar por el respeto irrestricto a la diversidad”. En efecto, el atentado en contra del diputado Arriagada es la culminación (esperemos) de una serie de agresiones, hostigamiento y persecución del líder religioso en contra de dirigentes, parlamentarios, ministros –el propio Elizalde y la Ministra Rincón siguen en la lista– y de todo aquel que defienda la promulgación de una ley que regule las relaciones afectivas y patrimoniales entre personas del mismo sexo.
Soto, por su parte, se va quedando solo. Además de no contar con el apoyo de la Iglesia Evangélica –la que ha variado desde tibios reconocimientos hasta la negación y desconocimiento del mismo–, que ha optado por no prestar piso a las “intervenciones” del predicador, legislativamente el AVP (hoy PUC) va encaminado a convertirse en ley, habiendo pasado a tercer trámite constitucional y regresando al Senado, luego de las indicaciones de la Cámara de Diputados.
Indudablemente, el fanatismo del pastor evangélico no tiene respaldo legal. La libertad de conciencia, el ejercicio libre de todos los cultos y la libertad de expresión tienen como límite los derechos de las personas y, frente a un conflicto, el juez deberá ponderar (y no simplemente jerarquizar derechos) caso a caso. En el que nos ocupa, ciertamente existe un abuso del Derecho en desmedro de la honra, vida privada, seguridad individual, libertad de desplazamiento e integridad física y síquica de todo aquel que es víctima del predicador.
¿Por qué hablo de fanatismo? Porque justamente las distintas formas de fanatismo –religioso, político, racial o deportivo–, han llevado a tremendos desastres en la historia no sólo política, sino que también de atentados a los Derechos Humanos. No hay que realizar un ejercicio muy complicado para comparar (guardando las proporciones) la acción de intolerancia de Soto con el atentado sufrido por la revista francesa Charlie Hebdo hace algunos días. Matanzas como la francesa, las ejecuciones de periodistas por parte del ejército islámico, las matanzas de niños palestinos en la franja de Gaza y tantas otras muestras de odio e intolerancia pueden comenzar como una simple prédica y de una persona aislada que va ganando adeptos poco a poco.
La justicia francesa ha decidido actuar y, por medio de la ministra del ramo, Christine Taubira, ha abierto más de 100 denuncias sobre apología del terrorismo, derivadas de los hechos ocurridos hace semanas y que incluyen detenciones y arrestos de sospechosos. Según la abogada francesa, deben primar los valores de la República, como la tolerancia y el respeto a los Derechos Humanos. Es decir, no podemos disfrazar de libertad de expresión atentados en contra de la dignidad humana.
En nuestro país se encuentra en tramitación un proyecto de ley en el Senado, presentado por la senadora Lily Pérez, y que tipifica como delito la incitación al odio racial y religioso –entre otros–, modificando normas del Código Penal y de la Ley 19.733 sobre Libertad de Opinión e información y ejercicio del periodismo (Boletín N° 7130-07). El proyecto es una respuesta al racismo, clasismo, sexismo y todo tipo de discriminaciones presentes en nuestra sociedad y que, como bien sabemos, no se solucionarán con una ley. Efectivamente, en el propio debate que aprobó en el año 2013 la idea de legislar, los parlamentarios señalaron la importancia de la educación en la tarea de hacer de Chile un país más tolerante, inclusivo y plural.
Esperemos que el proyecto dote a los tribunales de la facultad de apreciar la prueba en conciencia y ponderar derechos, y no realice un amarre legislativo como lo ocurrido con la ley antidiscriminación, que permite al acusado excusarse y refugiarse en argumentos rebuscados de ejercicio legítimo de un derecho, para justificar la conducta discriminatoria.
La tarea no es menor y el autodenominado pastor evangélico es solamente la punta del iceberg de una sociedad tremendamente temerosa a lo diverso, intolerante y prejuiciosa, y donde incluso los parlamentarios tienen tribuna y fuero para denostar y humillar públicamente –sin argumentos, basados en la caricatura y el prejuicio–, a miembros de la comunidad que se ven todos los días amenazados, ninguneados y humillados en las portadas del diario o a la salida de sus casas.
