Por Bárbara Matamala Labarca
Abogado de la Universidad de Chile, con estudios de Magíster en Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como abogado del sector público y privado en Chile y como consultora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a nivel internacional. Actualmente trabaja en una ONG que aboga por los derechos de las víctimas de delitos, en la ciudad de Washington D.C, donde reside desde hace casi dos años.
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El 16 de enero de 2013, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio a conocer la Propuesta sobre Control de Armas, que se venía anunciando luego de la tragedia ocurrida en Newtown, Connecticut, en diciembre pasado.
Esta propuesta distingue acciones legislativas y ejecutivas.
Las primeras, que se refieren a proyectos de ley que el Congreso debe aprobar, incluyen medidas tales como requerir revisión de información criminal en las ventas de armas; restablecer y fortalecer la prohibición de armas de asalto; limitar la carga de municiones de las armas y otorgar financiamiento para entrenamiento y mayor cantidad de policías en las calles, para ayudar a los colegios a desarrollar planes de emergencia y para expandir planes de salud mental para gente joven.
Las segundas, que se refieren a directrices presidenciales dirigidas a las agencias de gobierno, incluyen, entre otras, medidas de intercambio de información para la validación de identidad de compradores de armas; campañas de propiedad responsable de armas e incentivos y mejoras al sistema de salud mental.
Estas acciones han despertado opiniones diversas en la ciudadanía. El escenario a enfrentar es bastante complejo. Así, tenemos por un lado, la realidad de un país que desde sus orígenes ha contemplado y permitido el uso de armas por parte de los ciudadanos comunes, y por otro, una nueva realidad de tragedias y masacres reiteradas que urge por mayores regulaciones y controles en tal uso de armas.
Lo anterior se ha traducido básicamente en la existencia de dos bloques. Los que reconocen la necesidad de regular las normas y medidas actuales sobre posesión de armas y que apoyan la agenda de Obama en ese sentido y los que se oponen abiertamente a tal posibilidad. Éstos, son los que tradicionalmente han rechazado cualquier medida o ley que pretenda restringir el derecho de posesión de armas.
Su argumento, se basa en el derecho individual a poseer armas, consagrado en la Segunda Enmienda Americana.[1] Asimismo, invocan la Novena Enmienda, que señala que ninguna ley puede violar derechos de los ciudadanos previamente reconocidos, como ocurre con el derecho a poseer armas. Junto con esto, argumentan que son otras las medidas que pudiesen atenuar, prevenir o evitar los tiroteos y tragedias, las cuales no van por el lado de la restricción del derecho mencionado. Lo que está claro, es que a la fecha, la discusión jurídica no está zanjada. Son muchas las leyes federales y estatales que sí regulan este derecho sin vulnerarlo.
En concreto, estos opositores actúan de diversas formas para lograr sus objetivos. Una de ellas es a través del lobby, para impedir que los proyectos de ley ingresados al Congreso americano se conviertan en leyes. La National Rifle Association (NRA) es una de las organizaciones que ejerce un fuerte lobby y presión en este sentido. Otra forma es a través de los litigios judiciales. Con esto se busca que las Cortes reconozcan en los casos particulares, el derecho de posesión de armas, y desvirtúen así, las leyes federales o estatales, según sea el caso.
Ahora bien, la discusión va más allá de lo jurídico, político y económico. Es un tema cultural. Una costumbre de siglos que se ve cuestionada. Y es tan así, que incluso los que apoyan las medidas de Obama, y están a favor de un mayor control en el porte y posesión de armas, no contemplan, y ni siquiera se imaginan una prohibición absoluta de armas o a una restricción mayor, como sí ocurre en otros países. Muy por el contrario, se refieren a regular la cantidad de municiones o el tipo de armas a usar o a mejorar las verificaciones de identidad de los compradores y usuarios de armas. En este contexto la discusión se mantiene y mientras ya se ha iniciado la tramitación de algunas medidas en el Senado de los Estados Unidos, la imagen del ¨cowboy” desenfundando una pistola, continúa presente en la sangre del pueblo americano.
