Por Cecilia Ortega Azócar.
Abogada por la Universidad Andrés Bello. Diplomada en Derechos Humanos y Diversidad por la Universidad Central de Chile. Abogada de la Red Abogadas Chile. Profesora de la Universidad Católica Silva Henríquez. Codirectora de la comisión LBTI+ de ABOFEM.
A pesar de que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, en muchos países se siguen realizando prácticas inhumanas con el fin de “curar” o “corregir”.
La violencia a la diversidad sexual y de género no es nada nuevo, pero aun así no hemos avanzado en erradicarla. En particular, en Chile tenemos zonas denominadas como rojas, debido a los altos índices de violencia para personas LGBTIQ+. Vemos que abundan las familias, sobre todo amigos u organizaciones de la sociedad civil, clamando justicia y visibilizando la orientación sexual, identidad o expresión de género de aquellas víctimas, aludiendo a que éste es el motivo central de los ataques.
En el caso particular de las lesbianas, somos testigos, aunque algunos pocos, debido a la poca cobertura que le dan los medios de comunicación a estos casos, de la gran cantidad de ataques sufridos. En particular la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, en su estudio Ser lesbiana en Chile 2018, con la respuesta válida de alrededor de 400 mujeres lesbianas y bisexuales, indicó que más del 75% de las encuestadas declaró haber sido violentada por su orientación sexual, ya sea física o psicológicamente.
El asumir que la heterosexualidad es la regla, en relación con una sociedad patriarcal, son una breve descripción del fundamento de estos ataques, llegando algunos a la violación, práctica que realizan hombres, habitualmente vinculados al círculo más próximo de la víctima -de su familia o su comunidad-, que pretende castigar el lesbianismo a través de la violencia sexual. Lo anterior es una violación correctiva.
Este tipo de violaciones es un problema a nivel global. En varios países de América Latina se han denunciado estas prácticas. En Ecuador encontramos el caso de las clínicas de “deshomosexualización” a cargo de extremistas religiosos; en Perú comenzaron a proliferar casos, algunos datan del 2005, lamentablemente no documentados, ya que no es usual la denuncia, pero esto fue corroborado por organizaciones y activistas con 25 años de experiencia; y en Argentina encontramos el horrible caso de “Higui”, quien pasó 7 meses encarcelada por matar a uno de los hombres que quiso violarla para “curarla”, en el año 2017.
En Chile. actualmente no existe la violación correctiva como categoría jurídica. No tenemos legislación alguna o política pública que visibilice esta realidad tan dura, no encontrándose preparado nuestro aparataje estatal y de justicia para el tratamiento de este tipo de crímenes, que no son solo un delito sexual, sino que tienen como fondo un crimen de odio.
En razón de lo anterior, en abril de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a proteger los derechos humanos de las mujeres lesbianas contra las prácticas que intentan modificar su orientación sexual, esto en el marco de la conmemoración del día de la visibilidad lésbica en varios países. El llamado a los Estados fue a prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres lesbianas desde una perspectiva interseccional, atendiendo sus obligaciones internacionales derivadas de los instrumentos jurídicos interamericanos, incluyendo la Convención de Belém do Pará, los principios de debida diligencia reforzada, igualdad y no discriminación.
Hoy, como Estado, tenemos que apuntar a eliminar estas prácticas y proteger realmente a las víctimas, con políticas públicas enfocadas no en cualquier tipo de violencia, sino que, con la especialidad necesaria, con profesionales y organizaciones que se especialicen en la diversidad sexual y de género, pero sin olvidar que la legislación y la sanción también deben ocuparse de la especialidad de este tipo de violencia.
