Por Juan Diz García
Abogado. Administrador Concursal. Contador-Partidor
Juan Diz es Director General de la firma jurídica alegatio* abogados, con matriz en Madrid y que cuenta con despachos colaboradores en diferentes ciudades españolas, así como europeas y con especial presencia en América Latina. Es el responsable del área de Derecho Mercantil y concursal, así como dirige el taller jurídico de dicha firma y área de marketing jurídico.
Asimismo es socio director de la firma CONCURSALEX, centrada en el ámbito de la Administración Concursal y en la recuperación y reestructuración empresarial.
Paralelamente a estos cargos desarrolla tareas docentes en diferentes escuelas de práctica jurídica, especialmente en el área del derecho concursal y marketing jurídico.
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Lamento profundamente tener que escribir estas líneas pero la inaceptable situación me obliga y más en estos tiempos en los que no podemos cruzarnos de brazos. No basta con la denuncia, pero debemos empezar con ella. En los últimos tiempos (ya no alcanzo a recordar desde cuándo) la calidad jurídica de nuestros legisladores sufre un deterioro importante y en la actualidad está alcanzando las más altas cotas de ineficacia e injusticia que jamás he conocido en el ordenamiento jurídico español (con un gobierno “democrático”).
La urgencia apremiada incluso desde la comunidad europea a cambiar “en serio” nuestra legislación hipotecaria, (que tanto daño está haciendo aquí a tantas familias); una reforma penal que amenaza a devolvernos a tiempos que queríamos borrar de nuestra memoria entre otros ejemplos, pero sobre todo la reciente ley de tasas judiciales nos sitúan ante un momento de gran conflictividad social y enfrentamiento abierto de la ciudadanía contra sus gobernantes, llegando incluso a que todos los segmentos del mundo judicial -abogados, procuradores, jueces, secretarios judiciales y fiscales-, hayan clamado contra la ley de tasas.
Más de un 80% de los españoles, según un reciente sondeo de urgencia presentado por el Consejo General de la Abogacía Española, está en contra del pago de tasas para acceder a la justicia (algo que antes sólo afectaba a empresas de gran facturación y que ahora se hace extensivo a todos, personas físicas y jurídicas, obligando a abonar unas elevadísimas tasas para poder presentar una reclamación judicial o recurrirlas); y no sólo por el hecho en sí sino por elevado coste que conlleva, lo que hace que en muchos, demasiados casos haga inasumible para el ciudadano medio hacer valer su derecho a la tutela judicial efectiva.
Esto nos sitúa ante una justicia “sólo para ricos”, que afecta a mi parecer y al de la gran mayoría, los Derechos Fundamentales y que ha despertado un clamor popular al que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no sólo permanece impasible sino que le ha servido para mostrar un evidente desprecio al parecer no sólo de la población sino de todos los profesionales del sector (pues por primera vez en la historia todos estos colectivos han mostrado una voz unánime).
Lo anterior, resulta difícil de entender en un gobierno presuntamente democrático, provocando a mí entender una difícilmente reparable quiebra del estado social y en consecuencia menoscaba uno de los pilares de nuestra Carta Magna: El derecho a la defensa y acceso a la Justicia. Lo comentado, me hace concebir esperanzas de que finalmente el Tribunal Constitucional termine por anular este despropósito, siempre y cuando prevalezca lo jurídico sobre lo político.
Importantes voces del mundo jurídico español se han manifestado abiertamente en contra, desde el Fiscal General de Estado, Eduardo Torres-Dulce, o Fernando Grande-Marlasca, magistrado de la Audiencia Nacional e incluso voces importantes del propio partido del gobierno, como Alberto Nuñez-Feijóo, por no hablar de los medios de comunicación con más repercusión como el diario “El País”, “El Mundo” o “Abc” y líderes políticos de diversos partidos, sindicatos, organizaciones y colegios profesionales.
Cuando el ejercicio de un derecho y de un derecho tan esencial como el de la tutela judicial efectiva se hace inasumible para el ciudadano, cuando recurrir una multa de 100 euros conlleva un coste de 200 euros o absurdos similares, y cuando en definitiva lo único que se pretende es recaudar por un lado y desatacar los juzgados a base de disuadir al ciudadano para el ejercicio de sus derechos no podemos hablar sino de una deriva inasumible que nos obliga a reaccionar. Veremos cómo.
