Por María Trinidad Morán Herrera.
Abogada por la Universidad Adolfo Ibáñez. Máster en derecho digital y nuevas tecnologías por la Universidad Salamanca, España. Actualmente es legal counsel en temas de tecnología y privacidad para estudios jurídicos y empresas. Co fundadora de Visa And Go.
Para nadie es desconocido como el avance de las nuevas tecnologías ha ido cambiando nuestras vidas para siempre. Han transcurrido un poco más de dos años desde la pandemia más terrible de los últimos 100 años, donde nuestras vidas se han digitalizado casi por completo. La importancia de internet en el mundo nunca había sido mayor. Palabras como teletrabajo, educación on line, brecha digital, redes sociales, e-commerce, son parte de nuestro léxico en forma diaria. El confinamiento causado por el COVID-19 y los cambios de hábitos con relación al consumo, trabajo, estudios y relaciones interpersonales se enfocaron en un solo lugar: la red.
Según el informe Digital 2022 [1] realizado por We Are Social y Hootsuite, muestra que el crecimiento de los usuarios de las redes sociales continúa con una tendencia al alza. Ahora hay 4,620 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, lo que representa un crecimiento interanual de más del 10% (424 millones de nuevos usuarios) desde el año pasado. El número de usuarios de las redes sociales ahora equivale a más del 58% de la población total del mundo. Sumado a lo anteriormente expuesto, los datos que nos entrega el citado informe señalan que, en promedio, los usuarios de internet en el mundo pasan un total de 6 horas y 54 minutos conectados a la red cada día.
Cada vez, son más los países del mundo que han incorporado en sus legislaciones, nuevas normativas sobre estas materias, especialmente en lo relativo a la protección de datos personales. Lo anterior, por lógica, debiera otorgar, nuevas garantías para los ciudadanos en defensa frente a personas, empresas, gobiernos y grupos de interés, que puedan amenazar estos derechos.
Hoy la información sobre este tipo de riesgos está en todas partes: paper, redes sociales, documentales y por supuesto en la red. Según datos de Eurostat [2] uno de cada cuatro ciudadanos de la Unión Europea de entre 16 y 74 años afirmó haber evitado proporcionar información personal en redes sociales o profesionales en 2019 por motivos de seguridad.
Sin embargo, algo está pasando en relación con la concientización sobre una adecuada cultura de protección de datos personales. Existen algunos estudios que señalan que, a mayor nivel de educación, mayor es el nivel de preocupación y cuidado sobre el tratamiento de los datos personales, según lo señala el informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) [3], adscrito a Red.es, y que se basa en el análisis de los datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España.
En este informe, se señala que los estudiantes y la población con mayor nivel educativo son los segmentos poblacionales que más utilizan las opciones disponibles en Internet en cuanto a privacidad y protección de datos personales. Según el informe, hay 25 puntos porcentuales de diferencia entre la población con nivel educativo alto y nivel educativo bajo, a la hora de realizar acciones como restringir el acceso a la ubicación geográfica, limitar accesos al utilizar redes sociales, o denegar permisos de información personal con fines publicitarios.
En cuanto a la situación laboral, se observa un patrón de comportamiento más comprometido con la seguridad, entre los estudiantes y la población ocupada, aunque es la población desempleada la que muestra un mayor nivel de responsabilidad a la hora de leer la política de privacidad.
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Nuestros datos no son importantes?, ¿los beneficios que trae la tecnología opacan sus desventajas? ¿Se trata de un problema de una deficiente legislación o de una escasa cultura en materia de protección de datos?
Por lo pronto, los estudios nos muestran otra gran brecha, además de la digital, ya no se trata solo del acceso a internet, sino que también de una brecha social que está marcada por el nivel socio cultural de la población, lo que, a nuestro juicio, trae aparejada una nueva desigualdad en materia de protección de datos. Es por ello por lo que cada día resulta más necesario tomar consciencia sobre la manera en qué debemos proteger nuestros datos, así como el tratamiento que se les debe dar a los mismos por parte de terceros. No se trata solamente de cambios jurídicos y nuevas regulaciones, sino que de un nuevo cambio social y cultural.
[1] httpss://wearesocial.com/es/blog/2022/01/digital-report-2022-el-informe-sobre-las-tendencias-digitales-redes-sociales-y-mobile/
[2]httpss://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product//asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/EDN-20201013-1. El mayor porcentaje de personas que no realizaron determinadas actividades en Internet por razones de seguridad se registró en Francia (40%), seguido de cerca por los Países Bajos (39%), Finlandia (37%) y Eslovaquia y Suecia (ambos con un 36%). En cambio, un porcentaje menor de la población se había abstenido de proporcionar esa información en Lituania (6%), Bulgaria y Hungría (ambos con un 8%) y Croacia y Rumania (ambos con un 9%). En España, el porcentaje de ciudadanos que aseguraron haber evitado compartir información personal en redes sociales por considerar que existían riesgos de seguridad era del 34%.
[3]httpss://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-05/perfilsociodemograficointernautasdatosine2020_2.pdf
