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“El Derecho público es una de las herramientas emancipatorias más poderosas”

Así lo afirma Luis Arroyo Jiménez, jurista y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien agrega que merece la pena continuar mejorándolo para incrementar la intensidad y la extensión de la transformación que estamos viviendo como sociedad globalizada.   

 

Por Christian Vidal Beros, director general de LWYR.

Edición: Miguel Ángel Cruz, director editorial de LWYR

Imágenes: Universidad de Castilla-La Mancha

 

Desde hace varios años es titular de la cátedra Jean Monnet sobre Derecho Administrativo Europeo y Global que imparte la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y este año participará nuevamente como parte del cuerpo académico de los cursos de postgrado que impartirá la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa casa de estudios, los que en 2019 cumplirán su versión número XIX.

Se trata de Luis Arroyo Jiménez, un abogado español con un nutrido currículo profesional, donde destaca un Máster en Derecho comunitario (2000) y Doctor en Derecho (2003) con premio extraordinario en la UCLM. También fue Letrado del Tribunal Constitucional (2008-2011), y ha sido investigador y profesor invitado en varias universidades extranjeras (Bochum, Colonia, Oxford, Lisboa, Georgetown).

Sus publicaciones abordan temas de Derecho administrativo, constitucional y europeo, siendo sus libros más recientes “Empatía constitucional” (Marcial Pons, 2016), “La administración de la escasez” (L. Arroyo, D. Utrilla dirs., Marcial Pons, 2015) y “Autorregulación y sanciones” (L. Arroyo y A. Nieto, dirs., Aranzadi 2015).

En la actualidad su investigación se centra en la adjudicación administrativa de recursos escasos y en la competencia entre regulaciones, desde donde analiza la interrelación que se da entre los distintos Estados miembros de la Comunidad Europea.

– ¿Cómo nace su interés por el Derecho y en particular por el Derecho Público?

– Estudiando en la universidad uno aprende que el Derecho es uno de los instrumentos con los que contamos a la hora de organizar nuestra vida en común, de una manera más eficiente y más justa. Analizar su funcionamiento es importante para que los ciudadanos anticipemos, bien qué podemos hacer con ese instrumento, o bien de qué maneras podemos padecer el uso que otros hagan de él.

El Derecho ha sido y en cierta medida continúa siendo un instrumento de dominación de unos sobre otros. Pero, al menos en el marco de sociedades liberales y abiertas, el Derecho también permite remover gradualmente los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.

En cuanto instrumento de ordenación de la acción colectiva a través del Estado, el Derecho público es un mecanismo efectivo de producción de libertad y de igualdad. Hace cuarenta años los trabajadores españoles no podían organizar una huelga, hace treinta las mujeres no podían decidir sobre la interrupción de su embarazo y hace diez las personas homosexuales no podían casarse. La experiencia histórica de las últimas décadas permite demostrar empíricamente que el Derecho público es una de las herramientas emancipatorias más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Merece la pena continuar mejorándolo para incrementar la intensidad y la extensión de la transformación que estamos viviendo.

– ¿Qué significa ser titular de la cátedra Jean Monnet sobre Derecho Administrativo Europeo y Global?

– Las cátedras Jean Monnet son proyectos competitivos financiados por la Unión Europea, que contribuyen al desarrollo de actividades de docencia e investigación en relación con los estudios europeos, al tiempo que fomentan el debate entre ciudadanos, organizaciones sociales y responsables públicos sobre asuntos relevantes del proceso de integración.

Cada cátedra se centra en un ámbito concreto. En mi caso lo hace en el régimen que disciplina la ejecución del Derecho de la Unión Europea y que corresponde simultáneamente a las autoridades de la Unión, especialmente la Comisión Europea y sus decenas de agencias administrativas, y las autoridades de los Estados miembros, cuyas administraciones públicas son utilizadas instrumentalmente para la ejecución del Derecho producido por las instituciones europeas. El Derecho administrativo europeo es, por lo tanto, Derecho de la Unión Europea y Derecho de los Estados miembros.

Además de estas cuestiones, en nuestra cátedra también nos centramos en las relaciones entre ese Derecho y el que ha venido a llamarse Derecho administrativo global. Se trata de un conjunto heterogéneo y fragmentado de disposiciones, tanto de hard como de soft law, que ordenan el ejercicio más allá del Estado de funciones que tradicionalmente se vienen considerando públicas por estar vinculadas a la satisfacción del interés general: producir normas, ejecutarlas y resolver controversias.

Entre el Derecho administrativo europeo y el Derecho administrativo global hay una fuerte conexión: no es sólo que la Unión Europea sea uno de los agentes más relevantes en cuanto a la configuración del segundo, sino que, además, los procesos que observamos en el desarrollo del Derecho global tienen un impacto considerable sobre la configuración interna del Derecho administrativo europeo. Valga como ejemplo el de los mercados financieros: por un lado, las instituciones y agencias europeas contribuyen, junto con algunos Estados miembros y otros Estados y organizaciones internacionales, a producir estándares en el marco de redes transnacionales de reguladores; por otro lado, y al mismo tiempo, esos estándares se incorporan de maneras diferentes al Derecho europeo de los mercados financieros y, a través suyo, al Derecho de todos los Estados miembros de la Unión.

En definitiva, las instituciones y agencias europeas intervienen como sujetos intermediarios (“in-betweeners”) en los procesos de comunicación entre los viejos Estados nacionales europeos y la constelación de sujetos públicos, privados e híbridos que están conformando la sociedad en la que ahora mismo vivimos.

Grupo de alumnos participante en los cursos de postgrado de la UCLM.

– Usted forma parte del cuerpo Académico de la Facultad de Derecho de la UCLM. ¿Cuál ha sido la experiencia con alumnos de América Latina en los cursos de postgrado, que para el 2019 cumplirán su versión número XIX?

– Los cursos de postgrado en Derecho son la ventana a través de la cual la Universidad de Castilla-La Mancha se asoma a América. Son el medio que hace posible el conocimiento recíproco y el establecimiento de relaciones personales, académicas y emocionales entre los que habitamos eso que Carlos Fuentes llamó en Cartagena de Indias, en 2007, el “territorio de La Mancha”. Se trata de ese espacio común al que accedemos como ciudadanos de la lengua española que es “el territorio de La Mancha. Mancha manchega que convierte el Atlántico en puente, no en abismo. Mancha manchada de pueblos mestizos. Luminosa sombra incluyente. Nombre de una lengua e imaginación compartidas. Territorios de La Mancha, el más grande país del mundo, puesto que en él convergen todas las cosmovisiones de la imaginación, todos los espacios de la fantasía, toda la cartografía del espíritu”.

Los datos de estudiantes procedentes de América, que han cursado estos cursos durante las dos últimas décadas, son sencillamente asombrosos. Pero ningún número es capaz de expresar el milagro que se obra en Toledo durante los meses de enero y febrero, cuando ese territorio emocional compartido se hace real, de carne y piedra, podríamos decir.

– En relación con la academia y la masificación universitaria, ¿existe preocupación en España por la cantidad de Facultades de Derecho, porque -al igual que en Chile- muchas de ellas carecen de la calidad necesaria para formar abogados?

– La ANECA es la agencia española que acredita las titulaciones oficiales y a la que corresponde la importante función de no dejar entrar en el sistema a los centros que no superan unos estándares mínimos de calidad. Para ofrecer estudios de Derecho, o cualquier título oficial, es necesario obtener una acreditación previa de este organismo.

El fenómeno de la ampliación del número de centros universitarios se ha desarrollado en España como un ejemplo típico de apertura a la competencia y reducción de barreras de entrada: a las organizaciones ya establecidas no les gusta competir y los nuevos entrantes se quejan de la inercia de las estructuras existentes.

Por lo demás, las universidades públicas españolas son muy homogéneas, en el sentido de que es difícil advertir verdaderas diferencias de calidad en la educación que proporcionan a sus estudiantes. El número de sexenios reconocido al profesorado -la medida de la calidad de nuestra investigación- es en términos relativos muy parecido en las universidades grandes y pequeñas, o en las universidades antiguas y modernas. Por el contrario, los números de las universidades privadas son claramente peores.

– A propósito de los cursos de postgrado, usted es coordinador de la especialización en Derecho Público global. ¿Puede precisar este concepto que -particularmente en Chile- no es muy conocido?

– El Derecho que hemos heredado es una criatura del Estado. Esta propiedad es reflejo de la configuración del propio sistema jurídico, que se ha comprendido como una realidad normativa típicamente generada por el Estado o por las instituciones que de éste derivan. Las normas que lo integran tienen su origen, fundamentalmente, en la actuación de los poderes públicos y su aplicabilidad queda circunscrita por los elementos que constriñen la propia soberanía.

Lo mismo puede decirse, en particular, del Derecho internacional clásico: su origen se encuentra en la actuación del Estado y su objeto está configurado por las relaciones entre los Estados y las Organizaciones Internacionales. Sin embargo, esta imagen ya no permite explicar la realidad contemporánea. En la actualidad, el Derecho tiende a emanciparse de manera creciente de las estructuras estatales, como consecuencia de su apertura a la globalización y a las transformaciones que ésta produce.

Este curso de postgrado tiene por objeto el Derecho público que se produce y aplica más allá del Estado, en lo que ha dado en llamarse espacio jurídico global. En él se analizan los fundamentos y principios sobre los cuales se pretende su racionalización (democracia, transparencia, rendición de cuentas, etc.). También se estudian los sujetos cuya actuación se desarrolla más allá del Estado, entre los que se pueden encontrar algunos bien conocidos para el Derecho público (las organizaciones internacionales y los propios Estados) y otros no tanto (sujetos híbridos, redes de reguladores, empresas multinacionales, etc.).

Prestamos una atención especial a la transformación del régimen jurídico aplicable a algunas funciones clásicas del Estado (como la producción y aplicación de normas, la regulación económica, la exacción de tributos o la imposición de castigos), así como a los escenarios más relevantes en los que se están desarrollando estos procesos de transformación (como los mercados financieros, la seguridad alimentaria o internet).

El programa también comprende, en fin, el estudio de los sujetos encargados de resolver controversias en el espacio jurídico global (los tribunales internacionales, el arbitraje internacional de inversiones, los tribunales administrativos de organismos internacionales, etc.).

La participación en conferencias especializadas también es parte de las actividades de extensión académica del profesor Luis Arroyo.

– Sobre el Derecho Público global o “cosmopolita”, ¿qué aspectos cree que puedan faltar para una verdadera integración jurídica comunitaria en Europa?

– En Europa tenemos retos existenciales, tanto a corto como a medio plazo. Entre los primeros destaca la crisis migratoria, que es ante todo una crisis de los valores sobre los que se sustenta la Unión: los derechos humanos, la solidaridad y la dignidad humana. Estrechamente relacionada con ella encontramos la extensión del populismo de derechas, que asola buena parte de los Estados miembros de la Unión: Alemania, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, etc. Merece la pena destacar que, afortunadamente, ni en Portugal ni en España hemos sufrido la vergonzosa amenaza de los partidos xenófobos.

Junto a estos retos encontramos otros a más largo plazo, pero de no menor calado. Uno es el de la moneda común y, en general, de la estructura de gobernanza económica. El sistema que tenemos es un gigantesco mecanismo de redistribución en el que la rendición de cuentas y los mecanismos de control democráticos de los ciudadanos europeos no son capaces de dotar al sistema de la necesaria legitimidad democrática. Y otro, menos acuciante pero aun así capital, es el de la regulación de la definición y la ejecución de las políticas europeas, es decir, el problema del Derecho administrativo europeo: el que hemos heredado era adecuado para una Unión con competencias relativamente limitadas; pero para una organización que tiene que controlar fronteras, gestionar una moneda común, autorizar medicamentos y organismos modificados genéticamente, así como proteger la libre competencia en todo el territorio, necesitamos un Derecho administrativo modernizado.

– Finalmente, ¿por qué aconsejaría a un abogado chileno a pasar tres semanas en Toledo asistiendo a los cursos de Postgrado en la UCLM?

– La dirección académica de los programas se encarga de que en todos ellos se aborden temas de interés y actualidad, así como de que el profesorado alcance los mayores niveles de excelencia. Buena prueba de ello es que los mismos estudiantes que participan en una edición vuelven a matricularse en la siguiente, ya sea del mismo programa o de otro que resulte de su interés. Pero lo más interesante es, a mi juicio, que los cursos de postgrado representan una oportunidad inmejorable para que juristas procedentes de numerosos países de América intercambien conocimientos y experiencias que contribuyen a enriquecernos a todos como juristas y como personas.

 

FICHA TÉCNICA

Nombre completo: Luis Arroyo Jiménez.

Universidad donde estudió: Estudié la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, amplié estudios en las Universidades de Bochum y Colonia, ambas en Alemania, e hice mi Doctorado en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Un profesor/a que recuerde: Luis Ortega Álvarez fue mi profesor de Derecho administrativo en la Licenciatura y más tarde el director de mi tesis doctoral. Fue el maestro de varias decenas de profesores de Derecho administrativo entre los que tengo el orgullo de encontrarme. Fue una persona esencial en mi proceso de formación como jurista y como profesor.

Un jurista español a quien admire: En España a Javier Delgado Barrio, antiguo presidente del Tribunal Supremo y Magistrado del Tribunal Constitucional, donde tuve la suerte de trabajar para él como Letrado. Fuera de España a Eberhard Schmidt-Assmann, el impulsor de una corriente renovadora del Derecho administrativo alemán que ha tenido una gran influencia en España.

Conflicto catalán: La revisión del marco constitucional sería legal y legítima y, en la actualidad, es posible e incluso necesaria. La vía unilateral, sin embargo, no fue ni legal ni legítima. Es preciso convencer a la mayoría de los catalanes de que podemos dibujar un marco de relaciones en el que deliberar y decidir conjuntamente.

Sentencia por “La manada”: Es jurídicamente discutible si la sentencia cometió o no un error técnico en la calificación penal de los hechos. Lo que no es discutible es que el sistema penal en su conjunto tiene un serio problema si más de la mitad de los ciudadanos se sienten ofendidos con el producto de su funcionamiento.

Una ciudad española: Ahora mismo, Madrid, donde es verdad que nadie te pregunta de dónde eres. Si vives aquí, eres de Madrid.

Algún deporte: Lo llaman trail running, pero realmente es correr por el monte.

Destino ideal de vacaciones: Cualquiera donde haya paisajes bonitos para poder correr por el monte.