Texto: Christian Vidal Beros, director general de LWYR
Imágenes: Cedidas por INAPI.
La abogada chilena Loreto Bresky asumió a mediados de 2019 la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, siendo la primera mujer en ser nombrada por el Gobierno en ese cargo. Desde esa posición busca potenciar el uso estratégico de los derechos de propiedad industrial, pues tiene el convencimiento que es una herramienta que genera progreso y valor para la sociedad en su conjunto.
– Primera mujer como Directora Nacional de INAPI. ¿Un peso, una responsabilidad o un desafío?
– Estoy convencida que todos los desafíos que uno asume, deben ser enfrentados con gran responsabilidad. En este caso, es un orgullo conducir una organización que es referente a nivel nacional e internacional, y actor clave del ecosistema de innovación y emprendimiento.
Si bien han sido tiempos difíciles a nivel global, es reconfortante saber que hemos logrado establecer una hoja de ruta para incentivar el uso estratégico de la propiedad industrial, con foco en la generación de impacto. Los resultados se han convertido en un gran respaldo a nuestro plan de trabajo.
Por ejemplo, durante el año 2020, caracterizado por la pandemia y la incertidumbre financiera de los mercados, destinamos esfuerzos para persuadir a los emprendedores e incentivarlos a proteger sus marcas. Nuestros mensajes se orientaron al uso estratégico de este activo intangible, sobre todo en tiempos de cambios. Las cifras al respecto superaron con creces nuestras expectativas, porque las solicitudes marcarias anotaron un aumento de un 26% comparado con el año anterior.
En consecuencia, aprovechamos la coyuntura como una oportunidad para dotar a nuestros usuarios de mayor protección y distinción, para enfrentar a su competencia. Este fenómeno ha sido gravitante al considerar el aumento del comercio electrónico y el cambio de paradigma en los canales de distribución.
También hemos generado un conjunto de acciones para estimular el patentamiento por parte de innovadores, empresas, centros de investigación y universidades. Al respecto, nos hemos concentrado en brindar apoyo y seguimiento, agilizar nuestros procesos de tramitación y asesorar a los usuarios para explotar adecuadamente los derechos exclusivos, asociados a la protección. Esto es parte de nuestros lineamientos estratégicos, que apuntan a impulsar el ecosistema y generar una oferta integral de servicios.
Todos estos esfuerzos están estructurados sobre la base de la optimización de los recursos, la mejora continua y la lectura permanente de las necesidades concretas que presentan los usuarios al momento de enfrentarse al sistema de propiedad industrial. Acciones que medimos y rediseñamos permanentemente para mejorar y avanzar hacia el siguiente nivel.
Por lo tanto, dirigir INAPI es un desafío que asumo a diario con mucho respeto por cada una de las personas y por los proyectos y sueños que hay detrás de cada solicitud. En ese contexto, el haber recibido recientemente el Premio Anual de Excelencia Institucional nos reafirma que vamos por el camino correcto y que aún hay grandes objetivos por conquistar.
– ¿Cuál ha sido el mayor cambio al pasar del sector privado –como socia de un estudio importante de abogados– al sector público?
– Desde que inicié mi carrera laboral he sentido una enorme pasión por el uso estratégico de los derechos de propiedad industrial, porque tengo pleno convencimiento que se trata de una herramienta que genera progreso y valor para la sociedad en su conjunto. Ese ha sido un motor que me ha llevado a desarrollar y participar en una serie de iniciativas desde el sector privado que, con la distancia del tiempo, miro con mucho orgullo.
Esta motivación fue la que me llevó a asumir el reto de proyectar ese aporte, ahora, desde el sector público, como Directora Nacional de INAPI. Este arribo lo he interpretado como una transición natural, que se produce en un momento en que el Estado enfrenta enormes avances en materia de modernización. Por lo tanto, siento que es un momento propicio para desarrollar soluciones y proyectos que permitan apoyar a innovadores y emprendedores nacionales.
Sin lugar a dudas que el know-how adquirido durante más de 20 años de ejercicio profesional, con una mirada desde el usuario, me han permitido ver las oportunidades de crecimiento que existen para el mediano y largo plazo de nuestro ecosistema. Esa experiencia la he puesto al servicio de los pilares estratégicos institucionales, que he trazado como desafíos del trabajo que estamos impulsado.
– Debido a que su trayectoria se ha volcado al ejercicio del derecho de la propiedad intelectual e industrial, ¿cómo ve la participación de mujeres en el proceso de creación de patentes, modelos de utilidad e invenciones en general?
– Las cifras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) revelan que la tasa de participación de mujeres en solicitudes de patentes a nivel mundial sólo alcanza un 18,7%. Si bien, en Chile el escenario es ligeramente superior (21%), aún hay una brecha que es necesario disminuir. Una tarea que debe ser asumida por todos los actores del sistema local de innovación.
Este escenario nos motivó a generar en 2020 el primer estudio de género sobre solicitudes de patentes en Chile, con el objetivo de tener una medición actualizada sobre las diversas dimensiones del fenómeno.
El reporte nos permitió identificar dónde se desempeñan las mujeres inventoras de Chile. Mientras el 67% lo hace en universidades, el 20% proviene de empresas de diferentes tamaños. En tanto, el 12% son personas naturales.
Este panorama nos revela que las casas de estudio han generado esfuerzos decididos por desarrollar nuevo conocimiento con perspectiva de equidad de género. Por lo tanto, nos hemos puesto a la tarea de fomentar esas prácticas y recoger determinadas metodologías y procesos para proyectar esa tendencia hacia el sector privado.
Este trabajo lo hemos desarrollado bajo una nueva institucionalidad interna, que es el Comité Estratégico de Género y Propiedad Industrial, para convertir a nuestra organización en un actor clave en la promoción de la equidad de género y gestor del cambio, para ampliar las posibilidades de mujeres innovadoras y emprendedoras.
Esta instancia nos llevó a mirar más allá de nuestras fronteras. Decidimos ser parte de la creación de la Red Latinoamericana de Propiedad Industrial y Género, junto a Colombia, Costa Rica y Perú. La iniciativa fue construida con la convicción de aportar experiencias, compartir buenas prácticas y levantar proyectos de apoyo para disminuir las brechas, con un enfoque propositivo. La red es apoyada por la OMPI, que ha actuado como agente articulador.
– Usted es consultora de la Fundación Chile Mujeres. ¿Qué falta en nuestro país para una participación más efectiva de la mujer en la fuerza laboral?
– En un reciente estudio elaborado por el Gobierno de Chile, en colaboración con ChileMujeres, se estableció que existen sólo tres industrias que están por sobre el promedio de 40,7% de participación de mujeres: Servicios Comunitarios, Sociales y Personales; Intermediación Financiera; y Comercio. Por lo tanto, hay mucho espacio de crecimiento en materia de equidad de género laboral, que demanda del compromiso activo de un compendio de actores clave y acciones concretas.
Al respecto, desde INAPI hemos hecho numerosos esfuerzos por convertir a la institución en una plaza atractiva para el desempeño y crecimiento laboral, con perspectiva de equidad de género.
En la actualidad el 57% de nuestra dotación está compuesta por mujeres. Además, al desagregar los datos nos encontramos con una realidad que es aún más alentadora. Tanto en cargos profesionales, como administrativos, el número de funcionarias es superior al de los hombres, mientras que en materia de puestos directivos, la distribución es equitativa.
Adicionalmente, INAPI ha sistematizado sus procesos asegurando condiciones de calidad en esta perspectiva organizacional, motivo que nos llevó a recibir el Sello de Índice de Paridad de Género, que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con Comunidad Mujer.
El trabajo ha comprendido el desarrollo de programas internos que promueven la corresponsabilidad en el hogar y la debida conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Vemos con mucho interés la idea de compartir buenas prácticas con otras organizaciones del sistema público y privado. Creemos que la colaboración es fundamental para ampliar los límites que permitan favorecer la equidad de género en los contextos laborales, un desafío que, sin lugar a dudas, ha abordado con mucha decisión la agenda del Ministerio de la Mujer.
– Un consejo para aquellas abogadas y mujeres en general que quieren llegar a la “primera línea” en la toma de decisiones
– Ocupar cargos de alta responsabilidad puede ser una legítima aspiración para cualquier profesional. Sin embargo, a mi juicio, lo verdaderamente relevante es movilizarse por el impacto que nuestro trabajo y gestión genera en la sociedad, independiente de la posición en la que uno se encuentre.
Los equipos de trabajo que he liderado han estado caracterizados por la mística que se genera durante el proceso para conseguir los resultados. Esa filosofía me ha permitido estar rodeada de excelentes profesionales, apasionados, capaces de trabajar en equipo y comprometidos con las metas colectivas.
En mi caso, decidí postular a un cargo en la Alta Dirección Pública porque sentí la convicción que desde este frente puedo aportar valor al sistema de propiedad industrial. Veo con mucho optimismo que la tasa de nombramientos de mujeres en cargos ejecutivos en el Estado casi triplica lo que ocurre en el sector privado. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer y necesitamos el talento, compromiso y convicción de las nuevas generaciones.
