Por Yudy Tunjano Gutiérrez.
Abogada, Máster en Derecho de la Empresa (PUC) Máster Compliance Officer (UCM), certificada como Risk Manager ISO 31000:2018 / Lead Compliance Manager ISO 19600:2015 / Lead Auditor ISO 37001:2016.
Según el informe de Transparencia Internacional (TI) “Exportando Corrupción 2020”[1] publicado recientemente, la aplicación de medidas contra el soborno transnacional ha disminuido entre los países que generan la mayor parte de las exportaciones a nivel global, situación que ha empeorado durante la pandemia de Covid-19 y que podría incrementar aún más los costos de la crisis sanitaria.
El estudió evalúa la implementación de los parámetros de la Convención Anti-Soborno de la OCDE relacionada con su lucha para la reducción de la corrupción global en 47 países que comprenden el 83% de las exportaciones del mundo. Para su análisis, los datos fueron tomados de informes de la OCDE y otras fuentes públicas y a medios de comunicación.
Categorizan a las naciones en cuatro grupos según el grado de implementación y efectividad de los parámetros de la Convención Anti-Soborno de la OCDE. En el primero, aparecen los países con implementación activa de los indicadores de la OCDE (los que más lucharon contra la corrupción); en el segundo, los que tienen implementación moderada; en el tercero, implementación limitada, y en el cuarto, accionamiento pequeño o nulo.
Si bien el estudio muestra que desde 2018 la cantidad de países que aplican medidas de forma moderada contra el soborno transnacional aumentó de cuatro a nueve, alerta sobre la “disminución significativa” de naciones que han demostrado un mayor compromiso en el combate contra este fenómeno en la suma general.
Según el informe, en 2019 sólo Estados Unidos, Reino Unido, Suiza e Israel, países que suman el 16,5% de todas las exportaciones mundiales, aplican activamente leyes contra el soborno extranjero en comparación a los siete países (27% de las exportaciones) que lo hacían en 2018.
China, el mayor exportador mundial, no abrió ninguna investigación por soborno transnacional en los últimos años a pesar de que varias de sus grandes compañías aparecen involucradas en escándalos e investigaciones desarrolladas en otros países. Fue clasificado dentro de los países con medidas pocas o nulas contra la corrupción. Igualmente, se le hace un fuerte llamado de atención, dada la responsabilidad por su liderazgo mundial en materia comercial y lo conmina a implementar leyes que permitan identificar, verificar y acceder a la información con el fin de facilitar investigaciones.
De manera similar, Hong Kong y la India, otros dos grandes exportadores no pertenecientes a la OCDE, tampoco iniciaron ningún tipo de investigación por corrupción transnacional en ese período.
No les va mejor a los miembros de América Latina que pasaron raspando la evaluación. En el caso de México, a pesar de haber abierto tres investigaciones por corrupción en transacciones internacionales, entre 2016 y 2019, quedó ubicado en el último grupo del informe debido a que ninguno de los casos tuvo sanciones.
Chile, en esos mismos años, abrió nueve investigaciones por soborno transnacional, pero ninguna terminó con sanciones. No obstante, le destacan al país austral la promulgación de la Ley 21.121 de 2018 que amplió la responsabilidad penal de la persona jurídica en lo relativo a diversas conductas penales relacionadas con la corrupción y conflictos de interés. Las recomendaciones de mejora se concentran en crear un registro público centralizado para la información sobre beneficiarios reales o finales; desarrollar una legislación integral para la protección de los denunciantes que garantice protección y confidencialidad, y brinde incentivos para promover la denuncia de hechos de corrupción; brindar mayor concienciación y capacitación sobre el delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros, especialmente a fiscales, jueces y personal diplomático e incluir a las empresas privadas en discusiones sobre políticas anticorrupción.
Por su parte, Colombia hace parte de los seis países que mejoraron su medición desde el último informe en 2018, pues pasó de tener implementación nula a implementación limitada en 2020. El informe señala que este progreso se debe al fortalecimiento de las entidades encargadas de prevenir y sancionar el soborno, así como a desarrollos legislativos en torno al tema. Entre 2016 y 2019, el país abrió 20 investigaciones por soborno y sólo uno de estos casos terminó con sanciones, por ello la mejora en la calificación. Sin embargo, el informe señala que hay deficiencias en el marco legal debido a que no existe Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que sin duda ofrecería mejores vías para sanciones efectivas y disuasorias. Igualmente, remarca que la detección del soborno transnacional se ve limitado por la ausencia de legislación de protección de denunciantes en Colombia y por la falta de visibilidad y accesibilidad de los canales públicos para denunciar el soborno extranjero.
Perú, entre 2016 y 2019, no reportó ninguna investigación al respecto, además fue cuestionado por no hacer pública la información correspondiente a los casos de soborno. Según el reporte, los organismos estatales divulgan estadísticas generales sobre delitos contra la administración pública, lo que imposibilita saber cuántos de esos casos son específicamente por sobornos transnacionales. Se conmina a las autoridades peruanas a publicar información actualizada periódicamente sobre la aplicación del soborno en el extranjero, incluidos datos sobre cooperación internacional; a garantizar que el registro de información sobre beneficiarios reales/finales esté disponible para el público en un formato de datos abiertos; y, mejorar la legislación sobre soborno en el extranjero de acuerdo con la recomendación del WGB de la OCDE, incluida la definición de «funcionario extranjero» y la tipificación como delito de la oferta o promesa de un soborno, entre otros.
En el mismo período 2016 a 2019, Costa Rica abrió dos investigaciones, pero ninguna concluyó con sanciones. Los únicos datos públicos disponibles sobre dichas investigaciones se refieren a los países donde presuntamente se llevó a cabo el soborno: Brasil y Panamá, por lo que su calificación también fue nula. No obstante, de manera positiva mencionan que, en 2019, Costa Rica promulgó la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que aborda de manera integral temas como el estándar de responsabilidad, procedimiento y sanciones, además se tipificó el delito de falsa contabilidad, por lo que se espera que en el próximo estudio haya progresos. Se recomienda al país centroamericano, mejorar la recopilación y publicación de estadísticas por parte del poder judicial, especialmente en lo que se refiere a investigaciones y casos de corrupción, mejorar la definición de soborno extranjero para cubrir todos los aspectos de este delito y adoptar una legislación integral para proteger a los denunciantes de represalias externas.
La gran conclusión, es que pese al aumento de los esfuerzos de cooperación y a los tratados para combatir la corrupción y el soborno en las transacciones internacionales, este fenómeno sigue planteando un desafío mayor para los principales países exportadores del mundo, cuyas consecuencias se han vuelto más severas durante la crisis sanitaria y podrían terminar costando la vida de más personas. “El dinero perdido por el soborno extranjero echa a perder millones de dólares que podrían destinarse a servicios que salvan vidas, como la asistencia sanitaria”, dijo al respecto en un comunicado la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira.
[1] httpss://transparenciacolombia.org.co/2020/10/13/informe-exportacion-de-corrupcion-2020/
