Por Catalina Rojas Morales.
Alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
A partir del mes de octubre del año 2019 , nuestro país ya no es el mismo. El clamor general vino en dar cuenta de una sociedad que no se sintió escuchada por décadas. Fue, quizás parte importante, el actual sistema que impera desde el 31 de enero de 2012 que, a través de la Ley N° 20.568 se regula la inscripción automática y el voto voluntario.
Así se dejó atrás el voto obligatorio, en el cual el sufragio no tan solo era considerado como un derecho, sino también una obligación ciudadana donde se establecía el deber de concurrir a los centros de votación para ejercer ese derecho y la obligación que lleva consigo un fuerte sentido de deber que nos identifica y distingue como ciudadanos.
Claro está que no tan solo la cantidad de votantes o caudal electoral por si solo implica mayor participación y resolución de los temas de un país, pero -sin duda- sí es un ejercicio democrático de alta relevancia en los destinos de éstos.
Ante el actual escenario político y social resulta importante reflexionar sobre la importancia del voto obligatorio y así generar una mayor participación ciudadana en determinar el destino de nuestro país, atendiendo a que las causas que dieron origen a un estado de efervescencia permanente que fue sustentado en su momento en cuestiones tan relevantes para la ciudadanía en general como: descontento con el modelo socioeconómico neoliberal; alza en el precio del transporte público de Santiago; desigualdad social, económica y alto costo de la vida; abusos de poder, casos de corrupción; casos de colusión en bienes de primera necesidad y medicamentos; aumento del desempleo y cierre de empresas.
Todos estos argumentos no son más que, junto a otros, que por décadas resultaron ser legítimas demandas y causas de acumulación de malestar entre diversos sectores de la población que no se sintieron escuchados y mucho menos le fueron estas resueltas por los diversos gobiernos que han transitado desde la vuelta a la democracia. Por ello, cabe la pregunta si la obligatoriedad de participación ciudadana a través de los procesos formales de nuestra democracia permitirían una eventual mejora en la resolución de aquellas demandas, como así también si el voto obligatorio afecta la libertad de los individuos.
Lo primero, sin duda, que no depende de por sí sola para que ocurra tal mejora, pero sí es un instrumento válido y necesario en el accionar democrático y participativo. En cuanto a lo segundo, y a una eventual afección a la libertad de las personas, ello efectivamente ocurre tal como cualquier norma que obliga sobre todo a actuar frente a intereses generales como el que nos convoca (voto obligatorio).
Esto no es más ni diferente a lo que ocurre con toda prohibición y obligación, en donde algún derecho se puede ver afectado dependiendo del prisma e interés con que se mire, más aún cuando muchos actores políticos sostienen confusamente que el voto obligatorio afecta la libertad política, dando a ello un valor por sobre cualquier libertad de acción donde se restringe u obliga y un también errado contexto de derecho fundamental a la libertad política priorizándolo por sobre otros valores y objetivos comunes [1].
No está en discusión la intención de voto, sino la obligación o no de ponerlo en práctica, más aún en el actual contexto social y político. Y sumado a ello, los efectos de la pandemia, que agudiza el descontento de la ciudadanía sobre el actuar de los diversos actores políticos y sus autoridades en general, completamente desprestigiados, pese a su legitimidad conforme al actual orden democrático.
Esta inacción puede interpretarse como la resultante de una cultura nacional de haber restado atención por mucho tiempo a la real importancia que implica la participación ciudadana en los destinos de un país. Por ello las diversas manifestaciones de carácter social surgen sin darse cuenta, como el único instrumento válido para demostrar el descontento a como se estaban llevando las decisiones y su impacto en cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos de desarrollo y, fundamentalmente, en lo relativo al plano económico y, con ello, activando el interés en participar de manera más activa en el proceso país, dando también -quizás de manera errónea- un valor sublime a manipulados conceptos como los de “Nueva Constitución“ y “asamblea constituyente”, como si ello sí o sí fuera la solución a todos los problemas, sin hasta ahora analizarse el letargo de la sociedad que durmió en la posición cómoda de no votar, pero si de exigir el respetar su opinión y derechos.
En atención a lo anterior, cabe preguntarse entonces ¿quién podría ejercer este poder ciudadano si no es cada uno de nosotros vía lo preestablecido? ¿Por qué se dio este escenario de descontento general? y que fue acompañado, lamentablemente, de altos niveles de violencia y destrucción, pese a que si existían los mecanismos -quizás imperfectos-, pero de acceso universal para incidir formalmente en la reclamación de estos derechos que fueron insistentemente demandados sin voz.
No resulta una paradoja que frente a una obligación de carácter social, como lo es el sufragio, aparezca precisamente una reacción social de tal magnitud como la señalada. Se podría, incluso, entender todo este silencio por décadas por parte de la ciudadanía como una indolencia a sus propios deberes o, de manera más acomodativa para la clase política, como una silenciosa expresión a favor del sistema político imperante, entre otras hipótesis que se pueden plantear al respecto. También es contradictorio que, mientras se discute sobre una nueva Constitución, ésta se haga bajo el actual escenario de voto voluntario.
Importante resulta, entonces, consignar lo generado a partir del “4 de DIC 2019 09:00 PM en sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados que aprobó en general y por unanimidad- la iniciativa que restituye el voto obligatorio en nuestro sistema electoral, lo que terminaría con la modalidad voluntaria que fue instaurada desde 2012. En el Senado también se han presentado iniciativas que apuntan en la misma dirección, por lo que parece estar asentándose la percepción en favor de la obligatoriedad”[2].
Esto apunta precisamente a la tesis presentada en este texto, en torno a la necesidad de discutir sobre una participación ciudadana mayor dentro del propio contexto de obligación social permanente y no la de carácter explosiva, aún cuando ello no garantice del todo la satisfacción de la sociedad en cuanto al accionar político y que seguramente debiese ser abordado paralelamente con este deber cívico a través de otras vías igualmente reguladas de existir o legislar para que ello ocurra en pos de una mejor convivencia y desarrollo.
No pocos son quienes dentro de los diversos ámbitos, incluido el académico, han planteado la moción que el voto obligatorio mejora nuestra democracia señalando -por ejemplo- que: “No habrá fortalecimiento de la democracia si no aseguramos una real participación ciudadana en las elecciones y, por lo tanto, la legitimización del sistema democrático. La ciudadanía reclama que quiere autoridades empoderadas, que tomen decisiones, pero reclama que no se ha sentido parte de las definiciones nacionales”[3].
Los niveles de abstención en las últimas elecciones presidenciales en nuestro país son realmente alarmantes, sólo si consideramos al menos lo ocurrido en los comicios realizados en noviembre de 2013, en los que ganó Michelle Bachelet, donde el 58% del padrón electoral decidió abstenerse. Chile es el país en el que menos ciudadanos ejercen su derecho a votar entre las naciones con democracias estables [4].
En diversos países, el acto de elegir democráticamente a los representantes políticos se considera no sólo un derecho, sino también un deber ciudadano. Una obligación contenida en sus Constituciones y legislación electoral, en donde -por lo general- implica incluso la imposición de sanciones. Podemos citar a Bélgica, que viene utilizando desde finales del siglo XIX dicho sistema y que fue seguidos por otros países, como Argentina (1914) o Australia (1924), entre otros que se fueron sumando hasta llegar a ser hoy 27 los países que tienen contemplado en sus ordenamientos legislativos el sufragio obligatorio a nivel nacional. Estos son Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Corea del Norte, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Gabón, Grecia, Honduras, Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Nauru, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Tailandia, Turquía y Uruguay, siendo de la lista 11 países latinoamericanos que han adoptado el sufragio obligatorio de los 27[5] .
La importancia de la participación ciudadana resulta indispensable en el desarrollo armónico de toda nación y, dentro de ellos, se encuentra el democrático proceso de votación. La cuestión discutida es si ello debe ser de carácter voluntario u obligatorio. Quizás el desgaste de discutir tal opción ha llevado a que a la fecha en nuestro país se encuentre vigente el primero y recién, a partir del denominado “estallido social” en el año 2019, se vuelva a poner en discusión de la importancia del voto obligatorio para una sociedad que canalizó su propia abstención en este movimiento social masivo y compartido por la mayoría de los chilenos.
Sin embargo, a sabiendas del interés de diversos sectores por contar con una mayor participación en los destinos de nuestro país, sumado a ello el desprestigio de la clase política y de las autoridades en su conjunto, aún no se observa una disposición clara en legislar en torno a hacer valer dicha participación a través de las urnas, dejando sembrada la esperanza en que la modificación de la Constitución y la Convención Constitucional van a dar representatividad y solución a la ciudadanía toda y a sus demandas.
Quizás esta confusión producto de un sin número de discursos erráticos, no hacen más que favorecer precisamente a la clase política, a sus partidos y a algunos pocos que van a entrar seguramente desde la civilidad a este escenario ya conocido. Si a la fecha no vemos cambios en restablecer el voto obligatorio es, seguramente, porque los intereses reales no están en robustecer los procesos democráticos a través de una mayor participación de la ciudadanía concurriendo a las urnas. Y hemos escuchado mucho en este último tiempo a los “candidatos independientes”, que parece ser la figura que debiese representar y defender los intereses y demandas de la mayoría, pero no es más que nuevas figuras que formarán parte de esa misma clase política rechazada por los propios motivadores de una nueva Constitución.
[1] La importancia de reponer el voto obligatorio – La Tercera httpss://www.latercera.com › opinión › noticia › la-impo… 4-12-2019
[2] Proyecto de reforma constitucional establece voto obligatorio .. httpss://www.diarioconstitucional.cl › 2020/08/28 › proy
[3] Marta Canto: El voto obligatorio mejora nuestra democracia …httpss://ellibero.cl › opinión › marta-canto-el-voto-oblig… 22-11-2019
[4] Los 10 países del mundo en los que menos gente va a votar …httpss://www.infobae.com › 2015/05/15 › 1728987-los-.
[5] El Orden Mundial @elordenmundial ¿En qué países es el voto obligatorio? 22, noviembre, 2019.
