Por Sebastián Alejandro Quiroz.
Alumno de la Facultad de Derecho en la Universidad del Desarrollo. Fue pasante en el Noveno Juzgado de Garantía y está certificado en Epistemología en la Universidad de Monterrey (México).
Se realizan como ritos funerarios para los modernos narcotraficantes, suceden en riñas y han terminado en la muerte de varios ciudadanos. Estamos hablando de las popularmente “Balas locas” o conocidas como “Balas perdidas”.
Durante la pandemia provocada por el COVID-19, los enfrentamientos entre organizaciones criminales han aumentado producto de un déficit en el mercado, ya sea desde los delitos -como el monopolio hasta la asociación ilícita- que busca el tráfico de estupefacientes. Los disparos al aire se han convertido en normalidad y así lo demuestra la Subsecretaría para la Prevención del Delito, que asegura que los informes de este año han arrojado que los “Delitos de oportunidad” habrían disminuido por la menor circulación generada por la cuarentena.
Sin embargo, delitos como el “Disparo Injustificado” han aumentado en un 31% sólo desde el 2019. Con este último delito se tipifica el delito de la “Bala loca”, el cual no debe confundirse con el delito producto de un resultado mortal, como podría ser el homicidio culposo producto de ese disparo, tal y como se resuelve el Artículo 17B de la Ley de Control de Armas que estipula que: “Las penas por los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas o elementos señalados”.
Sólo en la Región Metropolitana, el año 2015 hubo 34 denuncias por este delito, mientras que entre enero y noviembre de 2019 hubo 152 denuncias por estos casos. Como bien se explicó en un principio, el argumento principal (siguiendo la postura de lay Subsecretaría) es de cómo han germinado las organizaciones criminales y de cómo se relacionan entre sí estas entidades.
Al igual que el resto del comercio en el país han tenido que enfrentarse a un déficit en la oferta y la demanda. En la oferta, ya que la haber menos circulación de los medios de transporte se ha dificultado la tenencia de drogas. Y, por el mismo fenómeno, la demanda de la misma se ha visto dificultada o en algunos sectores más acomodados, erradicada, todo esto dando como resultado el enfrentamiento entre ellas, los ajustes de cuentas entre otros fenómenos de la criminología.
En la mayoría de los casos, las investigaciones se cierran sin tener un imputado y es en este punto donde se torna la dificultad de la tarea para afrontar este delito. Identificar una bala que “salió de la nada” no es sencillo y que se denuncie al mismo tiempo los disparos al aire y luego las lesiones en la propiedad o en las personas que provocaron los proyectiles disparados, es sumamente difícil.
Actualmente Carabineros cuenta con un Laboratorio de Criminalística en el cual se prueban las armas que se incautan en sus procedimientos, obteniendo y registrando lo que se conoce como huella balística. Para esto es necesario digitalizar completamente el impacto del proyectil y, como si lo anterior fuese poco, aún nos faltaría imputar eso a quien disparó. Y suponiendo que se pudo localizar el arma, haciendo cálculos las pruebas que se realizan, debe ser por centenares superior a las que se utilizan como medios probatorios en juicio.
Hoy por hoy, la mayor efectividad de este laboratorio ha sido la de poder confeccionar un peritaje que sirva como medio de prueba para “concursos reales”. Vale decir, que se pueda identificar que con la misma arma se cometieron varios delitos. Ya se ha intentado con anterioridad generar bases de datos, con la finalidad de facilitar la investigación de estas ramas de Carabineros y de la PDI. Pero no ha sido suficiente, puesto que el número de armas sin examinar siempre puede más.
Con todo lo anterior dicho, este problema podría quedar atrás si en Chile existiese un Registro Nacional de Huellas Balísticas, que permitiría al Ministerio Público y a las policías recolectar todas las muestras balísticas que se encuentren en el país, ya sean de civiles o de uniformados, incluyendo las armas de fuego que aún no salen al mercado. Es una homologación del Conservador de Bienes Raíces, pero sólo respecto del sentido de la historia de las mismas y tener las huellas que ocasionan sus proyectiles.
Para concluir, el año 2015 se ingresó la primera propuesta legislativa para la creación de esta nueva institución bajo el nombre de “Banco Nacional de Huellas Balísticas” y que hasta la fecha no se ha dado paso a su creación.
