Por Christian Vidal Beros
Abogado de la Pontificia Universidad Católica. Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en la Universidad Andrés Bello. Director general de LWYR.
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Vértigo se ha convertido desde hace ya algunos años en el Circo Romano contemporáneo. De eso no cabe duda. El escenario es perfecto, los invitados pertenecen a diversas actividades expuestas al “jurado popular” –desde políticos, actores, modelos, deportistas y un largo etcétera-, quienes por su trabajo “público” acuden al programa por las razones que estimen pertinentes.
Dentro de este “Circo Romano” televisado y en directo, obviamente la mayoría de quienes van como invitados lo hacen como parte de su “oficio”, es decir, involucra un pago dicha asistencia, el cual permite –y se subentiende– que los animadores, el público y el personaje del actor Daniel Alcaíno (Yerko Puchento), pregunten, se mofen y hasta quiebren al entrevistado con preguntas íntimas o propias de sus afectos y sensibilidades.
En resumen, todo aquel que va a Vértigo sabe que no sólo Yerko Puchento se dará un festín con sus acciones –públicas y privadas–, sino que hasta el “honorable público” podrá incomodarlo con preguntas directas. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos en el programa de TV, que no estando presentes, no tienen derecho a defensa? En otras palabras, ¿podemos aplicar la misma lógica para aquellos que acuden voluntariamente –y en muchos casos a cambio de un cheque–, que aquellos que ven su dignidad ventilada en horario prime?
Indudablemente, la rutina de Yerko Puchento en la que alude a la ex ministra Cecilia Pérez genera un conflicto de derechos. Quien lo niegue se pone una venda en los ojos. El punto es ¿cuál derecho prevalece? ¿La libertad de expresión y opinión consagrada tanto al canal de televisión como al comediante, y a este último, además, el derecho a la creación artística y difusión de las artes, o bien el derecho de la abogada a su honra y –eventualmente– propia imagen?
¿Podemos analizar el caso parceladamente? Si Yerko Puchento excedió el límite del artículo 19 número 12 al consagrar éste “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se comentan en el ejercicio de estas libertades (…)”, considero que sí. Independientemente de la pésima redacción del constituyente, hay una burla, un menoscabo arbitrario en la comparación de la aludida con una figura circense y objetivamente fea desde cualquier parámetro estético, lo cual –sin duda alguna– no es agradable para ninguna persona.
Por lo mismo, afirmativamente tendríamos que contestar si nos preguntamos si la honra de Cecilia Pérez fue vulnerada. La respuesta es sí. Hay un hecho objetivo y es que a nadie le gustaría que todo Chile, en horario de máxima audiencia, se mofe de los atributos (o la falta de éstos) con los que uno vino a este mundo.
Finalmente, hay una gran contradicción y responsabilidad del medio de igual manera. En una época donde justamente pretendemos como sociedad de terminar con cualquier tipo de discriminación, de Bullyng, Mobbing o acoso de cualquier tipo –escolar, intrafamiliar, laboral, etc–, el medio de comunicación avala y defiende el actuar de uno de sus trabajadores donde justamente vuelve al más básico y primitivo de los insultos, aquellos de la básica: La “fea”, el “guatón”, el “colita” y la “cuatro ojos”.
Hasta ahora, podríamos pensar que el conflicto de derechos está resuelto, pero agreguemos otros elementos (que seguramente deberán igualmente considerar los tribunales). ¿Fue vulnerada la honra de la ex ministra? Dijimos que sí. Pero, ¿se equivocó en su respuesta y acciones? Definitivamente sí.
En lo extrajurídico, resulta inverosímil alegar violencia de género. Identificarse con la campaña #niunamenos y recibir apoyo corporativo de las parlamentarias de su sector político causa más mofa que credibilidad. El daño a su honra se da exclusivamente por una connotación física, no de género. No olvidemos que el personaje cuestionado se ha reído de hombre y mujeres, y por condición sexual, étnica, económica y estética, entre otras. Sin justificar la conducta del comediante, la vulneración por género en este caso no aplica.
Tampoco es buena estrategia la querella por injurias. Todos sabemos que acreditar el ánimus injuriandi en sede penal resulta casi imposible, y hoy por hoy los jueces instan a disculpas para dar la causa por terminada. La solución de indemnización de perjuicios civil parece claramente la mejor vía, más aun cuando existe precedente jurisprudencial del 25° Juzgado Civil que justamente condenó al mismo humorista y al mismo canal, con el pago de $10 millones a la familia de Sarita Vásquez, ex mujer de Gonzalo Cáceres, por la rutina burlesca realizada en el mismo programa en el año 2013.
Finalmente, al solicitar el cierre de transmisiones por una semana de la señal de Canal 13, la ex ministra erró tanto en lo jurídico como en lo político. Jurídicamente pretende condenar por responsabilidad solidaria al medio de comunicación que avala dicha rutina, pero justamente vulnerando un derecho constitucionalmente consagrado en el número 12 del artículo 19. Más aun, cuando habiendo sido ministra vocera de Gobierno pretende restringir uno de los pilares de toda sociedad democrática, como es la libertad de expresión.
Políticamente, ¿cómo se puede justificar que una de las figuras centrales de apoyo en la campaña del ex Presidente Piñera, pretenda acabar por una semana con las transmisiones de un medio de comunicación social, toda vez que el mismo ex Presidente fue dueño de uno? ¿Cuál puede ser el costo político para la figura del ahora candidato, que uno de sus “puntales” de campaña –y que seguramente tendrá un cargo de confianza en un posible Gobierno– ataque públicamente a un medio y a un humorista que cuentan con el apoyo popular?
La estrategia de la ex ministra ha sido pésima, porque no obstante teniendo argumentos potentes para hacer efectiva la responsabilidad del humorista, ha cargado de manera torpe una defensa que no tiene mucho futuro por delante.
Veamos cómo resuelven los tribunales.
