Por Rachel Grez.
Abogada por la Universidad Diego Portales. Integrante e investigadora de la Academia de Derecho y Consumo de la Universidad Diego Portales, años 2016-2017.
Desde que se detectó el primer caso de Covid-19 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan –y la posterior declaración de estado de pandemia global decretada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo–, el mundo no ha vuelto a ser el mismo. Los seres humanos han tomado conciencia de su gran fragilidad, cuestión que la vorágine del mundo actual había relegado a un tercer plano.
Sin embargo, este tipo de crisis sanitaria no es nueva para la humanidad. Basta con repasar brevemente la historia para constatar que nuestra especie ha sido víctima de numerosas pandemias. Estos eventos, de una u otra forma cambiaron el estatus quo hasta ese momento imperante. Desde la peste Bubónica en la Constantinopla del emperador Justiniano hasta la gran “gripe española” de 1918, hemos visto de manera ampliada las fracturas de un sistema que ha puesto bajo la lupa el comportamiento de la sociedad y sus gobernantes.
Es precisamente a la luz de esta nueva crisis que, a mi parecer, se agudiza uno de los grandes flagelos que nuestra sociedad no ha sido capaz de resolver: mujeres víctimas de violencia doméstica. En efecto, según cifras de ONU Mujeres, cada día en el mundo alrededor de 137 mujeres son asesinadas por miembros de su familia. En nuestro país, a la fecha se han registraron 13 femicidios consumados y 29 frustrados.
Estas cifras no hacen más que corroborar que estamos ante un problema gravísimo –que no solo ya existía antes de que comenzara la pandemia–, sino que también se ha visto incrementado en todos los países que adoptaron medidas de confinamiento sanitario.
Para poder entender este fenómeno, es necesario destacar que el Covid-19 (y la consecuente cuarentena) tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres. En primer lugar, por el rol histórico-social que el patriarcado asignó al hombre como proveedor del núcleo familiar. En este sentido, el colateral impacto económico, el gran estrés del desempleo y el confinamiento involuntario, son factores que pueden gatillar en el hombre conductas violentas hacia la mujer.
En segundo lugar, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas el año 2018, sólo un 37,6% de las mujeres con trabajos remunerados se identificaba como el primer sustento del hogar. Esto se explica principalmente por su menor participación en el mercado laboral, y la inequidad en el ingreso que perciben en relación a los hombres. En consecuencia, frente a un momento de crisis como el actual, las mujeres estarían en gran desventaja, pues no poseen los recursos suficientes para escapar del hogar en que se encuentran confinadas con su agresor.
Finalmente, en momentos de crisis sanitaria, cuando los servicios de salud están sobrecargados, éstos deben ser redistribuidos, relegándose a un segundo plano los tratamientos de salud sexual y reproductiva. Lo anterior, en desmedro de las mujeres que durante el aislamiento social son víctimas de la creciente explotación sexual de aquellos hogares que están bajo tensión.
Lo anterior, sin pretensión de ser una enumeración taxativa, resume de forma elemental los principales ejes del problema en cuestión: desventaja económica, física, sexual y reproductiva. Es por esto que los países deben necesariamente generar estrategias de prevención con una clara perspectiva de género. En este sentido, tal como indica ONU Mujeres, llama la atención que la gran mayoría de las personas encargadas de ejecutar las políticas públicas para enfrentar esta pandemia sean hombres. Esto desconoce a su vez las lecciones respecto del rol esencial que cumplieron las mujeres en sus comunidades durante el brote del ébola entre los años 2014-2016 en África y la epidemia del Zika en América Latina los años 2015-2016.
Si bien nuestro país ha implementado medidas que buscan atenuar el impacto negativo en esta materia, tales como el reforzamiento de las líneas de atención telefónica y WhatsApp para casos de violencia, continuidad de atención en casas de acogida y centros de la mujer, y la prohibición de suspender audiencias que requieran urgente intervención del tribunal (como las medidas cautelares en contexto de violencia intrafamiliar y prórroga de las mismas), estas siguen siendo insuficientes.
Resulta urgente implementar, por ejemplo, medidas innovadoras para pedir ayuda, como en el caso de España, donde las mujeres pueden acudir a una farmacia y pedir la “mascarilla 19” en señal de alarma. Además, se debería crear un sistema de refugios destinados exclusivamente a mujeres que necesiten pasar la cuarentena lejos del hogar, flexibilizando el desplazamiento de aquellas que incluso en cuarentena y en horarios prohibidos necesiten trasladarse.
Así las cosas, como señala el viejo aforismo, “no hay mal que por bien no venga”, esperemos que la pandemia traiga vientos de cambio y se convierta en una buena oportunidad para tomar medidas radicales, con miras a reparar las desigualdades históricas que hasta ahora han marcado la vida de las mujeres. Urge que la implementación de políticas intersectoriales con una clara perspectiva de género se ponga en el centro de las preocupaciones de los gobiernos, para que no sigan acumulando polvo en el último cajón de un escritorio mientras miles de mujeres mueren por culpa de la otra pandemia.
