Por María Gabriela Vásquez Moncayo.
Abogada por la Universidad de Chile.
[divider]
Según datos entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 3,3 millones de muertes se producen al año a causa del uso nocivo de alcohol, constituyendo aproximadamente un 5,9% de las muertes. También se relaciona con más de 200 tipos de enfermedades y trastornos (1).
Es fundamental considerar los efectos negativos del consumo, que incluyen dependencia, depresión, indigencia, relaciones personales, relaciones laborales, violencia doméstica, accidentes de tránsito, maltrato y abandono de menores, saturación de centros de atención primaria, entre otros.
En este sentido, en muchos casos los países han debido intervenir mediante las llamadas políticas sobre alcohol, las que incluyen decisiones de los gobiernos a través de la legislación y también reglamentaciones por parte de otras instituciones relacionadas con el alcohol, la salud y bienestar social (2). La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han desarrollado guías para los países, documentos estadísticos, y una Estrategia Mundial para la prevención.
Un caso exitoso, y que hoy ha comenzado a replicarse en otros países, es el programa “Youth in Iceland”, el cual a través de una serie de medidas logró revertir la realidad de Islandia, que era el país con mayor porcentaje de consumo de alcohol y riesgo para la juventud, y en la actualidad se posiciona como el país con mejores medidas preventivas y resultados. El programa consistió en medidas tales como realizar catastros e investigaciones junto con la comunidad, cursos gratuitos de prevención, inversión pública en actividades recreativas, medidas para limitar horarios de salida de menores de 16 años, aumento de edad para la compra de cigarros (18) y alcohol (20), y la prohibición de publicidad sobre alcoholes.
Ahora, en el caso de nuestro continente, la situación se ha vuelto severamente preocupante, con el mayor porcentaje de bebedores de alcohol en comparación con el mundo, y esto se presenta como un factor común en nuestros países. Los indicadores sobre consumo de alcohol per cápita de la OPS muestran a Canadá en primer lugar, seguido por EE.UU., Argentina, Chile y en el quinto lugar Brasil y Perú (3). Lo que indica, de cierta manera, que no existe una relación directa de la condición económica y política del país y su consumo de alcohol.
En general, como lo han determinado algunos estudios (4), existen una serie de políticas de alcohol que pueden ser aplicadas por los gobiernos, las que no solo requieren aprobar nueva legislación, sino que generar un sistema que permita vigilar la observancia de dichas medidas. Un ejemplo es el personal de policía o inspectores que deben realizar los controles, así como tribunales y funcionarios que deben especializarse para la aplicación de sanciones. Los resultados evidenciaron que las políticas de alcohol más eficientes para el continente americano fueron la aplicación de impuestos, leyes relativas al manejo en estado de ebriedad, prohibición publicitaria y asesorías. También, se demuestra que la combinación de medidas llega a una mayor eficacia.
Chile ha adoptado medidas importantes como la “Ley Tolerancia Cero” que, entrando en vigor en 2012, bajó los grados de alcohol permitidos en la sangre para conducir, y aumentó las sanciones aplicadas a quienes manejen en estado de ebriedad, como la suspensión de la licencia de conducir. Como complemento, la “Ley Emilia” -publicada en 2014- sanciona con cárcel a quienes causen lesiones graves, gravísimas o la muerte, y tipificando delitos como fugarse o negarse a practicar el examen de alcoholemia. Son leyes que, sin duda, han tenido un efecto persuasivo considerable en la población. No obstante, estas leyes no abarcan otros aspectos como el consumo de quienes no conducen, ya que difícilmente persuade a quienes no serán controlados manejando.
Algunas municipalidades parecieran haber comprendido la necesidad de programas integrales, de aquí que cuatro comunas comunicaron que adoptarían el programa de Islandia, pero recientemente Punta Arenas anunció que se aplicará el programa de manera concreta (5).
No basta con adoptar medidas legislativas que impliquen sanciones administrativas y penales, también es necesario medidas que involucren formación, apoyo y participación. Por tanto, el rol de otras instituciones como los ministerios y municipalidades es un pilar esencial que debe considerar la integración de la comunidad para poder diagnosticar, prevenir y trabajar con quienes ya se ven afectados.
1 Para más cifras revisar Organización Mundial de la Salud. Alcohol, Datos y Cifras. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
2 Recomendable leer: BABOR, T. F. (2003), Evidence‐based alcohol policy: a call to action.
3 Los indicadores se encuentran disponibles en: https://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347
4 Alcohol y salud pública en las américas Un caso para la acción. Disponible en: https://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_public_health_americas_spanish.pdf
5 Villalobos Fernanda. Inspirado en Islandia: Punta Arenas implementará plan piloto para reducir consumo de drogas y alcohol en jóvenes. Disponible en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/06/19/910282/Inspirado-en-Islandia-Punta-Arenas-implementara-plan-piloto-para-reducir-consumo-de-drogas-y-alcohol-en-jovenes.html
