Por Daniel Soto Muñoz.
Dr. en Procesos e Instituciones Políticas y Asesor de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La reunión convocada por Carabineros de Chile en Santiago en diciembre de 2024, que reunió a los máximos jefes de 20 instituciones policiales de carácter militar, conocidas como «gendarmerías», se desarrolló en un contexto paradójico. Mientras el modelo organizacional militar se expande en diversas regiones, como se evidencia con la creación de la Guardia Nacional en México y el fortalecimiento de instituciones análogas en África, en Latinoamérica surgen cuestionamientos esenciales sobre su alineación con las exigencias democráticas contemporáneas. Esta dinámica obliga a un reexamen crítico de las estructuras y funciones de estas instituciones, considerando, especialmente, los compromisos internacionales que delinean las expectativas sobre el manejo del orden público.
El marco normativo internacional establece requisitos precisos que desafían el modelo tradicional de conducción militar. Entre ellos se encuentran el «Protocolo Modelo para la Protección de Manifestaciones» de la Relatoría Especial de la Naciones Unidas para el Derecho de Reunión Pacífica (2024), que enfatiza la responsabilidad de los Estados de garantizar el derecho de asamblea, y las «Orientaciones sobre Armas Menos Letales» de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2021), que indican que el uso de tales armas debe ser restringido y proporcional, evitando daños innecesarios a los derechos de los ciudadanos. Estos documentos subrayan la necesidad de que las instituciones policiales evolucionen de un enfoque centrado en el control a uno que priorice la facilitación y protección de derechos y libertades, lo que representa un cambio fundamental en sus prácticas operativas.
Para que las policías de naturaleza militar puedan adaptarse de manera efectiva a estos estándares internacionales, es esencial realizar una evaluación contextualizada. La toma de decisiones sobre el uso de la fuerza debe basarse en análisis específicos, superando la mera aplicación de protocolos estandarizados. Asimismo, es imperativo establecer una cadena de mando con responsabilidad diferenciada, en la que cada nivel jerárquico rinda cuentas por sus decisiones estratégicas, tácticas y operativas, apartándose del esquema clásico de obediencia vertical que ha permitido, en ocasiones, la elusión de responsabilidades en el ámbito latinoamericano.
A pesar de los desafíos, la naturaleza militar de estas instituciones les otorga ventajas relevantes, como la capacidad de articulación territorial, que les permite un despliegue estratégico eficaz, y una especialización táctica escalable. Además, poseen una resiliencia institucional que les otorga cohesión y eficacia operativa incluso en contextos de alta presión social o política.
La experiencia internacional proporciona lecciones valiosas sobre cómo abordar estas tensiones. Por ejemplo, la Gendarmería Nacional francesa ha implementado unidades especializadas en diálogo que actúan bajo protocolos específicos durante manifestaciones, mientras que los Carabinieri italianos han desarrollado programas de formación que integran competencias militares tradicionales con habilidades de policía comunitaria. Estas iniciativas ilustran que, a través de un enfoque adaptativo, es posible avanzar hacia un modelo de seguridad más acorde con los valores democráticos.
Sin embargo, las transformaciones necesarias requieren una visión estratégica que emane desde la alta dirección de las instituciones de seguridad, así como un respaldo gubernamental que apoye cambios que, por su naturaleza, demandan tiempo. Es igualmente esencial que los organismos internacionales estén dispuestos a ofrecer asesoría técnica, que la sociedad civil supere sus prejuicios y que se establezca un nuevo tipo de alianza en la que la academia juegue un papel crítico. La academia puede contribuir con investigación aplicada, establecer vínculos entre las organizaciones policiales y la comunidad, y proporcionar capacitación interdisciplinaria que considere las exigencias teóricas y los límites de la práctica operativa.
El reto que enfrentan las policías de naturaleza militar en el siglo XXI no se basa en su pérdida de identidad, sino en una evolucionar manteniendo lo mejor de sus principios: disciplina, capacidad operativa, responsabilidad y vocación de servicio público. En un mundo donde las amenazas a la seguridad son cada vez más complejas y transnacionales, estas instituciones tienen una oportunidad histórica para demostrar que la eficacia en el cumplimiento de la ley y la protección de derechos no son objetivos contradictorios, sino complementarios. El éxito o el fracaso en esta misión tendrá profundas implicaciones para la calidad de nuestras democracias y la legitimidad de la función policial en las décadas venideras, recordando siempre que las prácticas policiales deben ser coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos y el respeto por la dignidad humana.
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