Por Gala Barrezueta G.
Abogada por la Universidad Andrés Bello. Con intereses en el Derecho Migratorio y los Derechos Humanos. En 2017 fue fundadora y directora de la ONG Migramigos. Actualmente trabaja en la Comisión de Migraciones de Convergencia Social y como voluntaria en la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Estamos a pocos días del cierre de las inscripciones de candidaturas de Convencionales Constituyentes y a lo largo de este proceso hemos conocido distintas propuestas de candidatos y candidatas que buscan representar a diferentes agrupaciones sociales, desde funcionarios de la salud, trabajadores, compañeras feministas y profesores constitucionalistas.
Dentro de estos grupos están los y las migrantes e inmigrantes que viven en Chile, que representan el 2,5% del total de acuerdo con el último padrón electoral del SERVEL, existiendo 380 mil extranjeros residentes en Chile con derecho a voto.
No estando este debate exento de polémicas, no podemos hacer vista gorda a la discusión de fondo sobre este asunto. Y es que, a pesar de que en Chile se ha instalado el mito de la “ola migratoria” desde el año 2015 en adelante, lo cierto es que la migración existe desde mucho antes, lo que hace que la población en Chile tenga un carácter multicultural, que debiese traducirse -por lo tanto- a una ciudadanía con el mismo carácter multinacional y, además, transnacional.
Esto en la práctica no ha sido así. A lo largo de este “proceso pre-constituyente” hemos visto una serie de denuncias por parte de distintas organizaciones migrantes, que señalan haber sido excluidas por el SERVEL. Esta institución ha hecho una interpretación restrictiva del concepto de ciudadanía, impidiendo que migrantes habilitados/as para sufragar puedan patrocinar candidaturas de independientes, esto producto de la aplicación del artículo 14 de la ley 18.700 que señala que “el patrocinio de candidaturas independientes se deberá suscribir ante notario por CIUDADANOS con derecho a sufragio….”, impidiendo entonces que los migrantes con derecho a voto puedan patrocinar candidaturas por no ser considerados “ciudadanos”.
Otro tema es el escenario que viven los chilenos que habitan en el extranjero, quienes luego de haber visto rechazado el proyecto de ley que buscaba la creación del distrito de chilenos en el extranjero que les permitiera representación directa en la CC, se han organizado en diversas agrupaciones transnacionales, como la agrupación Chilemigra, apoyando a candidatos/as que puedan llevar a esta instancia sus propuestas e inquietudes.
Lo cierto es que los migrantes son parte de este ‘nuevo Chile’, por lo que el negarle los derechos políticos que tienen como tal no sólo atenta contra el ejercicio de sus derechos fundamentales, sino que va en contra de lo establecido en nuestra Constitución en cuanto a la igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos, para todas y todos.
Por lo tanto, no sólo sería un despropósito, sino también una contradicción el permitir, por una parte, a ciudadanos migrantes su participación en la elección de representantes, pero negarles su derecho a ser elegidos como tal, impidiéndoles además su posibilidad de patrocinar otras candidaturas independientes.
Con todo, esperamos que este proceso constituyente concluya con una Convención Constitucional que efectivamente represente a todas las minorías de este nuevo Chile, promoviendo un respeto y promoción de los DDHH como marco normativo para todas y todos, dejando de lado discursos de odio y racismo que nada aportan frente a este importante momento histórico que vive nuestro país.
