Los abogados defensores de los derechos humanos en China: El oficio incómodo para el régimen

Por Francisco Javier Rodríguez.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Abogado postulante. Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Coparmex Metropolitano. Comunicador y columnista para varios medios escritos en México.


El 9 de julio del 2015, China comenzó un ataque sistemático contra activistas y defensores de Derechos Humanos en todo el país.

El activismo y las diferencias con el régimen constituyen una manera de contrariar la ley en la China Continental, cuyos fundamentos políticos e ideológicos están garantizados por la hegemonía en el poder.  Desde su fundación, el Estado chino -como cualquier régimen comunista- establecería los fundamentos que le darían forma institucional al nuevo Estado resultante de la guerra civil que finalizó en 1949; de modo que cualquier diferencia es considerada como una amenaza contra “lo establecido”.

En la China moderna, el activismo, la diferencia de creencias religiosas o la oposición contra el régimen son alertas que pueden minar la autoridad del Gobierno. De hecho, las investigaciones e interrogatorios que inicia la policía china abarcan a los investigados y sus familias.

En efecto, desde julio del 2015, más de 200 abogados y activistas han sido interrogados, recluidos o acusados formalmente por el Gobierno chino. De hecho, los medios de comunicación han calificado a los abogados y activistas por los Derechos Humanos como miembros de “una banda delictiva” y alborotadores.

Los motivos por los que el Gobierno chino inició esta campaña contra los abogados y activistas se reducen a uno: la oposición legítima contra el Gobierno. Es por ello por lo que muchos de ellos enfrentan cargos por intentar “subvertir el gobierno del Estado”.

Como lo comentamos en líneas anteriores, las investigaciones y los actos de vigilancia alcanzan a las familias de los investigados: madres, padres, hermanos, hijos e hijas también son sospechosos de los mismos delitos. Pero esa circunstancia no ha sido impedimento para que los familiares encaren valientemente al Gobierno en defensa propia y de sus parientes bajo investigación.

Los juicios iniciados contra activistas y abogados normalmente se limitan a delitos contra el orden y la seguridad nacional. Todos los activistas son considerados como “alborotadores” que merecen un castigo. En el fondo, lo que busca el Gobierno chino es sancionar la defensa pacífica de los Derechos Humanos en aras del orden y la paz social.

Desgraciadamente, la comunidad internacional no ha tenido acceso a los distintos juicios a los que han sido sometidos los activistas y abogados. Es gracias a las denuncias de los investigados, procesados y sus familias, o de organismos internacionales, que el mundo se ha enterado de las violaciones sistemáticas de los Derechos Fundamentales en China.

Y pese a que Pekín ha sido requerido para que informe sobre la situación de los Derechos Humanos, nada importante se ha informado al respecto. Los chinos son así: herméticos y cautelosos con los que pasa dentro de sus fronteras. Basta recordar lo que pasó a principios del 2020 cuando la pandemia del “bichito 19” empezaba a salirse de control sin que el Gobierno aceptara esa realidad hasta que las circunstancias obligaron a los chinos a aceptar lo que pasaba en su país. Otro factor importante: varios de los juicios contra activistas y abogados se celebran en secreto.

A título de ejemplo está el caso de dos destacados defensores de ciudadanos chinos, quienes fueron juzgados por el delito de “subversión”. Familiares de los defensores de los Derechos Humanos Xu Zhiyong y Ding Jiaxi manifestaron a varios medios de comunicación occidentales que los juicios de estos dos defensores se ventilaron en secreto. Los simpatizantes que intentaron asistir a las audiencias fueron expulsados de sus habitaciones a mitad de la noche.

Según estadísticas oficiales, bajo el gobierno de Xi Jinping, la intolerancia hacia los defensores de los Derechos Humanos ha crecido hasta el punto de que -incluso- las meras opiniones en privado pueden dar lugar a duras sanciones, so pretexto de salvaguardar la seguridad nacional.

Todavía en el 2023 se dieron a conocer varias sentencias condenatorias contra activistas y abogados opositores al Gobierno de Pekín. Si nos diéramos a la tarea de citar ejemplos sobre el número de juicios iniciados contra opositores, sin duda, nuestra lista no tendría fin, pues los distintos testimonios que documentarían las violaciones sistemáticas a los Derechos Fundamentales de los procesados en China serían interminables.

A pesar de que China es considerada actualmente como una superpotencia, las prácticas arbitrarias en que incurre su aparato de justicia nos muestran una especie de totalitarismo judicial que busca proteger la estabilidad de un régimen, cuyo estilo de gobierno no ha cambiado desde el siglo XX. La forma tan peculiar de administrar y procurar justicia, las jerarquías autoritarias que imperan en la burocracia del gobierno chino y el Partido Comunista han sentado las bases de una organización jurídico-política que amenaza con perpetuarse a lo largo del tiempo sin que los ciudadanos chinos sean capaces de oponerse legítimamente a este cúmulo de arbitrariedades propias de la Guerra Fría.