Por Paloma Infante Mujica
Licenciada en Derecho, Universidad de Chile. Abogado. Master of Laws en Derecho Ambiental de la New York University. Becaria Fulbright. Actualmente se desempeña como fiscal instructora de la Unidad de Instrucción del Procedimiento Sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entre los años 2006 y 2011 trabajó en
el Grupo de Recursos Naturales, Minería y Energía de Carey y Cía. Forma parte del Grupo de Medio Ambiente del Vance Center for International Justice Institute y de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados.
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Durante el año 2009, miles de portadores del virus de Hepatitis C en Chile no habían sido notificados de su condición por falencias en el sistema de salud. La Fundación Pro Bono Chile, junto con la ayuda, tiempo y el valioso esfuerzo de abogados del sector privado decidieron pelear la causa y exigir al Ministerio de Salud que se tomaran las medidas necesarias para informar a los afectados y prevenir futuros contagios. Hace ya casi 10 años atrás, 120 familias de escasos recursos de la comuna Padre Hurtado compraron terrenos a una sociedad en la que el alcalde de esa comuna en aquella época era uno de los beneficiarios. Sin embargo, la propiedad nunca pudo ser inscrita ya que los terrenos comprados estaban embargados. Luego de buscar ayuda legal por distintos medios, las familias afectadas llegaron a la Fundación Pro Bono Chile, la que con la colaboración de destacados abogados particulares se hizo cargo del caso logrando a la fecha avanzar en establecer las responsabilidades civiles y penales que corresponden y, lo más importante, darle soporte a las víctimas.
Estos ejemplos son parte de los cientos de casos en los que abogados de prestigiosos estudios, con poco tiempo pero muchas ganas de colaborar, han ayudado a personas de escasos recursos que no tienen los medios para pagar un abogado. Si bien la Corporación de Asistencia Judicial, -por la que todo proyecto de abogado debe pasar para hacer la práctica profesional como requisito para titularse-, tiene como principal objetivo prestar asesoría legal gratuita a quienes no tienen los medios económicos para pagar un abogado, también es cierto que dado el gran número de causas que se tramitan anualmente y la falta de experiencia de los recién egresados, el trabajo que se hace no es de la mejor calidad. También es cierto que hay un rango de personas que no califican para ser atendidas por la Corporación pero que tampoco puede solventar los gastos legales que un juicio más complejo implique. Para estos casos fue creada en el año 2000 la Fundación Pro Bono Chile, de la cual he sido coordinadora y me siento parte.
En Chile, la idea de armar una red organizada de apoyo legal surgió desde un grupo de jóvenes e idealistas abogados con la inquietud de hacer “algo más”. Hoy no cabe duda que el trabajo pro bono (y no sólo aquel que se ha institucionalizado a través de la Fundación), es y debe ser parte fundamental en la práctica de un abogado. Como siempre comento de manera irónica entre mis pares, los abogados somos un grupo privilegiado porque “lamentablemente en Chile, el sistema exige que necesitemos abogados para casi todo, hasta para morir”. Y creo que, por lo mismo, debemos hacernos cargo también de apoyar a los más vulnerables y de destrabar el sistema que muchas veces por falta de información hace que los trámites más simples terminen costando mucho esfuerzo y dinero.
Hoy la Fundación cuenta con más de 50 estudios y 250 abogados independientes asociados en Chile y forma parte de la Red Pro Bono Internacional que incluye a más de 500 firmas en toda América. Además de los diversos casos que se llevan en Chile y que incluyen temas de discriminación, discapacidad, ayuda a pequeños y medianos empresarios y bullying, entre otros, el trabajo se ha ampliado al sistema interamericano de derechos humanos con la idea de capacitar a abogados de la práctica privada para que puedan representar a víctimas en este ámbito.
Para que se hagan una idea de lo potente de este concepto en otros países, en Nueva York por ejemplo, a contar del 2013 será requisito obligatorio demostrar 50 horas de trabajo pro bono calificado para rendir el bar exam. Asimismo, en la escuela de derecho de Harvard se exige a todos los Juris Doctor contribuir con al menos 40 horas de trabajo pro bono como requisito para graduarse. La Declaración Pro Bono para las Américas, de la cual los más importantes estudios jurídicos de Latino América forman parte, pide que los firmantes comprometan un mínimo de 20 horas legales pro bono al año. Sólo 20 horas anuales que serán cargadas pro bono, y no pro lucro.
En resumen, como abogados tenemos un enorme privilegio y por lo mismo, nos corresponde una tremenda obligación: no hacernos los locos con lo que pasa más allá de nuestras cómodas sillas y asumir la responsabilidad social que nos hemos ganado.
