LWYR Revista para el mundo de los abogados
Por Monserrat Moya.
Abogada especialista en Fundaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro de Estudio 150.
Recientemente, hemos sido testigos de un acuerdo provisional alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para terminar con el “greenwashing” o lavado de imagen, fortaleciendo las normas de protección al consumidor, específicamente enfocadas en combatir la publicidad engañosa. En dicho acuerdo, se prohibirán las declaraciones medioambientales genéricas y otros trucos comerciales engañosos.
El greenwashing es un término que surgió en la década de los 80’, difundido por Jay Westerveld, quien denunció que un lujoso hotel en Fiji llamaba a reutilizar las toallas para evitar el gasto de agua. Sin embargo, el complejo hotelero se encontraba en plena expansión en la isla, provocando destrucción del medio ambiente.
Paul Hawken ha definido greenwashing como “la construcción de una ciudad global esmeralda en la que todas las cosas irradian una tonalidad verde que hace sentir bien al consumidor que compra felizmente mientras canturrea las tonadillas favoritas de sus empresas”. Greenpeace, por su parte, expresa que el concepto se da “cuando las empresas invierten más tiempo en promocionarse como sostenibles que en trabajar realmente en iniciativas ambientales o de inclusión social».
En este contexto, el paso que da la UE es relevante, ya que tiene como fin disminuir los efectos sociales y ambientales negativos y mejorar la calidad de información que entregan las empresas a los consumidores. Con ello se pondría fin a declaraciones medioambientales genéricas como “amistoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutro” o “eco”, sin pruebas de excelente desempeño ambiental reconocido. Así se evita incitar al consumidor a reemplazar los consumibles, como los cartuchos de tinta de la impresora, antes de lo estrictamente necesario; se prohíbe presentar bienes como reparables que en realidad no lo son, a las etiquetas de sostenibilidad que no se basan en sistemas de certificación aprobados ni establecidos por autoridades públicas, entre otras medidas.
En Chile existe un proyecto de Ley (PL) que busca previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen (boletín 15044-12). El PL ingresó a la Cámara de Diputados en moción parlamentaria el 31 de mayo de 2022. No obstante, se encuentra aún en el primer trámite constitucional sin movimiento desde el 11 de enero del año en curso.
El greenwashing no solamente daña la confianza de los consumidores, mientras abunda la publicidad con tintes de sostenibilidad, sin un contrapeso de que lo que se publicite sea real, sino que -además- es un acto vil y egoísta de quienes aprovechándose del desconocimiento y falta de fiscalización de lo que promueven, utilizan el medio ambiente, como justificación para aumentar sus ventas y prestigio. Pero lo que es aún más grave en países como Chile, es que está dentro de los 10 países que menos financiamiento dedican a la conservación en todo el mundo.
Por lo que es fundamental regular esta materia, ya que se requiere un cambio real en la forma de producir bienes y servicios, motivando la sustentabilidad y cumplimiento de las metas para alcanzar el carbono neutralidad al 2050.