Por Ricardo Antonio Gaido.
Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Con diploma de Especialización en Derecho Administrativo de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.
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Siguiendo con la línea de análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteado en el artículo anterior respecto de la “Planificación Urbana para ciudades sostenibles”[1], es dable destacar que ante el nuevo contexto social globalizado y la falta de consolidación de las instituciones públicas, Naciones Unidas con miras al año 2030 ha planteado un objetivo en materia de ‘Paz, Justicia e instituciones Sólidas’ (Objetivo N.º 16); receptor, a mi entender, de tres ejes temáticos que engloban la noción de gobierno abierto, administración electrónica y participación y control ciudadano.
Conceptualmente, el Gobierno Abierto, se encuentra definido en la ‘Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto’ aprobada por el CLAD, el 7 y 8 de julio de 2016 en Bogotá – Colombia[2] como “…el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”.
Así, podemos describirlo en base a tres caracteres: bidireccional, horizontal y cooperativo.
El primero de ellos, alude desafiar las viejas corrientes administrativistas que hablaban de una relación de sujeción de los ciudadanos a la Administración; tendiendo actualmente a una mayor inclusión de la ciudadanía en materia de gestión pública a través de diversos instrumentos tales como la apertura de datos (open data) y apertura de procesos y políticas públicas (open process), vinculado a la transparencia como principio rector de esta nueva gobernanza.
Esa idea, implica una relación de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que se traduce en una horizontalidad entre la actividad administrativa desempeñada por los poderes públicos y las demandas y sugerencias plantadas por la sociedad en su conjunto.
Consecuentemente, conlleva una actitud activa del ciudadano, basado en las ideas de consenso, participación y cooperación con la Administración, en miras de una actuación administrativa eficiente y eficaz; lo que indefectiblemente se traduce en el nacimiento de derechos y obligaciones recíprocos.
Por otro lado, íntimamente relacionado con lo expuesto, debemos hablar de la ‘administración electrónica’ que se traduce en uno de los medios que permite acercar la gestión de gobierno a la población, logrado por los procesos de modernización y los avances tecnológicos y herramientas innovadoras.
La idea central del e-gobierno es la optimización de los recursos –tanto materiales, electrónicos y humanos- con que cuenta la Administración con el fin de agilizar las respuestas que demanda la ciudadanía en materia de prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana. Vinculado a ello, el art. 10 de la ‘Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública’[3], prevé que “con el fin de incrementar la calidad, accesibilidad y eficacia de la participación ciudadana en la gestión pública, los poderes públicos promoverán la adaptación y la universalización del acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas para la participación de los ciudadanos y ciudadanas”.
Como ejemplo de ello, podemos mencionar los portales de administración electrónica de los diversos países, gobiernos provinciales y locales (páginas oficiales) como las plataformas digitales creadas al efecto; a través de los cuales, no solo se puede acceder a una diversidad de información pública (v. gr. declaraciones juradas de los funcionarios, estadísticas y censos y programas de inversión y asistencia, entre otros) sino que le permite al ciudadano realizar trámites, formalizar reclamos y emitir opiniones y/o sugerencias respecto de determinados temas de interés general.
Ahora bien, en ese contexto, en el cual reconocemos los esfuerzos que vienen desarrollando las Administraciones públicas para lograr el acercamiento deseado -entre Administración y ciudadano- tal y como se plantea desde Naciones Unidas como meta para el futuro, no debemos dejar de pensar en cuáles son las problemáticas que se presentan en la actualidad.
Ello, requiere pensar si en el afán de lograr la interconexión electrónica no afectamos derechos fundamentales; como, asimismo, si la sociedad está capacitada para recibir, procesar y traducir la información a la cual se puede acceder y, finalmente, en ese contexto, participar y colaborar en la gestión pública de gobierno.
En consecuencia, son diversos los problemas a tener en cuenta y sobre los que se debe actuar para el logro de los objetivos en materia de gobierno abierto y administración electrónica.
Hay que partir de la generación y la calidad del conocimiento, pieza fundamental para que el ciudadano se presente en el escenario que la modernización implica como un miembro participativo; lo cual, a su vez, tiene que ver con el acceso a los medios electrónicos o digitales y la capacidad de manejo de los mismos lo que exhorta a pensar en las personas mayores de edad, los grupos más vulnerables (por desigualdades económicas y/o sociales), personas minusválidas o con capacidades diferentes y las comunidades aborígenes.
Asimismo, y pensando idealmente en una sociedad totalmente homogénea, existen cuestiones técnicas a resolver que tienen que ver con el acceso y la calidad de la red y la velocidad en la transferencia de datos que provoca una desigualdad entre las zonas rurales y urbanas.
Para la puesta en marcha, se debe resolver en primer término, los problemas de inclusión e igualdad; reconociendo en esas nuevas tecnologías un nuevo eje estructural de la desigualdad.
Existen innumerables estudios que han analizado las temáticas planteadas[4], por lo cual, se ha abierto un gran debate respecto de cómo las administraciones deben actuar para el logro de los objetivos en materia de instituciones sólidas.
Por ello, resulta de vital importancia la evaluación de implementación de la e- Administración que permita ver sus errores y fortalecer sus virtudes, sabiendo que “…la Administración pública debe seguir organizándose para la realización del Bienestar”[5], y en este devenir, la utilización de las tecnologías, debe servir para que la transparencia y el buen gobierno que constituyen los nuevos estándares de la gestión pública.
[1] https://www.lwyr.cl/opinion/planificacion-urbana-para-ciudades-sostenibles/
[2] httpss://www.clad.org/noticias/27-contenido-destacado/688-el-clad-aprueba-una-nueva-carta-iberoamericana-en-materia-de-gobierno-abierto
[3] https://old.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana/view
[4] https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/SGT/e-Administracion.pdf
[5] Rivero Ortega, Ricardo. (2015). Derecho Administrativo Económico (séptima edición) Editorial Marcial Pons, 142.
