Por Carolina Álvarez.
Abogada. Effective Compliance Programs, University of Pennsylvania.
En el último año, el país ha experimentado una transformación significativa en el ámbito del compliance con la modificación de la Ley 20.393, a través de la Ley 21.595. Este cambio legislativo ha marcado un hito en el enfoque del país hacia la prevención y sanción de delitos económicos, destacando un compromiso con la ética y la responsabilidad corporativa. A un año de su implementación, es crucial analizar cómo esta reforma ha reformulado el panorama del compliance en el país, los desafíos que ha planteado y las oportunidades que ha generado para las empresas.
La normativa, promulgada en 2009, producto de recomendaciones de la OCDE en el proceso de entrada de Chile a esta organización, establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de delitos económicos, pero era una legislación que, en su momento, se percibía como insuficiente en términos de prevención y disuasión. La Ley 21.595, en vigor desde agosto de 2023, ha introducido una serie de modificaciones cruciales, reforzando los mecanismos de prevención y fortaleciendo los requisitos para los programas de cumplimiento.
Entre los cambios más significativos, la legislación sobre Delitos Económicos enfatiza la necesidad de que las empresas implementen programas de cumplimiento más robustos y multidimensionales. Estos programas deben no solo prevenir delitos, sino también fomentar una cultura de ética y responsabilidad dentro de la organización. Se ha trasladado el foco de la mera sanción a la prevención activa, buscando asegurar que las empresas no solo cumplan con la normativa, sino que también se comprometan con los valores de integridad y transparencia.
Desafíos para las empresas
Uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas bajo la nueva legislación es la adaptación a los requisitos más estrictos en cuanto a la implementación de programas de cumplimiento. La normativa sobre Delitos Económicosno solo requiere que las empresas establezcan políticas de prevención, sino que también exige la creación de estructuras internas dedicadas a la supervisión y a la implementación efectiva de estas políticas. Esto implica la necesidad de invertir en formación continua para el personal, así como en la contratación de expertos en compliance que garanticen el cumplimiento adecuado.
Además, la disposición introduce la obligación de realizar auditorías periódicas y de mantener registros detallados sobre las acciones tomadas en relación con el compliance. Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, este puede ser un desafío considerable en términos de recursos y capacidad administrativa.
Oportunidades en la reforma del Compliance
A pesar de los desafíos, la Ley 21.595 también ofrece oportunidades para las empresas que logren adaptarse a los nuevos requisitos. Implementar un programa de cumplimiento sólido puede no solo proteger a una empresa de multas y sanciones, sino que también puede convertirse en una ventaja competitiva. Un enfoque proactivo en el compliance puede mejorar la reputación de la empresa y fortalecer la confianza de los clientes, inversionistas y socios comerciales.
La nueva legislación fomenta una cultura corporativa orientada a la ética, lo que puede traducirse en un ambiente de trabajo más transparente y justo. Las empresas que se comprometan genuinamente con estos principios pueden ver mejoras en la moral de los empleados y en la calidad de las relaciones comerciales, lo que a su vez puede contribuir a una mayor estabilidad y éxito a largo plazo.
Para que los programas de cumplimiento sean efectivos, deben ser transversales y adaptarse a las características específicas de cada empresa. No basta con cumplir con los requisitos legales mínimos; es fundamental que estos programas estén integrados en la cultura corporativa y sean una parte esencial de la gestión empresarial diaria, dejando de estar meramente en el papel.
Un programa de cumplimiento efectivo debe incluir políticas claras, mecanismos de reporte confidenciales, y procesos para la investigación y resolución de incidentes. También debe fomentar la participación activa de la alta dirección, que debe liderar con el ejemplo y demostrar un compromiso genuino con los principios de cumplimiento.
La mencionada normativaha marcado un avance significativo en la regulación de los delitos económicos en el país, desplazando el enfoque desde la mera sanción hacia una cultura de prevención y ética. Aunque la adaptación a estos nuevos requisitos presenta desafíos, también ofrece oportunidades para que las empresas refuercen su compromiso con la integridad y la responsabilidad.
Para aprovechar al máximo estas oportunidades, las empresas deben desarrollar e implementar programas de cumplimiento efectivos que no solo cumplan con las obligaciones legales, sino que también promuevan una cultura de ética en todas las áreas de su operación. En última instancia, el éxito en el cumplimiento de la Ley 21.595 no solo protegerá a las empresas de sanciones, sino que también contribuirá a un entorno de negocios más transparente y equitativo en la nación.
