Por Pía Balbontín Díaz.
Abogada con especialización internacional en Derechos Humanos y Políticas. Máster en Formación Permanente en Derechos Fundamentales.
El pasado domingo de 28 de julio, más de 7,7 millones de la diáspora venezolana anhelaban volver a su tierra luego de las elecciones celebradas durante esa jornada.
Días previos, eran fuerte los rumores que el dictador Nicolás Maduro Moros- junto a su grupo de criminales con poder- saltarían el bastón de Bolívar, cuya pesadilla trajo como resultado el esperado: no entrar oficialmente los resultados que daban por ganador de Edmundo González, candidato de la oposición.
En una semana, Venezuela inició una guerra civil y los diferentes países con sentido democrático y de promoción a los Derechos Humanos han condenado el accionar de Nicolás Maduro.
En el caso chileno, nuestro Presidente Gabriel Boric fue de los primeros que públicamente no reconoció el resultado presentado por Maduro y compañía, lo que trajo como consecuencia el quiebre en las relaciones diplomáticas. Sin embargo, a la fecha tampoco ha reconocido el resultado que ha publicado la oposición y que da por ganador a González, el candidato apoyado por la líder María Corona Machado.
Desde el año 2019, Chile ha comenzado una crisis migratoria nunca vista en la historia de nuestro país. Durante la primera mitad del siglo XX, la migración chilena española que escapaba la dictadura de Franco, así como el resto de los países como Alemania, Croacia, Francia, entre otros, que venían alejándose de los estragos de la I y II Guerra Mundial, ingresaron al país en su mayoría por vía marítima, cuyos registros aduaneros y migratorios eran controlados y regulados por las autoridades de la época.
Sin embargo, la ola migratoria que ha ingresado a Chile en los últimos 7 años ha sido concentrada en su mayoría por migración irregular o solicitantes de refugio, cuyo ingreso ha sido principalmente por vía terrestre en las fronteras del desierto con frontera entre Arica y Perú, como Colchane y Bolivia. Existen otros puntos fronterizos en el acceso de la región del Maule con conexión terrestre hacia Argentina, como también lo hay en la Patagonia, pero dichos ingresos son menores.
No es secreto a voces que Bolivia ha sido uno de los actores responsables de permitir el acceso clandestino hacia nuestro país, pues no han realizado en sus territorios controles ex ante. La misma situación ocurre en Brasil desde Guyana.
Hoy en día, la crisis migratoria en Chile ha traído no solo aumento y exportación en tipos punitivos que no se veían antes en nuestra historia, sino que el aumento en la pobreza ha sido exponencial. A lo anterior, se suma que desde que entró a gobernar Gabriel Boric, la crisis migratoria también se ha agudizado y problematizado desde lo institucional, con dilatación de procesos regulares, denegación de procedimiento fuera del marco del Derecho y un sin número de casos que llevado a que actualmente nuestro Poder Judicial haya considerado como causas masivas, con medidas de conocimiento de las mismas de forma especial. A su vez, la inexistencia de procesos de regularización extraordinarios para personas trabajadoras que vienen a aportar en lo económico y social y con arraigo familiar, mientras procede expulsiones ejecutadas a personas inocentes, no así aplicadas a criminales.
Pero con el actual quiebre de relaciones diplomáticas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un llamado a que Chile va a recibir refugiados venezolanos, proponiendo en la región “cuota de ellos”. Sin embargo, ha pasado más de una semana y no se ha anunciado cuáles van a ser los protocolos que se van a adoptar y las modificaciones que se deben ejecutar a la actual ley 20.430 sobre Refugios, como tampoco la solución fáctica a los venezolanos que no pueden volver y que encuentran de forma irregular en nuestro territorio nacional, sin posibilidad de acceder al Refugio tras condiciones que fueron impuestas de forma ilegal y arbitraria por la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema y que se tradujo la modificación a los requisitos del refugio en la Ley No. 21.655. Y el problema tiene una respuesta matriz: el Partido Comunista de Chile.
El Gobierno de Chile tiene dos almas: el Partido Comunista y el Frente Amplio junto al Socialismo Democrático, o ex Concertación, los cuales -frente al contexto geopolítico- el alma más asociada a la izquierda no condena a Cuba o Venezuela como dictaduras, menos como regímenes totalitarios. En ese sentido, es difícil que funcionarios que están gobernando en carteras ministeriales de Interior y Defensa puedan dar solución a la actual crisis, si a sus víctimas (cubanos y venezolanos) no se les reconoce como tal y, como consecuencia, no serían refugiados para la visión del gobierno. La situación es complicada y para contribuir a la paz en la región, Chile debe tomar una decisión, la que no sólo puede salvar a nuestro país, sino que darle seguridad a cientos de personas que vienen arrancando de una guerra que ellos no pidieron tener.
