Por Yudy Tunjano Gutiérrez.
Abogada colombiana y chilena. Máster en Derecho de la Empresa (PUC) y Máster Compliance Officer (UCM), certificada en ISO 31000 y 19600. Fue elegida en el año 2015 en Chile como la mejor abogada en el área de fusiones, adquisiciones y gobierno corporativo por la revista británica Chambers and Partners. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área legal y de cumplimiento normativo de empresas multinacionales de variados rubros en Chile, Colombia y Panamá. Es miembro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo de España (CUMPLEN), de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa) y socia de BECOMPLIANCE, la consultora más grande en cumplimiento normativo de Iberoamérica.
El tráfico de personas ha alcanzado dimensiones asombrosas en todo el mundo. En el último informe sobre el Índice Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AML), que publicó el Instituto de Basilea el pasado mes de julio, afirma que la trata de personas es la tercera fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado después del tráfico de drogas y armas, generando aproximadamente 150 mil millones de dólares en ganancias cada año[1].
Es una actividad criminal de la que todos podemos ser testigos en algún momento sin darnos cuenta. La trata de personas es un delito en el que la víctima está a merced de otra persona con fines de explotación, aunque puede no ser tan perceptible para el ciudadano común como el narcotráfico o el tráfico de armas, debido a la capacidad del crimen organizado para ocultar sus operaciones o al sometimiento de las víctimas, que les impide denunciar y acceder a la justicia, entre otras razones.
Latinoamérica es una de las regiones con mayor número de casos. Según el Informe Global sobre Trata de Personas del año 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD),[2] dos de los factores de riesgo identificados golpean particularmente a la región.
Los conflictos armados y las crisis sociales de los últimos años han incrementado la vulnerabilidad a la trata de personas, debido al debilitamiento del Estado de Derecho que ocasiona. Además, incrementan la cantidad de personas en situaciones desesperadas en que la precariedad económica combinada con el limitado acceso a los servicios básicos ocasiona que sea blanco fácil de los explotadores. El segundo factor son los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos y el trágico éxodo de migrantes venezolanos hacia otros países de Latinoamérica, que hacen que el riesgo de explotación, especialmente sexual y de trabajos o servicios forzados aumente, siendo las mujeres y las niñas las principales víctimas.
Por ejemplo, las autoridades en Colombia han señalado que en 2019 la explotación sexual de migrantes venezolanas fue la causa del 74% de los casos de trata de personas y que el 87% de ese total estaba constituido por mujeres de diferentes edades. Las cifras son similares en otros países de América Latina.
La mayoría de las veces las víctimas son captadas mediante engaños, con ofertas laborales fraudulentas de mafias que les ofrecen empleos en el exterior con llamativas remuneraciones económicas, vivienda y traslado a un nuevo país o ciudad. No obstante, cuando llegan al destino ofrecido, estas mujeres son despojadas de sus documentos de identidad, incomunicadas, encerradas, sometidas a múltiples y diversas formas de violencia, para luego venderlas como mercancía. Paralelamente, las aterrorizan con atentar contra su integridad o la de su familia, obligándolas a mantenerse en el negocio, impávidas, sin poder denunciar ni defenderse. Y, en algunos casos en los que aquellas mujeres logran escapar y denunciar los hechos de tráfico ilegal a la justicia, se tienen que enfrentar a procesos legales donde se les cuestiona o indaga su vida sexual y los motivos por haber caído en esa red, exponiéndose a la revictimización y al sometimiento de nuevos martirios, pero -esta vez- por parte de los mismos agentes del Estado.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, ratificada a mayo de 2020 por 176 estados, constituye una importante herramienta para facilitar la cooperación internacional, principalmente en cuanto al manejo de información para lograr la investigación, judicialización y condenas de las bandas criminales dedicadas a estos delitos.
Resolver este problema y llevar alivio a sus muchas víctimas sólo será posible mediante esfuerzos cooperativos entre los diversos gobiernos del mundo y también entre los gobiernos y la sociedad civil, incluidas las ONG, ya que es un flagelo transnacional de consecuencias devastadoras a nivel global.
De igual manera, para mejorar la respuesta judicial contra la trata de personas, la ONUDD desarrolló un programa de capacitación para fiscales y magistrados en la región. Un esfuerzo que empieza a dar sus primeros resultados. En septiembre de 2018, un tribunal colombiano pronunció la primera condena por trata de personas con fines de servidumbre doméstica en contra de una colombiana que explotaba a una mujer indígena de 18 años. El fiscal que investigó el caso había sido capacitado por la ONUDD.
El tráfico para fines de explotación sexual trae irreversibles consecuencias a las mujeres. Estas quedan expuestas a todo tipo de enfermedades de trasmisión sexual y VIH, además sufren ataques físicos y sexuales por parte de los clientes y por los mismos reclutadores, tienen que lidiar con constantes amenazas o intimidaciones por todo el periodo que permanecen en régimen de esclavitud sexual, además de destinar todo el dinero que recaudan para pagar la deuda contraída con los proxenetas.
¡Es urgente que nos movilicemos y actuemos!
[1] httpss://www.baselgovernance.org/basel-aml-index
[2]httpss://www.unodc.org/unodc/es/frontpage/2019/January/la-trata-de-personas–una-herramienta-de-los-grupos-armados-para-financiar-sus-actividades_-informe-de-unodc.html?ref=fs1
