
Por Francisco Javier Rodríguez.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Abogado postulante. Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Coparmex Metropolitano. Comunicador y columnista para varios medios escritos en México.
El 7 de octubre de 2023 el mundo recibió la noticia de un ataque ejecutado por Hamás contra varios puntos de territorio israelí. La reacción de este país fue prácticamente inmediata, lo que originó el inicio de nuevas hostilidades declaradas entre Gaza-Israel.
La noticia no es nueva, por el contrario, es tan vieja como la fundación del Estado de Israel en 1948. Desde entonces, Israel, como todo mundo lo sabe, ha ocupado (colonizado) varios territorios de Palestina. Lo ocurrido el 7 de octubre no es un estallido o un ataque de odio. Es una tragedia de alguna manera provocada por quienes hoy querrían vestirse de víctimas.
Desde la retirada de Israel del 2005, la Franja de Gaza ha sufrido continuos ataques por parte de Tzahal (fuerzas de defensa de Israel) que han provocado muchísimas bajas. Entre el 2008 y el 6 de octubre del 2023, el Tzahal mató a más de 6 mil palestinos, de ellos más de 5 mil en Gaza. En la franja de Gaza, los refugiados palestinos son cerca de un millón y medio, más de la mitad de la población. La tasa de desempleo en la región es del 50% y el 80% de la población vive en condiciones de pobreza. El PIB no ha dejado de disminuir en los últimos años, lo que convierte a la intervención humanitaria de la UNRWA en una cuestión de supervivencia. En concreto, Gaza es una Franja rodeada, cercada por una barrera de alambres electrificados que aíslan y someten a su población a condiciones de vida que tarde o temprano terminarán con la muerte de muchos de ellos.
Según el artículo II de la Convención de la ONU de 1948, se entiende por genocidio cualquier acto cometido “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Se trata de todo un proceso planeado y ejecutado para acabar con un grupo de la población que cumple con ciertas características específicas que lo hace vulnerable ante el odio o el rechazo de unos cuantos.
Desde la creación de la figura del genocidio en 1948, la calificación de este delito no es jurídica, sino política, pues la clasificación de determinados hechos como genocidio es una tarea que ha absorbido la ONU a través del grupo de países que han estado a la cabeza desde su creación. Los acontecimientos históricos que han sido calificados como genocidio son el resultado de cientos de interpretaciones jurídicas a cargo de expertos, así como de la presión de la comunidad internacional para obligar a la ONU a declarar el genocidio ante las pruebas materiales que son evidentes ante los ojos de todo el mundo.
En el caso de Gaza, desde octubre del año pasado, se habla de conflicto Gaza-Israel, de guerra Gaza-Israel, pero nunca de invasión, ni del exterminio sistemático de que ha sido objeto la población gazatí a causa de la ocupación que Israel aún ostenta sobre territorios palestinos. Ese es el punto. Los países occidentales que apoyan a Israel no se atreven a hablar de genocidio, sino que ese término es evitado como en el pasado, sobre todo si tomamos en cuenta que países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania son algunos de los proveedores de armas de Israel para continuar con el conflicto Gaza-Israel.
A principios de enero de este año, la Corte Internacional de Justicia de la ONU reconoció en su orden del 26 de enero del 2024 que la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica es cuando menos atendible y ha instado a Israel a tomar todas las medidas a su alcance para impedir que su ejército cometa actos de genocidio en la Franja de Gaza. Durante los tres meses siguientes a esa orden, la situación empeoró y, a finales de marzo, la misma Corte ha emitido una segunda orden para evitar la hambruna que se ha institucionalizado en la Gaza devastada. El 20 de mayo, el Fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención contra Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa israelí Yoav Gallan. Israel ha hecho caso omiso de estas órdenes, y continúa con su campaña homicida; pero sus aliados occidentales, evidentemente, no han hecho nada para impedirlo, sino que se mostraron escandalizados por esta medida.
En concreto, la situación de Gaza parece que no ha alcanzado la madurez suficiente para que el mundo (Occidental) reconozca que es una tierra donde se ha sembrado el genocidio desde el siglo XX, que la extinción, en este caso, de un grupo étnico también puede perpetrarse usando medios distintos a la guerra, como es el caso del cerco que sufre Gaza a manos de Israel, sumando al bloqueo de alimentos y medicinas que no pueden ingresar a territorio gazatí si Israel no lo autoriza.
En pleno siglo XXI, la aplicación efectiva de la convención de la ONU de 1948 carece de los medios coercitivos necesarios para ejecutarse ante los países que en nuestros días cometen delitos de carácter internacional.
La protección de los derechos humanos a la integridad física y a la vida de los habitantes de Gaza no cuenta actualmente con una protección efectiva, pese a que existen los mecanismos legales suficientes que declaran lo contrario. En materia internacional, la legislación protectora de los derechos humanos precisa del respaldo de la comunidad internacional, no así de los países que dirigen la ONU. En suma, la comunidad internacional en general debe implementar lo mecanismos legales idóneos, dotados de coercibilidad suficiente para que los organismos encargados de impartir justicia a nivel supranacional cuenten con el respaldo y la seguridad de que sus resoluciones serán cumplidas y ejecutadas aún en contra de la voluntad de los países u organismos juzgados.