Por Daniel Bartlett Burguera.
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Como es sabido y viene aquejando la literatura jurídica nacional desde hace varias décadas, Chile, a diferencia de otros países de tradición continental, no posee una jurisdicción contencioso-administrativa especial. Es decir, concentrada en unos determinados tribunales que sólo conozcan de esa materia.
Con claridad puede observarse la delimitación de jurisdicciones especiales civiles, criminales y laborales. No así en cuanto a la jurisdicción constitucional –desperdigada entre la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional- ni menos la administrativa (o contencioso-administrativa, tal como se la conoce en la literatura europea) que se caracteriza en Chile por su impronta fragmentaria.
La creación de unos tribunales administrativos especiales fue considerada por la Constitución de 1925; pero fue una idea que nunca llegó a materializarse por el legislador, y además, su previsión constitucional fue eliminada en 1989. Ese mismo año, la facultad de conocer las contiendas entre los particulares y la Administración del Estado, sus organismos y municipalidades, fue atribuida finalmente a los tribunales determinados por ley (la justicia ordinaria).
Fruto de la evolución que ha ido experimentando la Justicia Administrativa en las últimas décadas, encontramos un modelo disperso y multiforme, en el que pueden encontrarse:
i) Los jueces de letras en lo civil que conocen en primera instancia de los contenciosos generales de nulidad (art. 7 de la Constitución) y de responsabilidad (art. 38 de la Constitución);
ii) Cortes de Apelaciones que enjuician las acciones especiales de nulidad en primera instancia;
iii) El Tribunal Constitucional, que tiene un peso importante en relación a los derechos fundamentales, y sobre todo la revisión de constitucionalidad de los decretos supremos;
iv) La Corte Suprema, Sala Tercera, que conoce recursos de casación sobre aspectos propios del Derecho Administrativo;
v) Tribunales especiales (Panel de Expertos, Tribunales Ambientales, etc.) dentro y fuera del Poder Judicial, que examinan cuestiones muy específicas y delimitadas, también relacionadas con la mencionada rama del Derecho.
A lo anterior se añadirían otros organismos públicos que, aún sin tener competencias estrictamente jurisdiccionales, también entran a conocer asuntos relativos al Derecho Público, resolviendo así controversias entre un particular y la Administración.
En los últimos tiempos, ha aflorado el interés por estudiar los aspectos que dicen relación con la justicia administrativa en el ámbito académico. La necesidad de considerar reglas y principios diversos a los del Derecho Privado, resulta crucial desde el punto de vista teórico y práctico. De esta forma, se han organizado varios coloquios, jornadas académicas, mesas de discusión que han tratado temas específicos alrededor de esa temática.
No obstante ello, pocas han sido las oportunidades en las que, de manera global, se hayan abordado los aspectos concernientes a ello en forma de cursos de pregrado o postgrado, que arrojen una visión panorámica pero específica al mismo tiempo, de la justicia administrativa. En consecuencia, se hace necesario analizar cuál es la situación de la litigación administrativa en Chile, analizando desde la teoría y la práctica, algunas de las más relevantes acciones contencioso-administrativas, así como las líneas jurisprudenciales derivadas de los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial o de fuera de éste.
Para quienes pueda interesar el dato, el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho UC ofrece a partir del mes de abril de este año el Diplomado en Litigación Administrativa, en el que se analizarán, de manera sistemática, los más importantes órganos con competencias contencioso-administrativas (tales como la Corte Suprema, el TC, las Cortes de Apelaciones o algunos Tribunales Especiales como el de Contratación Pública o los Tribunales Ambientales), las principales acciones o recursos, y las líneas jurisprudenciales relacionadas con las más relevantes cuestiones que se susciten al interior de dichos órganos.
Además de ello, se examinarán algunas de las instituciones más importantes relativas a lo contencioso administrativo, tales como la prueba, las medidas cautelares o los principios específicos aplicables al procedimiento, así como también se efectuará una mirada general al derecho comparado (Francia y Estados Unidos).
Por último, el Diplomado cuenta con un cuerpo especializado de docentes con destacada trayectoria profesional y/o académica, quienes impartirán los temas que componen esta actividad académica de educación continua, contribuyendo a la actualización de abogados, jueces y otros profesionales del Derecho interesados en la litigación administrativa.
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Enlace de interés: https://extensionderecho.uc.cl/Diplomados/diplomado-en-litigacion-administrativa.html
