Por Marcela Inzunza.
Abogada por la Universidad Central, con estudios de Postgrado en las Universidades Católica de Chile, de Chile, de Yale y de Pennsylvania. Se ha desempeñado en el sector público y en el privado, donde desde hace algunos años ha llegado al nicho de los laboratorios farmacéuticos. Además, es directora y vicepresidenta de Comités Técnicos de la World Compliance Association, Embajadora de Her Global Impact y mentora en Inspiring Girls Chile y WoomUp.
Los gobernantes talibanes de Afganistán ordenaron una prohibición indefinida de la educación universitaria para las mujeres del país. Esta aberrante situación se produce menos de tres meses después de que miles de niñas y mujeres se presentaran a los exámenes de ingreso a la universidad en todo el país, y muchas aspiran a elegir Ingeniería y Medicina como futuras carreras.
Si bien a la mayoría de las adolescentes afganas ya se les ha prohibido la educación secundaria, lo que limita severamente la admisión a la universidad, muchas todavía tenían la esperanza de que la educación siguiera siendo accesible.
Después de la toma de Afganistán por los islamistas de línea dura en agosto del año pasado, las universidades se vieron obligadas a implementar nuevas reglas, incluidas aulas y entradas segregadas por género, y a las mujeres solo se les permitió ser enseñadas por profesoras u hombres mayores.
A lo anterior, se suma que las mujeres han sido expulsadas de muchos empleos gubernamentales o se les paga un salario reducido para quedarse en casa. También se les prohíbe viajar sin un pariente masculino, y deben cubrirse fuera de la casa, idealmente con un burka. En noviembre se les prohibió ir a parques, ferias de atracciones, gimnasios y baños públicos.
La educación es un derecho humano fundamental. Una puerta cerrada a la educación de las mujeres es una puerta cerrada al futuro no solo de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto.
Debemos condenar en los términos más enérgicos la decisión indefendible de los talibanes de prohibir a las mujeres el acceso a las universidades, mantener las escuelas secundarias cerradas a las niñas y continuar imponiendo otras restricciones a la capacidad de las mujeres y niñas en Afganistán para ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales.
La comunidad internacional ha reconocido la igualdad de derechos a una educación de calidad para todos y se ha comprometido a lograr la igualdad de género en todos los ámbitos, incluida la educación, mediante su aceptación del derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa que los Estados tienen la obligación legal de eliminar todas las barreras discriminatorias, ya existan en la ley o en la vida cotidiana, y de adoptar medidas positivas para lograr la igualdad, incluso en el acceso, dentro y a través de la educación.
El derecho a la educación sobre la base de la no discriminación y la igualdad es un derecho reconocido en virtud de las normas de derechos humanos. Las disposiciones relativas a la igualdad de género en la educación pueden encontrarse tanto en tratados internacionales generales como específicos, así como en tratados concertados en la mayoría de las regiones del mundo.
Todas las disposiciones relacionadas con la no discriminación conllevan obligaciones inmediatas y se consideran una obligación básica mínima, lo que significa que los Estados deben tomar medidas inmediatas con carácter prioritario. Esto implica que los Estados tienen la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y específicas, de acuerdo con el máximo de recursos disponibles, para avanzar rápida y efectivamente hacia la plena realización del derecho a la educación.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979, CEDAW) es el único tratado jurídicamente vinculante a nivel internacional que se centra exclusivamente en los derechos de las mujeres. Interpreta y aplica el derecho a la educación de una manera que considere las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y las niñas. El artículo 10 de la Convención es la disposición más completa sobre el derecho de las mujeres y las niñas a la educación en el derecho internacional. Establece el contenido normativo en relación con la eliminación de la discriminación en la esfera de la educación, en particular: las mismas condiciones de acceso a estudios y diplomas en todos los niveles educativos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales; la misma calidad de educación; la eliminación de cualquier concepto estereotipado de las funciones del hombre y la mujer; las mismas oportunidades para beneficiarse de becas y otras ayudas al estudio; el mismo acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización, en particular, los destinados a reducir la brecha de género en la educación; la reducción de las tasas de deserción escolar femenina y los programas para mujeres y niñas que han abandonado prematuramente la escuela; la misma oportunidad de participar en deportes y educación física, y el acceso a información educativa sobre salud, incluido el asesoramiento sobre planificación familiar.
La educación como “derecho multiplicador”
Las mujeres y las niñas son titulares de derechos y, como tales, tienen derecho al pleno ejercicio y al disfrute en condiciones de igualdad del derecho a la educación. Sin embargo, además de ser un derecho fundamental en sí mismo, el derecho a la educación es un «derecho multiplicador» y, por lo tanto, fundamental para permitirles beneficiarse y reclamar otros derechos clave, como los relacionados con el trabajo, la propiedad, la participación política, el acceso a la justicia, la protección contra la violencia y la salud, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Las niñas que reciben más educación tienen menos probabilidades de casarse cuando son niñas y de quedar embarazadas y ser madres jóvenes. Según Plan International, una niña en un país de bajos ingresos que recibe siete años de educación se casa cuatro años después en promedio, y tiene menos hijos y más sanos. Según la UNESCO, los hijos de madres alfabetizadas tienen más del 50% más de probabilidades de vivir más allá de los cinco años. También hay beneficios significativos para la salud de las niñas y las mujeres, con pruebas considerables de que un aumento en la educación de la madre reduce la probabilidad de morir en el parto.
Garantizar una educación de calidad para todas las niñas también aumenta la cantidad que pueden ganar y contrarresta la continua feminización de la pobreza. Según el Grupo Banco Mundial (GBM), un año de educación secundaria para una niña puede significar hasta un aumento del 25% en los salarios más adelante en la vida. Los beneficios de esto se transmiten a sus hijos, ya que las mujeres tienden a reinvertir el 90% de sus ingresos en sus familias.
Los estudios han demostrado sistemáticamente que la educación de las niñas genera beneficios significativos y de gran alcance no sólo para las propias mujeres y sus familias, sino también para sus sociedades y economías. Se ha demostrado que la educación de las niñas tiene un poderoso impacto en el crecimiento económico. Según el GBM, un aumento de un punto porcentual en la proporción de mujeres con educación secundaria eleva el producto interno bruto (PIB) promedio en un 0,3%.
La educación puede mejorar las oportunidades de trabajo de las mujeres, lo que a su vez puede repercutir en la reducción de la pobreza. Por ejemplo, en América Latina, cuando la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó 15% en solo una década, la tasa de pobreza disminuyó en 30% (GBM). Alcemos la voz y derribemos las barreras para que cada ser humano acceda a una sociedad más justa y próspera.
