Por Consuelo Sanhueza González.
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En los últimos años, Chile ha concentrado la mayor cantidad de emergencias de Latinoamérica: terremoto y tsunami del “27F”, terremotos en Iquique, el incendio interminable en Valparaíso, las erupciones de los volcanes Chaitén y Villarrica, las inundaciones en el norte con grandes damnificados en la región de Atacama, etc. El Estado ha tenido que asistir y enfrentar estas catástrofes con una improvisada institucionalidad y sin contar con una política pública y social adecuada para afrontar el riesgo de desastres socionaturales.
Más de 600 mil damnificados son apoyados con planes de emergencias y reconstrucción, financiados con fondos alternos aprobados de urgencia por el Ministerio de Hacienda y reprogramando los fondos de la Ley de Presupuestos anual con un destino social, como gastos de emergencia o reconstrucción; haciendo malabares con recursos públicos, modificando prioridades sociales; prioridades sociales no menores que van empobreciendo las regiones de este largo Chile y vulnerando aún más otros sectores.
En el mismo orden, la ONEMI es una institución agotada, sin recursos y, lo que es peor, sin credibilidad alguna por parte de la ciudadanía, lo que fragmenta y daña la confianza social. Cómo olvidar en Arica la alerta de tsunami falsa que sonaba cada media hora en tres días consecutivos para la época de fiestas patrias del año pasado.
Y a pesar de la existencia de protocolos de emergencia y comités nacionales, las decisiones sobre el tema se siguen tomando a nivel central -desde la capital-, perdiendo de vista a los mismos damnificados, tomando decisiones por ellos, quienes se sienten desprotegidos y abandonados desde el desastre, lo que incide en la revictimización de aquellas personas afectadas por una catástrofe. En definitiva, es un modelo de intervención social en desastres naturales de «arriba hacia abajo», como muy bien lo explica la profesora Sonia Pérez Tello, esto es: centrado principalmente en la opinión de expertos en conocimientos científicos, prioriza la intervención del gobierno nacional orientado a la restitución de bienes y servicios básicos, siendo insuficiente cuando no incorpora a los sujetos del riesgo mismo, siendo ellos por sus prácticas cotidianas quienes conocen la forma de mitigar dichos riesgos, una visión «desde abajo hacia arriba».
A la catástrofe natural le sigue la social, por una nula capacidad de acción de los municipios, gobernaciones y gobiernos regionales; así como la falta de institucionalidad y de los recursos adecuados para enfrentar una catástrofe y la poco valorada participación ciudadana en la generación de mecanismos de solución de controversias ante vulnerabilidades socionaturales, lo que representa una pérdida de capital social instalado en la sociedad civil y los ciudadanos.
Un claro ejemplo de ello lo entrega el analista estratégico Jonatan Díaz Herrera, quien destaca lo ocurrido el año 2010 en Santiago, específicamente en la Villa Olímpica, que fue profundamente afectada por el terremoto del 27F. Para los ñuñoinos fue mucho más complejo canalizar la ayuda estatal, porque “se trataba de habitantes de Ñuñoa”, clase media donde supuestamente la ficha de protección social no daba para canalizar la ayuda o iniciar el proceso de reconstrucción. Hasta el día de hoy, por esos pequeños pasajes, aún permanecen las marcas que recuerdan ese difícil episodio. Sin embargo en la Villa Olímpica aún se siente ese calor de barrio, esos gestos entre vecinos, el sentido de comunidad, es claramente un territorio socialmente construido, ajeno a muchas realidades de Santiago y de Chile, lejano al territorio normativo y a la vida de los actuales condominios, donde los vecinos no se conocen, como es mi caso en la ciudad de Arica.
Este autoconocimiento, de la relación con lo traumático, es lo que generó resiliencia, lo que permitió una rápida organización y que, a pesar de la poca respuesta del nivel central, encontraron los medios propios para reconstruir primero aquellos lazos de fraternidad y la convicción de que podían trabajar unidos, que ante el abandono del nivel político no queda más que la generosidad entre vecinos. La ayuda llegó tarde, pero la ciudadanía reaccionó oportunamente.
Es en base a lo anterior que un gobierno municipal debe ser capaz de identificar estos territorios socialmente construidos, verificar la vulnerabilidad de infraestructura y fortalecer la capacidad de los ciudadanos. Y una vez que se obtiene ese catastro de información, que debiera reproducirse en todo el país, es posible prevenir un desastre socionatural, no en cuanto a sus efectos inevitables, pero sí de aquellos donde los seres humanos podemos hacer bastante: la prevención.
En segundo lugar, a nivel central deben ser capaces de comprender que la institucionalidad está agotada y que necesitamos de un órgano descentralizado y desconcentrado, con patrimonio propio, que administre los recursos para los procesos de emergencia y reconstrucción, que cuente con la capacidad técnica de articulación del nivel político, pero también a nivel ciudadano. Dicha institucionalidad, por Ley de Presupuesto anual, debe considerar recursos suficientes y mecanismos de financiamiento adecuados para enfrentar una emergencia, con sistemas de reconstrucción anticipados que cuenten con la adecuada flexibilidad para adaptarse a los posibles escenarios de reconstrucción y fortalecer la participación ciudadana y la incidencia social en aquellas vulnerabilidades de desastre socionaturales, generando desde ya conciencia.
