- Eso opina la abogada Francisca Barrientos, quien desde la dirección de la Academia de Derecho y Consumo de la U. Diego Portales considera que en la actualidad hay una serie de instituciones desmojaradas que generan desprotección al consumidor.
Pertenece a una nueva generación de abogados en Chile y eso se nota de entrada. Su actitud desenvuelta, opiniones asertivas y su real interés por aportar a la sociedad de la que forma parte han permitido orientar la actividad profesional de la abogada Francisca Barrientos.
Ella en la actualidad es directora de la Academia de Derecho y Consumo, ADECO, que es un proyecto amparado bajo el alero de la Fundación Fernando Fueyo Laneri, de la U. Diego Portales, que reúne a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, quienes organizan, coordinan y comentan temas de consumo, a través del desarrollo de diversos proyectos.
Desde esa tribuna ha sido testigo privilegiada del acontecer nacional e internacional en materia de Derecho de Consumo, lo que le ha permitido analizar y hacerse una opinión clara sobre esta temática que cada día adquiere mayor importancia entre las personas.
– ¿Cómo se interesó en el Derecho del Consumidor como área de investigación jurídica?
– El consumo representa novedad, cambio y actualidad. Siempre nos dijeron que el Código Civil o los contratos que allí se regulan eran la regla general, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Pocos conocen la ley 19.496 y es necesario que se sepa y se aplique para fortalecer los derechos de todos nosotros: los consumidores.
– Desde ese punto de vista, ¿cómo nace la ADECO?
– Provengo de un ambiente en que siempre se reconoció el valor del trabajo intelectual y, de alguna manera, estaba presente la idea de que lo otorgado tenía que ser devuelto. Por eso, y porque no entiendo la labor universitaria sin academia, me extrañó mucho que en la UDP no hubieran iniciativas similares de colaboración entre profesores y alumnos. Así surge ADECO. Junto con ello, tuve la suerte de contar con alumnos y alumnas muy interesados, responsables y que hasta el día de doy siguen trabajando –muy duro– en los temas de la Academia.
– A nivel universitario, ¿se ha incorporado el Derecho de Consumo (o del consumidor) como ramo optativo en las universidades chilenas?
– La verdad es que ahora hay muy pocas universidades que no lo contemplan en sus mallas de pregrado, aunque muchas casas de estudios lo consideran como un ramo de postgrado, ya sea en sus magísteres de derecho civil, derecho privado o derecho de la empresa. Incluso, nosotros estamos preparando un diplomado en derecho del consumo. Y esto muestra que se trata de un área de trabajo para muchos abogados o abogadas que antes no se conocía. En realidad, creo que nosotros recién nos dimos cuenta de que existen una serie de profesionales que trabajaban en el consumo, ya sea en el asesoramiento o en la litigación.
– A nivel comparado, ¿dónde existe un mayor desarrollo y aplicabilidad práctica de esta disciplina?
– Hay que distinguir. Existen sistemas que fusionan el derecho del consumo con mercados técnicos especializados como, por ejemplo, el financiero o sanitario. Nosotros somos parte de eso. Así, el asesoramiento o compliance legal forma parte del ejercicio de la profesión. Otros, como en Norteamérica, proliferan los juicios colectivos. Y esto es lo que se espera que ocurra en nuestro país. De este modo, es posible ver cómo se abre una amplia gama de posibilidades en torno a esta disciplina.
– Yendo a la práctica, ¿cómo ha operado la legislación de protección al consumidor en Chile, teniendo en cuenta los últimos casos como la colusión del papel o de los supermercados?
– Podría decir dos cosas. Primero, que el Sernac y las Asociaciones de Consumidores hacen lo que pueden con las pocas herramientas que tienen. Por eso, la reforma que se aproxima genera tantas expectativas. Y segundo, que es necesario una reforma integral a la ley para solucionar éstos y otros casos de forma más clara. Es cierto que los consumidores están empoderados, pero la verdad es que no queda claro que puedan obtener soluciones satisfactorias para los casos de colusión.
– ¿Qué le parece la reforma de fortalecimiento del Sernac?
– En general, me parece adecuado que se fortalezca al Sernac. Pero desde algún tiempo he dicho que no es lo mismo fortalecer al Sernac que proteger al consumidor. Y creo que la instauración de un proceso administrativo sancionador es algo necesario, que se requiere, aunque no para todos los casos. Pero, antes de ello, se podría haber trabajado en la elaboración de una reforma profunda de los derechos de los consumidores, pues hay una serie de instituciones desmojaradas que generan desprotección, como la garantía legal, el derecho de retracto, el acto mixto, la onerosidad del consumidor, la regulación de los derechos financieros, el establecimiento de la responsabilidad por servicios, la nula aplicación del Sello Sernac, la descoordinación de las cobranzas extrajudiciales con otras leyes, etc.
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FICHA TÉCNICA
Nombre: Doctora Francisca María Barrientos Camus.
Universidad de Egreso: Universidad de los Andes.
Actividad actual: Universidad Diego Portales.
Un profesor a quien recuerde y admire de la universidad: Hernán Corral y Jorge Baraona, por su integridad.
Una abogada a quien admire: las profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, por su inteligencia en todo sentido.
Los casos de colusión le generan: Rabia como consumidora e interés como investigadora.
A la Ley de Protección de Consumidor le falta: De todo.
Como mujer y abogada, la ley de cuotas la considera: Necesaria. Soy de la generación que ha peleado por todo y frente a todos.
A la enseñanza del Derecho le sobra: Es más fácil contestar lo que falta. Por ejemplo, adaptarse a las nuevas realidades, enseñarles a los alumnos a construir argumentos coherentes más que contestar las pruebas o exámenes, potenciar habilidades blandas, entre otros.
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