El 13 de junio de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.455, Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), marcando el inicio de un ambicioso plan para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, adaptarse a los efectos al cambio climático, y cumplir los compromisos internacionales del país. “En el contexto internacional, la ley ha sido favorablemente recibida ya que su elaboración consideró las recomendaciones internacionales en materia de legislación climática, e incluso significó que Chile fuera evaluado dentro de los 10 países con mejor calificación en materia de cambio climático por el Climate Change Performance Index”, señala Paulina Sandoval en esta entrevista para LWYR.
Texto: Equipo LWYR
Imágenes: Andrés Cabezas para LWYR
Este mes se cumplen dos años de la publicación de la LMCC y, para conocer el impacto de dicha iniciativa y su estado de implementación, LWYR conversó con Paulina Sandoval (PS) y Robert Currie Ríos (RC), quienes desde el Ministerio del Medio Ambiente, como exfiscal y ex Jefe de Legislación y Regulación, respectivamente, lideraron la redacción y tramitación de la ley hasta su total aprobación.
Hace dos años, en esta misma plataforma, Robert destacaba la importancia de esta ley: “El cambio climático es un fenómeno transversal, multiactor y multinivel, y la ley lo aborda precisamente de esa manera. Por lo anterior, implica un cambio de paradigma en la gestión del cambio climático, dejando de ser un problema ambiental para transformarse en responsabilidad de todos los órganos de la Administración del Estado. Aquí radica su gran relevancia y a la vez, su mayor desafío, que es precisamente que dichos órganos internalicen su deber de incorporar la variable climática en su actuar”.
¿Cómo evalúan los efectos de la LMCC a dos años de publicación?
PS: Tal como se señala precedentemente, en el contexto internacional, la ley ha sido favorablemente recibida, e incluso significó que Chile fuera evaluado favorablemente en materia de cambio climático por el Climate Change Performance Index. No obstante, mantener dicha calificación ahora ya depende de su implementación y de las medidas concretas que se adopten para cumplir los compromisos adoptados.
RC: En el plano nacional, con la LMCC buscábamos un cambio de paradigma en la gestión climática, donde ya no recayera todo en el Ministerio del Medio Ambiente, sino que se entregaran competencias y responsabilidades especificas a múltiples organismos de la Administración del Estado para enfrentar un problema transversal. Creo que eso se ha logrado plenamente. Hoy vemos como diversos ministerios elaboran sus instrumentos de gestión del cambio climático, incorporan a la ciudadanía en dichos procesos, e integran a funcionarios dedicados a estas temáticas en sus estructuras organizacionales. Esto es clave para lograr las transformaciones que el país requiere para un desarrollo sostenible y resiliente al clima.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Chile en la implementación de la LMCC, considerando su compromiso de alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el 2050?
PS: Si consideramos que se trata de una ley sumamente ambiciosa desde el punto de vista de las obligaciones que impone a los distintos órganos del Estado, me parece que el principal desafío está en su puesta en marcha, la que no sólo comprende la dictación o modificación de más de 10 reglamentos, sino que también la dictación de 19 planes sectoriales de cambio climático. Sin perjuicio que el Ministerio del Medio Ambiente ha avanzado decididamente en la elaboración y dictación de reglamentos, aún se encuentra pendiente más de la mitad. Por su parte, el avance de los distintos planes sectoriales también presenta retraso ya que la gran mayoría se encuentra en una etapa inicial de elaboración, no obstante el plazo legal de dictación se cumple ahora en el mes de junio.
Claramente, ello se debe a que los plazos que contempló el legislador fueron bastante acotados y a que se requiere un cambio de mentalidad en la manera de incorporar la variable de cambio climático en las decisiones de política pública, lo que sin duda requiere de un tiempo de adaptación.
Respecto a los planes sectoriales de mitigación y adaptación ¿qué elementos podrían ser los más críticos?
RC: Los planes sectoriales de mitigación tienen metas claras definidas en los presupuestos sectoriales de emisiones de GEI que, a su vez, están asignados en la Estrategia Climática de Largo Plazo. En este contexto, las medidas tienen que velar por no superar la cantidad máxima de emisiones asignada y el desafío radicará en un seguimiento adecuado en su implementación, que permita medir su real efectividad. Asimismo, alcanzar la “carbono neutralidad” no solo supone reducir la emisión de GEI sino que también aumentar las capturas. Por tanto, es esencial avanzar en la gestión de nuestros sumideros de carbono, especialmente los bosques, mediante medidas adecuadas de forestación, restauración y reforestación, y donde el Ministerio de Agricultura juega un rol preponderante.
Por otra parte, hay que considerar que es una realidad que las emisiones siguen aumentando a nivel global por lo que, aun cumpliendo nuestras metas de mitigación, el país se verá gravemente afectado por los efectos del cambio climático. Por tanto, es clave avanzar en la implementación de los planes de adaptación, particularmente en materia de recursos hídricos, donde el Ministerio de Obras Públicas debe avanzar en su respectivo plan, así como en los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuenca creados por la LMCC y en actual proceso de elaboración.
¿Cuáles son los riesgos que enfrentan las empresas como consecuencia de este fenómeno?
PS: Los principales son los riesgos físicos y de transición. Los riesgos físicos son aquellos asociados a la ocurrencia de eventos climáticos extremos y los efectos que estos pueden ocasionar en sus operaciones, como por ejemplo en la provisión de recursos naturales, la salud de los trabajadores, las cadenas de suministro, o en su propiedad o infraestructura. Por su parte, los riesgos de transición son aquellos que se producen por el tránsito a una economía baja en carbono y resiliente al clima, como es el caso de los riesgos regulatorios por el aumento de normativa para reducir emisiones o adaptarse al clima, las modificaciones tecnológicas, los cambios en las preferencias de consumidores e inversionistas, entre otras.
RC: Otros riesgos significativos son los judiciales y reputacionales. Con la incorporación de la variable cambio climático al SEIA, ya han surgido casos de proyectos que han sufrido reveses judiciales por no haber considerado adecuadamente este elemento. Asimismo, al menos a nivel internacional, empiezan a crecer los litigios climáticos por falta de acciones concretas en la materia. En cuanto a los riesgos reputacionales, se puede afectar la imagen y valor de la marca de la empresa, cuando no hay una conexión con un sentido de responsabilidad ambiental. Lo anterior, además, modifica las decisiones de consumo de sus clientes.
¿Qué papel juegan las empresas en la implementación de la LMCC?
PS: Tienen un rol fundamental, ya que deben identificar los riesgos que las afectan o pueden llegar a afectarles, y adoptar medidas adecuadas para anticiparse y mitigarlos. Es así como el rol de las empresas es fundamental en la elaboración de los distintos planes sectoriales ya que tienen la oportunidad de participar y presentar observaciones a las medidas de mitigación o adaptación que se proponen y que son aquellas que en definitiva pueden significar la imposición de obligaciones que les pueden aplicar directamente. Asimismo, tienen un rol preponderante en la identificación de dichos riesgos durante la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, lo que sin duda es una oportunidad de planificar proyectos que sean resilientes en un contexto climático dinámico y altamente cambiante.RC: También hay que destacar el rol que ha jugado la Norma de Carácter General 461 de la Comisión para el Mercado Financiero que obliga a las empresas reguladas a reportar los riesgos y oportunidades que el cambio climático significa para sus operaciones, así como dichas materias son tratadas a nivel de directorio e incorporadas en los procesos de evaluación y definiciones estratégicas corporativas. Según algunos estudios, el 42% de las empresas que reportaron el año 2023 identificaron riesgos del cambio climático que afectan su negocio, por lo que es bastante relevante si consideramos el amplio espectro de sectores que dichos reportes comprenden. Aun cuando la CMF ha señalado que fue más complejo de lo esperado la identificación de dichos riesgos, me parece que el hecho que las empresas deban identificar y reportar públicamente los riesgos del cambio climático contribuye significativamente a que estén preparadas de mejor manera y puedan anticiparse a dichos riesgos y mitigarlos adecuadamente.
