¿Desconexión en el mercado de servicios legales?

Por Andrés Jara

Socio de Alster Legal

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Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de participar del Foro Legal Market organizado por Thomson Reuters y Alster Legal. En dicha instancia pudimos apreciar una realidad intuida, pero no declarada. Me refiero a la aparente desconexión que existe entre prestadores de servicios legales y departamentos legales de empresas. En efecto, parece ser que las realidades de ambos mundos son paralelas y no necesariamente concordantes. Es más, parece que hubiésemos sido testigos de contradicciones elocuentes, donde estudios jurídicos y departamentos legales no coincidían en una visión común respecto de la relación que debían construir.

Si bien desde hace ya algún tiempo hemos venido manifestando la necesidad de que los estudios jurídicos y prestadores de servicios legales adopten metodologías de trabajo que los acerquen, visualizamos que la tendencia de mercado sigue inalterada y un fiel testimonio de ello fue la dinámica entre representantes de ambos sectores. Unos solicitaban mayor transparencia y modificación de las formas de cobro, no traspasar costos innecesarios como oficinas fastuosas, incorporar técnicas de trabajo propias del mundo de los proyectos y empezar a conversar respecto de diversidad. Otros, en cambio, protegían su modelo, solicitaban comprender su estructura de costos, manifestaban que sus talentos son el motivo por el cual sus formas de cobro se justifican, restringían la discusión de la diversidad a la equiparidad de género y se mostraban escépticos respecto del uso de tecnologías para mejorar sus procesos internos y la transparencia de información hacia sus clientes.

Sin duda hay camino por recorrer, especialmente, por parte de aquellos que nos posicionamos como prestadores de servicios en esta industria. Las conversaciones sostenidas en el foro no distan en absoluto de las temáticas abordadas en países desarrollados, particularmente, en lo que refiere a la modificación de los sistemas de cobro de honorarios, la incorporación de Legal Project Management, la introducción de tecnologías como una herramienta para ejecutar de formas más eficiente trabajos estandarizables y generar un flujo más transparente de información de cara al cliente y, desde luego, la diversidad entendida en su más amplia extensión.

Me preguntarán por qué son tan relevantes estos elementos si durante siglos los servicios legales han sido prestados sin alternaciones, a la medida de situaciones y por intermedio de profesionales entrenados para enfrentarse con flexibilidad y dinamismo a situaciones complejas e inciertas. Pues bien, mi respuesta a ese planteamiento radica en la estructura actual del mercado de servicios legales, donde existen funcionalidades que -dadas las tecnologías disponibles y las metodologías de trabajo de áreas como la administración y la ingeniería- permiten identificar tareas que carecen de esa cualidad tan especial que antes las tildaba de esporádicas, únicas y a la medida. Hoy la digitalización, el acceso a la información, la rapidez y facilidad con que se pueden ejecutar tareas que antes estaba monopolizadas por abogados genera una presión ineludible sobre los actores del mercado.

Los departamentos legales de las empresas han tomado un rol preponderante, lo que se ratifica por medio de estudios que han sido publicados en el último tiempo (Idealis Reports publicado en Diario Financiero; CEE 2017 Corporate Handbook; Thomson Reuters Legal Tracker LOD Index; entre otros). La realidad de estas unidades de soporte organizacional es que deben ejecutar “más con menos”, lo que implica que en un entorno normativo cada día más complejo, requieren la necesaria ayuda de prestadores de servicios externos alineados con los intereses de la empresa, que comprendan de forma adecuada las restricciones de borde que implica el uso de sus servicios y que construyan propuestas de valor que hagan sostenibles sus relaciones. Al respecto, los departamentos legales hoy imponen condiciones, exigen que cada día más se migre del sistema de cobro por horas y se propongan nuevas fórmulas de fijar honorarios, requieren que sus prestadores se alineen con sus políticas corporativas de responsabilidad social empresarial, diversidad, no competencia y muchas otras, y solicitan que se incorporen medidas que puedan garantizar la eficiencia efectiva.

De tal manera, ¿cómo puede un prestador de servicios hacerse cargo de estos nuevos requerimientos? Pues bien, por medio de (i) desarrollo de áreas multidisciplinarias que permitan garantizar que los procesos y protocolos de trabajo de los abogados sean los requeridos por el cliente, incorporando métricas de control que escapan de la hora efectivamente trabajada; (ii) modificando sus sistemas de incentivos, induciendo conductas al resultado y agregación de valor y no a facturación; (iii) incorporando tecnologías de información que les permitan gestionar el conocimiento y, especialmente, liderar el cambio cultural en sus clientes; (iv) diseñar políticas de inclusión y diversidad, como también identificar puntos de conexión y colaboración con las políticas de responsabilidad social de los clientes a quienes sirven. Estas y otras medidas son las que garantizarán el futuro de los prestadores de servicios legales y permitirán potenciar las relaciones con departamentos legales del mañana.