Por Francisco Gallardo Silvero.
Alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Extremadura, España.
En este nuevo artículo vamos a poner el punto de mira en la carga de la prueba y en la presunción de inocencia.
La prueba en el proceso penal es toda aquella actividad encaminada a procurar la convicción del Juez sobre los hechos afirmados por las partes en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales (de acusación y defensa).
El que tiene la carga de la prueba en el proceso penal es el acusador, ya que aquel al que se le imputa la comisión del delito goza de la «presunción de inocencia».
Así lo garantiza dicha directiva en su artículo 6.1, donde podemos leer que «Los estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación», es decir, la parte que se encarga de la acusación debe probar dichas afirmaciones.
Añade, además, en el 6.2 que «cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al sospechoso o acusado».
Esto lo conocemos como –In dubio pro reo– que es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al acusado (reo).
Este importante principio refuerza aún más la presunción de inocencia (se presume inocente a todos los sospechosos hasta que se prueba su culpabilidad con arreglo a la ley).
Así lo menciona expresamente la mencionada directiva en su artículo 3, donde expone que «Los estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos y acusados hasta que se prueba su culpabilidad».
Vivimos una época difícil en cuanto a la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Esto se debe a que, en algunos casos, vemos como hay una «inversión en la carga de la prueba» y la «presunción de inocencia» se destruye en muchos casos y para muchas personas con una simple denuncia.
¿Conseguirán estos principios sobrevivir mucho más tiempo?
