Por Franco Retamal Guerraty
Egresado de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral.
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El punto cúlmine de la carrera de Derecho es la entrega del título de abogado por parte de la Corte Suprema, que es un casi un ritual solemne por el cual todos los que estudiamos esta carrera tendremos que pasar. Aparejado a esta ceremonia, se encuentran distintas cargas, obligaciones y decisiones que -a partir de ese punto- debemos hacerles frente. Dentro de estas decisiones tenemos la alternativa de saber si nos colegiamos o no.
¿Cuál es la relevancia de inscribirse en el gremio del Colegio de Abogados A.G? A simple vista pareciera que ninguna. Incorporamos a nuestras mochila de cargas una obligación más, nos autoimponemos estándares de calidad que la ley y la sociedad no nos exige. Entonces, ¿qué atractivo tiene colegiarse? Nuevamente la respuesta pereciese ser ninguna.
Sin embargo, se me vienen a la mente ciertas palabras de mis profesores de la universidad: “colegiarse produce una sensación de seguridad hacia los clientes”. En efecto, al igual que una sociedad anónima cerrada que se somete a la inspección de la Superintendencia de forma voluntaria, con el fin de asegurar una transparencia y una buena ejecución en su actuar, los abogados deben someterse a la fiscalización de algún órgano que regule la práctica del ejercicio profesional.
La autotutela jurídica -en todos sus aspectos- ha fracasado. Necesitamos imperiosamente saber que existe algo más poderoso que nosotros para que nos empuje a elevar nuestras pautas de evaluación profesional y hacernos saber en qué hemos errado. Con tal propósito, creo que la colegiatura surge como una posibilidad fáctica de control interno que podemos usar para beneficio nuestro, de nuestros clientes y, finalmente, de la sociedad.
Hace unos días atrás, observando el canal de YouTube del Poder Judicial, me encontré con un video que iniciaba con el siguiente comentario: “Durante el año 2015, 116 abogados fueron sancionados por no cumplir con sus deberes. Esto es un aumento de un 10% respecto del año anterior”. El comentario anterior realmente preocupa, y no solo al Poder Judicial como dice el video, sino a la comunidad completa. Realizar el encargo encomendado con esmero y diligencia es una concepción básica del ejercicio de la profesión.
Cualquier gestión que se lleve a cabo y no cumpla con las exigencias mínimas anteriores denota una pobreza ética absoluta y una falta de compromiso de una formación profesional íntegra. Pero hay que ser claro, no es solamente culpa del profesional no haber ejecutado el encargo con empeño y observando los estándares de un buen servicio profesional (art. 4 del Código de Ética Profesional). Existe un problema de estructura de la fuente que le entregó los conocimientos. Esto quiere decir que existe un problema de las universidades que forman a los profesionales.
Cuando uno analiza las mallas de la carrera de Derecho de las principales universidades del país, encontramos una gran cantidad de ellas que no imparten un curso mínimo de ética que sea obligatorio. Esto produce como efecto que un número no menor de profesionales egresen sin el sentido de sujeción a las normas mínimas éticas de la profesión, lo que conlleva a un desfortalecimiento de la confianza de la sociedad hacia la profesión de abogado. Y si la sociedad pierde la confianza en el abogado, la pierde igualmente en el sistema judicial, corrompiendo el sistema jurídico completo del país.
Quizás he exacerbado las consecuencias, pero es necesario para hacer notar que tan noble profesión necesita de estándares mínimos de exigencia. Estos estándares solo pueden ser velados por un organismo, en nuestro caso, el Colegio de Abogados A.G., el que desde hace casi un siglo ha estado supervisando la conducta ética de sus miembros.
Para concluir, quisiera decir que necesitamos que las universidades eduquen no solo en las ciencias más clásicas del Derecho. Necesitamos que enseñen cuáles son los parámetros de acción de un abogado para evitar que éstos no incumplan con sus deberes y ello solo se logrará a través del estudio de la ética profesional. Asimismo, que crezca el compromiso de aquellos que no han sido educados en las normas éticas de revisar los textos deontológicos, con el fin de dar un asesoramiento jurídico lo más profesional posible y, de esta forma, contribuir con el mejoramiento de la profesión.
