Por Daniela Vergara.
Abogada por la Universidad Andrés Bello. Con un posgrado en Derecho Publico Global en la Universidad Castilla de la Mancha, España, y partícipe un apartado del libro Derecho de la Moda.
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La consigna de la actual crisis social que vive nuestro país es: Chile despertó de los abusos, desigualdades, injusticias y falta de dignidad. Al parecer también despertó respecto de la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
¿Pero qué sucede respecto de los niños, niñas y adolescentes del SENAME?
La clase política de todos los sectores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversos actores de la sociedad civil han salido a condenar enérgicamente las violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante este mes de manifestaciones sociales. Es más, el martes 29 de octubre llegó a nuestro país una comisión de derechos humanos de la ONU enviada por la alta comisionada de derechos humanos y ex Presidenta Verónica Michelle Bachelet Jeria, la cual tenía como objetivo analizar las posibles violaciones de derechos humanos en las diversas manifestaciones convocadas por la ciudadanía.
Los políticos desde sus diversas tribunas, hasta el ciudadano que usa sus redes sociales como medio de comunicación, señalan “Hoy en Chile se violan los derechos humanos”. Pero esta afirmación no es del todo correcta, pues esta situación no es nueva, ni se originó el 18 de octubre con el estallido social. El Estado de Chile ha violado grave y sistemáticamente por décadas los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del SENAME.
Lo anterior queda demostrado en diversos informes que se han hecho al respecto.
El año 2013 se elaboró el Informe Jeldres, en una colaboración entre el Poder Judicial y Unicef Chile, siendo este liderado por la jueza Mónica Jeldres Salazar. Este informe abarcó 10 regiones, en las cuales se revisó en la práctica el funcionamiento de diferentes centros del SENAME, además de realizar encuestas y entrevistas directas a niños y niñas del SENAME.
El resultado fue desolador, al revelar que 6.500 niños y niñas se encontraban en alto riesgo en el sistema residencial. A pesar de lo significativo de este informe sobre la realidad que viven los menores que están bajo la protección del Estado, no se hizo nada al respecto. Fue entregado al, en ese entonces, juez Hernán Carreño, a diversas organizaciones de derechos humanos, quedando solo en letra muerta, sin ninguna acción concreta para revertir la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes del SENAME.
A raíz de los impactantes resultados del informe Jeldres, en el mismo año 2013 se creó una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados o mejor conocida como Comisión SENAME 1.
Dicha comisión, luego de un año de investigación, elaboró un informe final, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, que vino a ratificar y profundizar lo establecido con anterioridad en el informe Jeldres. Por consiguiente, ambos señalaban que en los diversos centros del SENAME se violaban gravemente los derechos humanos, existiendo malos tratos, torturas, abuso sexual, hacinamiento y nula atención médica a los niños, niñas y adolescentes.
Relacionado con lo anterior, además de evidenciar la realidad antes descrita, el informe elaboró aproximadamente 200 recomendaciones para solucionar las grandes falencias que sufría el Servicio Nacional de Menores. Sin embargo, en la práctica nada se implementó y la crisis siguió agudizándose.
En abril del año 2016, luego de la lamentable muerte de Lissete Villa de 11 años en el establecimiento Cread Galvarino de Estación Central, estalló la denominada crisis del SENAME. A raíz de esta tragedia, en mayo del mismo año, la Cámara de Diputados despachó un oficio a la ex Ministra de Justicia, Mónica Javiera Blanco Suárez, para que informara la cantidad de niños, niñas y adolescentes fallecidos en centros administrados por el SENAME o subvencionados por el Estado. La cifra entregada señalaba un total de 185 fallecidos desde enero de 2005 hasta mayo de 2016, sin incluir las causas de muerte.
Sin embargo, dicha cifra estaba muy por debajo de la realidad, debido a que en octubre de 2016 la ex directora nacional del SENAME, Solange Huerta Reyes, entregó la cifra oficial de fallecidos bajo la protección del SENAME y organismos colaboradores, revelando 1.313 fallecidos, correspondiendo a 865 menores de edad y 448 mayores de edad, sometidos a los programas de dicha institución.
A mediados del año 2016, en medio de la crisis del SENAME, se originó la Comisión SENAME 2, que tenía como principal objetivo evaluar la forma en que el Ejecutivo había atendido a las propuestas contenidas en el Informe aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2014.
Luego de un año de investigaciones, la Comisión SENAME 2 evacuó un informe de 535 páginas, el cual contenía una serie de conclusiones obtenidas con la investigación, siendo la más concluyente que “el Estado de Chile ha incumplido, vergonzosa e inexcusablemente, los preceptos de dicho tratado (Convención de los Derechos del Niño) , por lo que se configura la responsabilidad internacional del Estado, por vulnerar de forma grave y sistemática los derechos y la dignidad de los niños a su cargo”.
Además de las conclusiones, la comisión elaboró 64 propuestas dirigidas al Estado para terminar con las vulneraciones sufridas por los niños, niñas y adolescentes del SENAME.
Es preciso señalar que, de los 13 diputados que participaron en la comisión (de todos los sectores políticos), 12 aprobaron el informe y sólo fue rechazado por el diputado René Saffiro Espinoza. Sin embargo, al momento de votar en sala para su aprobación final, los diputados Claudio Arriagada Macaya, Marcela Hernando Pérez, Ricardo Rincón González que habían aprobado el informe en la comisión, lo rechazaron, mientras que Luis Rocafull López y Camilla Vallejos Dowling se abstuvieron. Finalmente, el informe fue rechazado con 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones.
El principal motivo que adujeron los diputados para abstenerse o rechazar el informe fue que éste no reflejaba la realidad de la vulneración de los derechos de la infancia en Chile, sino que se dirigiría a responsabilizar personalmente a los ex ministros de Justicia José Antonio Gómez Urrutia y Mónica Javiera Blanco Suárez, por lo que -a juicio de algunos diputados- le restaba seriedad y no reflejaba los avances que ha promovido el Ejecutivo en la materia, menospreciando el hecho que el informe reconocía tajantemente la vulneración de los derechos de los niños, la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de los deberes contemplados en la Convención de los Derechos de los Niños y 64 propuestas que la comisión hacia el Estado para evitar que los abusos y violación de derechos en contra de la infancia sigan ocurriendo en nuestro país.
La responsabilidad política de los ex ministros de Justicia no es antojadiza. Se basaban principalmente en que ambos tenían en sus manos el Informe de SENAME 1. Sin embargo, trascurrido dos años desde la elaboración de dicho informe, las medidas propuestas en el mismo no se habían implementado de manera eficiente y sólo entre 30% y 35% de las propuestas hechas por la Comisión investigadora SENAME I habían sido cumplidas por el Ejecutivo y las vulneraciones de derechos en los centros del SENAME se seguían produciendo e incrementando.
Sumados a los informes ya mencionados a lo largo de este artículo, la Policía de Investigaciones de Chile y una Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, también hicieron sus informes sobre la materia, en el año 2017 y junio de 2018, respectivamente.
La comisión de la ONU visitó cuatro hogares de la red del SENAME, dos de administración directa y dos organismos colaboradores, además de múltiples entrevistas a actores del sistema. Por su parte, en el informe de PDI se investigaron 240 hogares del SENAME. En ambos se llegó a la misma conclusión al coincidir que la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están al cuidado del Servicio Nacional de Menores es grave y sistemática, añadiéndose en el informe de la ONU que esta realidad ha existido por 40 años.
Entonces, cabe preguntarse: ¿El sector político define las responsabilidades políticas que se buscan? ¿Los intereses políticos están sobre las vulneraciones de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes? Resulta curioso que en medio del estallido social la prioridad sea la búsqueda de responsabilidades políticas por las vulneraciones de derechos humanos cometidas. Sin embargo, en su momento esto fue la piedra de tope para no aprobar el Informe SENAME 2.
¿Qué habrá motivado a los diputados que, en su momento, aprobaron el informe para después rechazarlo en sala? Esta notable contradicción demuestra el nulo interés de algunos políticos en proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, priorizando intereses particulares por sobre el interés superior de los niños.
Actualmente, toda la clase política -que se vanagloria de ser grandes defensores de los derechos humanos- les debe una disculpa a todos los niños, niñas y adolescentes del SENAME, por haber pasado por alto, durante años, las graves violaciones de sus derechos en los diversos centros de dicho organismo.
Es perentorio que exista en la actual agenda social prioridad al solicitar que el Estado tenga un rol activo en velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, pues son ellos los que sufren a diario las injusticias de un sistema que los olvidó y que, cuando se proclame que éstos son sujetos de derecho, no sea sólo en el papel, sino fundamentalmente en lo fáctico.
