Una notaría de provincia

Por Lorena Quintanilla León

Abogada de la Pontificia Universidad catolica. Notaria Publica titular de San Miguel.

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A veces no se es más que una voz pequeña, periférica y débil, lejos del centro de una discusión acalorada. Como la que sobre las dos reformas legislativas que incidirán en el ámbito notarial y que actualmente se tramitan en el Congreso, ha dejado a algunos actores de todo tipo convertidos en eso, en imperceptibles voces ahogadas por la máquina comunicacional que está operando. A través de las editoriales, cartas al director y artículos de algunos de los principales diarios del país podemos advertir las opiniones negativas que se difunden en relación al gremio y que en desigualdad de condiciones la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile trata de rebatir, siempre bajo la acusación de lobby.

Como Notaria de un pequeño despacho en San Miguel, que si bien está a quince minutos del centro funciona como una “notaría de provincia”, siendo como muchas otras, un servicio de múltiples actividades, donde se mezcla de forma muy singular la actividad profesional y la acción social. Ajena a las acusaciones sobre ganancias excesivas, mi realidad está bastante alejada del discurso oficial y del concepto de notaría que se difunde en la prensa, basada en una imagen generalizadora, que ha sido elaborada echando mano al ejemplo sacado de un par de reportajes de investigación sobre notarías de gran tamaño ubicadas en el centro de Santiago o en las comunas en que reside la población más adinerada de la Región Metropolitana. Sería injusto pensar que esta postergación es un problema sólo mío, ya con mayor fuerza debe golpear a localidades anónimas, distantes de la zona de influencia de las ocho cuadras que rodean el palacio de gobierno, como deben ser las de Cochrane, Hualaihué o Mariquina, por mencionar algunas.

Si bien no soy una adolescente, soy más joven que el promedio de mis colegas y soy mujer, no soy hija o sobrina de…, mi caso al menos niega que el sistema sea inaccesible para aquellos que no tienen el grado de relaciones y el perfil que se supone deben tener. Es por ello que mi imagen, distinta a la del inconsciente colectivo, suele sorprender a los clientes, a quienes -cuando no me conocen- siempre tengo que saludar con una broma, diciéndoles ante su cara de asombro que lamento decepcionarlos, pues sé que esperaban una viejita.

Mi trabajo es prestar un servicio a los ciudadanos del sector sur de la capital, ya sería majadero mencionar sus características, pero ellos no son ni el gran empresariado ni el profesional organizado como sociedad para pagar menos impuestos. Por ello tiene un elemento de contacto humano que es muy distinto al que se evoca, y que es convenientemente ignorado por quienes tienen el deseo de ponerle el “cascabel al gato”, esto es, cortar las supuestas ganancias gigantescas a las que accedemos todos quienes servimos un oficio notarial. Sorprende la liviandad con que se proponen cambios sin considerar el impacto que una modificación como la propuesta pueda tener en las pequeñas notarías y a la larga, en el deterioro del servicio que se le da a las comunidades que no tienen acceso, ya sea por distancia o capacidad económica, y muchas veces por confianza, pues más que gratuidad las personas necesitan un servicio a escala humana, donde puedan explicar sus problemas a personas dispuestas a ayudarlos.

Los ingresos en estas notaría no son altos,  y con ello intento tener a disposición de mi equipo y de mis clientes las mejores condiciones materiales que me son posibles, porque no se puede ahorrar en el trato digno de cada persona, más aún cuando muchos de ellos son gente de trabajo y esfuerzo que no merece ser postergada. En ocho horas pasan frente a nosotros trabajadores despedidos que vienen muchas veces muy molestos a firmar su finiquito, no pocos de los cuales no entienden cuando les pedimos acreditar el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, obligación que está enfocada en su propio beneficio; nos requieren más tarde para confeccionar declaraciones juradas para objetivos públicos y también, en ocasiones, por la necesidad de tener una manifestación personal de voluntad, que si bien no tiene efectos jurídicos, a los intervinientes les causa la misma adhesión que un reglamento o una sentencia; recibir autorizaciones de padres para que viajen sus hijos, o en no pocas oportunidades, permitir a sus hijos menores visitar a sus papás que se encuentran recluidos en algún centro penitenciario, y así un sin número de contratos y pequeñas acciones en que las personas necesitan a alguien de confianza que los acompañe con comprensión en su acción diaria. Sólo en una cantidad inferior realizamos escrituras públicas de mandatos, compraventas, sociedades y otras, ya que los abogados prefieren realizarlas cerca de sus despachos, esto es, en Santiago, Providencia o Las Condes.

Al ser el único abogado en el oficio, todo pasa por mi revisión personal y en todos los casos que autoriza la Ley se debe ayudar a las personas, pues no sólo tienen la necesidad de una firma que certifique la suya, sino de una actuación que sustentada en la confianza pública encauce sus requerimientos de manera adecuada a sus necesidades.

Nuestra rutina no es la de la gran empresa, sino la de la sencillez de una pequeña unidad de trabajo, y por eso atendemos a ciudadanos que llegan a hacer “un papel notarial” indeterminado al que mis funcionarios logran dar forma luego de unas cuantas preguntas. Por nuestra mampara entra quien quiere saber qué se requiere para hacer un testamento porque está enfermo o muy mayor y quiere dejar asegurado a una hija en especial o a su pareja de toda la vida; el que pretende vender su casa, cuya tasación la hace poco atractiva para las instituciones financieras; o el que agobiado por un mal pagador quiere exigir el cumplimiento de un contrato de arriendo, en fin.  Nunca lo hemos hablado con el personal, pero me siento orgullosa de esta labor, creo que ellos igual. Por eso, ya sea que consulten personalmente o por teléfono, a cada cliente se le intenta dar una respuesta respetuosa y razonable. Muchas veces me veo requerida a salir del oficio para tomar la firma de una persona en el hospital, en un centro penitenciario, en el domicilio de aquéllos que no puede desplazarse por problemas de movilidad, constatar los daños de un vehículo, inventariar productos de una empresa para su destrucción, o verificar el tipo de ampolletas instaladas en unas luminarias públicas desde el brazo hidráulico de una camión…como alguna vez me correspondió subida en un brazo mecánico mirando una por una, rogando que no se cayera el artefacto o me dieran en la cabeza con una rama.

Esa es mi realidad y la de quienes que me ayudan en este trabajo, damos respuestas, y aún cuando no sea nuestra labor natural, orientamos. Somos una institución que da confianza, certeza y apoyo al obrero, a la profesora y al pequeño comerciante. No somos una monstruosa maquinaria que recurre para perpetuar grandes ganancias y la situación de privilegio al poder económico vociferante y manipulador. Estamos en un lugar donde las personas precisan percibir que la Administración de Justicia está cerca de ellas, y que sienten que tienen el derecho a ser atendidos por personal idóneo que posee la disposición y capacidad para satisfacer sus necesidades. Porque el desarrollo no es sinónimo de acceso digital y gratuito, sino de más dignidad.