Por Ariel Wolfenson.
Abogado por la Universidad Diego Portales. Máster en Derecho de la Empresa LL.M. por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2019-2020) y Máster en Derecho Público y Litigación Constitucional UDP. Investigador del Diario Constitucional y Socio en Wolfenson Abogados.
A meses del inicio de lo que hace un año podría haberse catalogado como una fantasía en la mente de asiduos seguidores de la película Contagio, la pandemia del COVID-19 ha impactado al mundo. No sólo por la alta mortalidad asociada a quienes lo han contraído, sino preponderantemente por las inéditas conductas que hemos debido adoptar como comunidad para desacelerar su ascenso y, por lo tanto, para preservar nuestro orden social.
Es en este contexto, que la cotidianeidad que -como abogados- nos exigía salir al “mundo exterior” con el propósito de reunirnos con nuestros clientes, realizar trámites en instituciones públicas y privadas, o alegar ante un tribunal de justicia, se ha visto desvirtuada intempestivamente por lo imprevisible. Viéndonos obligados a adaptarnos a una nueva realidad y a realizar dichas labores desde la naturalidad doméstica de nuestros hogares.
Es de esta manera, que diversas falencias de nuestro sistema judicial y administrativo -antes revestidas de una nebulosa ambigüedad- han quedado expuestas a plena luz del día. Entre ellas, se destacan los procedimientos que habían quedado al margen de la digitalización, la poca existencia de implementos logísticos para la realización de audiencias a distancia, la falta de desarrollo de un sistema de notificación digital desligado de la labor de receptores particulares que encarecen y desincentivan la justicia, la todavía insipiente digitalización en los trámites ante notarias, registro civil, y otras instituciones de uso frecuente para los profesionales del Derecho, la incompatibilidad del sistema del anuncio respecto de la certeza y correcta utilización del tiempo de los letrados y los alegatos remotos, entre muchos otros aspectos.
Así las cosas, la cuarentena que nos afecta hoy en día, y que con total seguridad lo seguirá haciendo por -a lo menos- algunos meses más, se muestra como una gran oportunidad. Una chance indubitada para acelerar el motor hacia la modernización de nuestra labor como abogados, esto es, para impulsarnos a un sistema compatible con una mayor calidad de vida (personal y de los clientes), en concordancia con estándares del nuevo siglo.
De nosotros dependerá aprovechar las oportunidades que se esconden detrás del coronavirus, los nuevos caminos que, no sólo disminuirán los costos asociados a la justicia, sino que facilitarán el acceso de los ciudadanos a ella.
