Por Carolina Zamar Rabajille.
Abogada, Máster en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Autora y coautora de artículos de Investigación Jurídica como de opinión en diversos medios nacionales como internacionales. Fue profesora de Derecho Internacional Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente de Derecho Civil en las Universidades Gabriela Mistral, Andrés Bello, Universidad Autónoma de Chile y Universidad Mayor. Su desarrollo profesional se ha llevado a cabo tanto en el ámbito privado como público. Se desempeñó como AREMI de Hacienda en la Región de Coquimbo y como SEREMI de la Mujer en la Región Metropolitana.
El desmantelamiento de las democracias hoy día, por regla general, se inicia de manera gradual. El deterioro de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo con pequeños actos insignificantes. Entonces, cada uno de esos actos, por separado, no parece amenazar realmente el sistema democrático. Tanto es así, que los movimientos de los gobiernos para trastocarla suelen estar abastecidos de una apariencia de legalidad, ya que, o los aprueba el Congreso o bien el Tribunal Constitucional garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se aprueban con la justificación de que persiguen el “bien común”, como, por ejemplo, combatir la corrupción o proteger la seguridad nacional.
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, sostienen que “para entender mejor cómo los autócratas electos socavan sutilmente las instituciones resulta útil imaginar un partido de fútbol. Para consolidar el poder, los déspotas en potencia deben apresar a los árbitros, marginar al menos a uno de los jugadores estrella del rival y reescribir las reglas del juego de manera que funcionen en su propio beneficio, lo que vendría a ser inclinar el terreno de juego del equipo contrario”. [1]
Los Estados democráticos cuentan con órganos encargados de investigar, fiscalizar y sancionar las anomalías llevadas a cabo tanto por los funcionarios públicos como por los ciudadanos comunes y corrientes. Veamos un claro ejemplo, que toman Levitsk y Ziblatt, de cómo estos organismos de carácter independiente pueden ser socavados:
En 1999, el Gobierno de Chávez convocó elecciones para una Asamblea Constituyente que, incumpliendo una sentencia anterior del Tribunal Supremo, se otorgó el poder de disolver las demás instituciones estatales, incluyendo al propio tribunal. Temerosos por su supervivencia, el Tribunal Supremo aceptó el movimiento y lo calificó de constitucional. La presidenta del Tribunal Supremo, Cecilia Sosa, depuso, declarando que el tribunal “se había suicidado para evitar ser asesinado. Pero el resultado es el mismo: ha muerto”. [2]
En estos casos es donde se evidencia que los órganos encargados de velar por la democracia acabaron colocándose a la orden del gobierno y proporcionando al beneficiado un escudo de “legalidad”.
A diferencia de lo que ocurría con los dictadores de la vieja escuela, que solían encarcelar, enviar al exilio o incluso asesinar a sus adversarios, los autócratas contemporáneos tienden a ocultar su represión tras una apariencia de legalidad.
Sin embargo, para mantenerse en el poder, no basta con actuar bajo una apariencia de legalidad, sino que también se deben cambiar las reglas del juego. Los autócratas que pretenden consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución, el sistema electoral y otras instituciones de manera tal de debilitar a la oposición.
Queda en evidencia que las democracias actuales, ya no caen por golpes militares, sino que por los mismos medios democráticos.
“Esta nueva estrategia, una subversión silenciosa y paulatina en vez de un derrocamiento violento, implica una diferencia fundamental. Cuando la democracia se subvierte por medios democráticos, no puede identificarse un momento concreto en el que el sistema está en peligro, a diferencia de lo que sucede en los golpes militares donde el momento en el que una sociedad pierde su libertad democrática es claro. Por esta razón, es muy posible que la población de una sociedad cuya democracia está siendo subvertida no advierta que su sistema democrático está bajo amenaza». Para evitar que esto suceda, los autores[3] proponen un test basado en cuatro indicadores clave para detectar a posibles autócratas:
1. Rechazo de las reglas democráticas del juego.
2. Negación de la legitimidad de los oponentes.
3. Tolerancia de la violencia.
4. Voluntad de restringir las libertades civiles de los opositores. Como lo propios autores señalan, el test no es infalible. Sin embargo, sí que puede servir como mecanismo para detectar posibles futuras amenazas y, de este modo, poder actuar a tiempo para así poder poner sobre aviso a la población.”[4]
[1] LEVITSKY, S. Y ZIBLATT, D. (2020): «Cómo Mueren las Democracias», (Editorial Planeta Chilena S.A., cuarta edición, Santiago de Chile), pág. 95.
[2] LEVITSKY, S. Y ZIBLATT, D. (2020): «Cómo Mueren las Democracias», (Editorial Planeta Chilena S.A., cuarta edición, Santiago de Chile), págs. 98-99.
[3] Se refiere a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Ambos profesores de Harvard, haciendo una reseña bibliográfica del libro Cómo mueren las democracias.
[4] PLOU BARDONABA. D. (2019): “La Subvención de la Democracia” (Revista de Humanidades de Valparaíso N 13, versión On-line ISSN 0719-4242). Véase: httpss://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-42422019000100102 [fecha de consulta 13 de septiembre de 2021].
