Por Felipe Valenzuela Quirós.
Egresado de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral, Tesista en proyecto FONDECYT Nº 1150468 sobre ‘’Dirección material y gestión eficiente de los procesos civiles’’. Ayudante de Derecho Constitucional, ayudante de Instituciones Políticas y ayudante de Derecho Medioambiental.
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El 22 de agosto se formuló una acusación constitucional por parte de un grupo de diputados a un trío de jueces de la Corte Suprema (Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller), ya que -a vista de los congresistas- los magistrados habrían incurrido en un notable abandono de deberes al acoger recursos de amparo que llevaron a que seis condenados por delitos de lesa humanidad salieran en libertad condicional. En pocos días, luego de darse a conocer el texto de la acusación (93 páginas), la conmoción y opinión pública no se hizo esperar.
El Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Magistrados, un grupo de los más connotados abogados penalistas y varios participantes del mundo judicial salieron a defender a los Jueces y a rechazar, unánimemente, la acusación. No así la bancada que promueve la acusación, obviamente ellos se han mantenido sólidos en su posición.
No es mi intención en esta publicación hacer un análisis constitucional de la acusación, ni de los artículos 5, 6, 7, 52, 76 de la Constitución, pues en pocas líneas es francamente imposible sostener un argumento sobre esos temas.
Ahora bien, siento necesario sincerar ciertas posiciones respecto de los jueces, porque convengamos que los jueces de la Corte Suprema son, posiblemente, de los funcionarios públicos más difamados (a sus espaldas) de todos… sin contar al Congreso, claro. Pero extrañamente, han sido los propios participantes del mundo judicial quienes han salido en su defensa. Son aquellos que los ven siempre, aquellos que viven junto a ellos en sus funciones, en sus vidas, los que han salido a defenderlos. ¿Por qué? ¿No les duelen los alegatos con ministros de la Corte durmiendo? Pues bien, hay quienes creemos que, aún con todas las odiosidades que produce la Corte Suprema (jurisdiccional y cotidianamente), es el órgano del Estado posiblemente más respetado de todos, cuestión que tiene un gran mérito en consideración a la deslegitimación del Estado en general.
Con todo, los conflictos de autonomía de funciones, y el funcionamiento del Estado no puede discutirse en el ánimo de quienes critican un partido de fútbol. El Estado no puede formar parte del mundo del espectáculo (aunque hayan varios congresistas que vengan de ahí). No nos podemos tomar esta acusación como una cuestión de bandos: el poder judicial vs. el legislativo.
En el fondo del asunto está una cuestión que significa la vigencia del Estado Constitucional de Derecho. Debemos cuestionarnos si estamos dispuestos a que Chile siga siendo –como históricamente ha sido– un país frágil institucionalmente. No por nada tenemos tres constituciones (a lo menos) en nuestros apenas dos siglos de República. No está en juego una ley o un decreto. Está en juego una de las piezas sagradas del Constitucionalismo como lo conocemos: la separación de funciones de los órganos del Estado.
Aún así no hay que desconocer la indignación de los congresistas y de cierto sector de la ciudadanía sobre las sentencias de la Suprema. Para ellos, esas sentencias significan una vulneración a los tratados de Derechos Humanos vigentes en Chile. Sus voces están llenas del dolor de uno de los eventos más horribles de esta parte del mundo: la Dictadura.
Pero, aunque suene profundamente desagradable aceptarlo, las conductas inhumanas de algunos funcionarios estatales de ese periodo fueron realizables ya que justamente en aquel tiempo prácticamente no existía una separación de poderes. El Estado de Chile se había erosionado tanto, que incluso algunos llegaron a esbozar, no sin buenos argumentos, que no existía un verdadero gobierno.
Esto debiese hacer que nos preguntemos: ¿Qué sacamos en limpio como jóvenes de esta República? ¿Acaso estamos dispuestos, como tantas veces se ha creído en nuestro país, a creer que los fines justifican los medios? Finalmente los medios y los fines son interdependientes, no hay fines sin medios, ni medios sin fines.
Todos llevamos dentro de nosotros la llama de la justicia. A nadie le es indiferente la injusticia, y muchos tienen que hacer gigantescos sacrificios cotidianos por aceptarla. Pero aún así, contra todo, no podemos aceptar la destrucción de las reglas de una sociedad democrática. Algunas vez, un gran profesor de filosofía del Derecho de una universidad de Cambridge, Massachussets, dijo que aunque las leyes sean injustas, es más beneficioso seguirlas que contravenirlas. Con devoción debemos respetar esa máxima y seguirla como un consejo. La historia no puede seguir enseñándonos.
