Por Daniel Soto Muñoz.
Abogado. Director del Programa de Fraudes Corporativos de la Escuela de Negocios y doctorante de la Escuela de Gobierno en la Universidad Adolfo Ibáñez.
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Los derechos humanos son principalmente una obligación estatal porque es el Estado el que tiene el deber positivo de asegurar el respeto de la vida y la dignidad humanas junto con garantizar condiciones mínimas de convivencia social. No obstante, el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos amplía esta norma creando un deber general que, como tal, alcanza a todas las personas en torno a respetar los derechos y libertades de los demás.
De esta manera, el derecho internacional de los derechos humanos genera dos vertientes normativas. Una primera de naturaleza vertical, en la que el derecho internacional público impone exigencias expresas al Estado en el sentido que este debe abstenerse de restringir inadecuadamente los derechos civiles y políticos de las personas, así como se obliga a implementar políticas públicas mínimas en los ámbitos económicos, sociales y culturales.
Una segunda bajada de naturaleza horizontal, es aquella en la que el derecho interno grava a todas las personas con el deber de cumplir con la ley y de respetar el derecho ajeno. Esto contribuye de forma práctica a la vigencia de los derechos humanos, en la medida que posibilita la eficacia de las normas y favorece el funcionamiento de las instituciones estatales que deben dar resguardo a estos derechos.
De este modo, el derecho internacional de los derechos humanos ha dado origen a una ética pública compuesta de dos fuentes normativas. Una internacional, que es obligatoria para el Estado y otra interna, que es imperativa para todas las personas. Esta última se encuentra gravemente debilitada en nuestro país como consecuencia de un proceso de descomposición moral de larga data. Hoy en Chile, por ejemplo, existe una tendencia generalizada y sorprendente de rehuir de los compromisos sociales, de evadir la responsabilidad individual, de relativizar el valor de la autoridad y, últimamente, de justificar los atropellos interpersonales cuando se enmascaran como actos reivindicatorios.
Para contribuir a que el respeto de los derechos de todos sea una realidad, es necesario que las personas decentes cumplan con su deber de contribuir cotidianamente a generar la paz social y para esto es forzoso adherirse de forma voluntaria al cumplimiento de la ley y sancionar a quienes con sus acciones y omisiones faltan el respeto a la sociedad que los cobija.
