Por Roberto Carlos Mella Olivos.
Abogado litigante, San Fernando, Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Profesor de derecho económico e internacional privado en la Universidad La República sede Rancagua. Profesor de derecho constitucional, tramitación notarial, derecho civil actos y contratos, herramientas de análisis legal en el Instituto AIEP sede San Fernando.
Vivimos un momento clave para la Historia de Chile. Por primera vez, será la ciudadanía representada en una Convención Constitucional la que establezca la nueva Carta Fundamental que debería regir el destino de nuestro país. Es la norma guía, la piedra angular jurídica que debería asegurar los fines del derecho por los próximos cuarenta, cincuenta o sesenta años más.
El estallido social y la pandemia de coronavirus han transformado sin duda nuestro país, la sociedad, nuestras rutinas, nuestras labores, nuestras vidas en general. Y ciertamente la vida jurídica no ha sido la excepción.
La tramitación electrónica fue solo el inicio. Con la pandemia conocimos las audiencias y alegatos por plataformas como zoom, meet, webex; se masificaron los cursos on line, los litigantes se han tenido que reconvertir para hacer frente al servicio judicial adaptado a las circunstancias excepcionales donde nos encontramos. Y en mi caso personal, que me he dedicado a combinar la abogacía con la docencia a nivel tanto técnico como universitario, también he sido protagonista de estos cambios y partícipe de estos momentos históricos.
En los próximos meses no solo enfrentaremos ciclos electorales para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales, convencionales constituyentes, y más adelante, diputados, senadores, consejeros regionales y sobre todo, Presidente (a) de la República.
Para ello, resulta clave y conveniente para un mejor y representativo proceso constituyente que la ciudadanía se informe adecuadamente, de manera tal que quienes ingresen a la Convención Constitucional sean personas con conocimiento, empatía y capacidad para lograr grandes acuerdos.
Durante estos meses de pandemia, he ido transmitiendo a mis diversos alumnados y colegas esta necesidad de conocimiento al menos general de lo que ocurre actualmente y lo que ocurrirá en nuestro país. Las nuevas generaciones estudiantiles pueden y deben canalizar su energía vital para ser agentes de cambio, responsables, buscadores infatigables de justicia, paz social, solidaridad y bien común, rechazando oportuna y reiteradamente la violencia. Asimismo, que tengan un conocimiento meridiano de las diferentes alternativas de Estado, gobierno, garantías constitucionales, instituciones, etc. La docencia sin duda es un interesante reservorio de inquietudes, conocimiento, argumentos y nuevas ideas para enriquecer el debate en todo orden de materias, cosa que agradezco a Dios y a la vida.
Independientemente de las opciones personales de cada uno, más allá de quienes hayan votado “Apruebo” o “ Rechazo”, al menos es necesario poner en perspectiva las diversas propuestas. En mi opinión particular, considero que Chile debería mantener un sistema unitario, con un mayor fortalecimiento regional, con gobernadores regionales empoderados y en coordinación directa con el Poder Ejecutivo; como forma de gobierno recomendaría evolucionar a un sistema semipresidencial con un jefe de Estado y de Gobierno diferentes, con facultades amplias de fiscalización del Poder Legislativo e incluso para solicitar la remoción de uno de ellos por causas graves tales como delitos de alta connotación pública, corrupción, infracciones a los Derechos Humanos; contar con un juicio político claro y acotado a causales estrictas o a número determinado de oportunidad a fin de que el Poder Legislativo no lo mal utilice para su conveniencia política; asimismo es necesario defender a ultranza la independencia y autonomía del Poder Judicial, lo mismo respecto del Banco Central, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
Por otra parte, es necesario dejar en claro para hacer realidad los fines del derecho en el siglo XXI considerando la realidad chilena, evolucionar hacia mayor igualdad en géneros, mejorar la protección medioambiental en combinación de leyes adecuadas acordes a las instrucciones internacionales que cada vez encuentran mayor asociación con nuestro ordenamiento jurídico. Por otra parte, apuesto por una profundización legal acorde en materias de educación, salud, trabajo, así como establecer por vía legal procedimientos expeditos y eficaces en materia de acciones cautelares de las garantías constitucionales existentes o de las que se agreguen.
No creo que la nueva Constitución sea la fuente de solución de todos los problemas de desigualdad y otras demandas sociales, pero sí al menos puede servir de orientación general para las autoridades, legisladores, jueces, ciudadanía en general para que las normas jurídicas inferiores tengan coherencia y en definitiva, se cumplan a cabalidad los fines del derecho. Este proceso, demás está decir, no será instantáneo, y es mejor que la ciudadanía lo sepa desde ya, las grandes transformaciones que nuestro país requiere no son como en los cuentos de hadas.
Creo que todos los chilenos, o al menos la mayoría estamos de acuerdo en la necesidad de más y mejor democracia, mejor acceso a la justicia, respeto a los derechos humanos, tener una economía sustentable y eficiente, que así como entregue riquezas, las distribuya adecuadamente a fin que cada uno reciba lo que le corresponde en tiempo y forma, que podamos enfrentar unidos los desafíos de la próxima mitad de siglo.
