“Esta profesión está marcada con un fuerte sesgo heteropatriarcal”

A dos años del nacimiento de ABOFEM, dos de sus integrantes -Cecilia Ortega y Rebeca Zamora- conversan con LWYR sobre los avances logrados y las tareas pendientes respecto de los temas que aborda esta asociación civil de abogadas feministas.

En mayo de 2018, en medio del masivo movimiento feminista que se tomó las calles y universidades del país, un grupo de abogadas egresadas de la Universidad de Chile notó la urgencia de crear una organización de juristas feministas que incorporara dicha perspectiva en su agenda. Así nació la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM.

Se trata de una asociación civil compuesta por abogadas feministas que promueve el enfoque de género en el Derecho, a través de sus distintos procesos. Es una organización pluralista que alberga distintas sensibilidades políticas, creencias y cultos religiosos, identidades de género y orientaciones sexuales.

Su objetivo común es desnaturalizar la posición de subordinación que tienen las mujeres y los cuerpos feminizados en la sociedad, así como cualquier otra brecha social, cultural, política o normativa, que impide el reconocimiento de la dignidad de algunas personas y las pone en una situación de desmedro en relación a otros y les niega sus derechos. Para sus asociadas, el Derecho debe ser una herramienta de transformación de las relaciones de desigualdad, estableciendo medidas que contribuyan a eliminar los obstáculos que impiden relaciones simétricas en la sociedad.

En la actualidad, la organización se divide en distintas áreas temáticas, como derecho penal, derechos humanos, diversidad, derecho laboral, familia, niñez y adolescencia, así como derecho público. Además, cuenta con comisiones operativas, como análisis legislativo, que le permite tener injerencia y presencia en el Congreso; comisión de asesoría y capacitación, que le permite brindar asesorías en terreno a mujeres heterosexuales y LBTI; y un equipo de litigación estratégica, que hoy tiene su trabajo avocado mayormente a las más de 50 querellas por violencia político-sexual ejercida durante el estallido social.

Como organización buscan, a través del Derecho, una transformación social con miras a alcanzar la igualdad sustantiva. Por lo que, para conocer más en detalle la actividad que realizan, LWYR conversó con dos de sus integrantes: Cecilia Ortega (CO) y Rebeca Zamora (RZ).

– ¿Tiene ABOFEM alguna comisión sobre temas relativos a diversidad y no discriminación? ¿Qué le parece que el Colegio de Abogados cuente con una comisión en esa línea?

(CO) Dentro de ABOFEM contamos con la comisión de diversidad, que tiene como foco de su trabajo promover los derechos y la inclusión de las personas LGBTI. Queremos visibilizar que en esta sociedad somos considerados como ciudadanos de segunda clase y que esto no puede seguir sucediendo, mediante acciones e intervenciones claras. Que el Colegio de Abogados cuente con una comisión en esta línea era necesario hace mucho tiempo, promoviendo un enfoque de género y LGTBIQ+ en el Derecho, tanto en su generación, a través de los procesos legislativos; en su enseñanza; así como en su aplicación en las políticas públicas y en tribunales.

(RZ) Es excelente que el Colegio de Abogados y Abogadas cuente con una comisión de diversidad e inclusión, aunque hay que destacar que sólo se creó en 2019 y a consecuencia de las elecciones de ese año, marcadas por la cuota de género que permitió incluir nuevos liderazgos y algunas formas de feminismo al interior del Colegio. De hecho, durante el mes de junio de 2020, esa comisión ha estado realizando charlas vinculadas a diversidad y constitución.

– En el mes del orgullo, ¿considera importante la visibilidad del colectivo dentro del gremio de los abogad@s o pasa por una opción personal?

(CO) La visibilidad siempre es importante, porque si no nos nombran nos invisibilizan. Además, recordemos que lo personal es político, por lo tanto, aquellos que tenemos el privilegio de poder hablar abiertamente sobre nuestra orientación sexual o identidad de género debemos hacerlo y ocupar los espacios. Pero, lamentablemente, no todos tienen esta posibilidad de hacerlo por temor a perder sus fuentes de trabajo. No son tantas las empresas o estudios jurídicos que brindan un ambiente laboral para poder hacerlo. Además, no podemos negar que esta profesión está marcada con un fuerte sesgo heteropatriarcal.

(RZ) La visibilidad es importante. Ser miembro de la comunidad LGTBIQ+ es político y, como tal, implica mostrar a los otros aquella parte de la identidad individual. Sin embargo, se debe ser muy respetuosos de la decisión personal que cada uno pueda tener respecto a dar a conocer o no su orientación sexual o identidad de género. Es bastante razonable -y no deja de ser triste- que algunas personas puedan sentir miedo de esta develación, más en el mercado legal. En las empresas se ha avanzado bastante, pero en los estudios jurídicos -por ejemplo- se sabe que no hay mucha tolerancia, o bien tienen políticas de diversidad, pero en la práctica no se cumplen. Son pocos los lugares que cuentan con ambientes gratos y genuinos donde se permite la diversidad e, incluso, se adopta una política de inclusión.

– ¿Existe autocrítica al interior del movimiento de haber frivolizado el orgullo, desnaturalizando el mensaje reivindicatorio y de igualdad jurídica?

(CO) Existe una autocrítica por haber dejado que representantes autoimpuestos den un discurso a nombre de toda la comunidad LGBTIQ+. El trabajo de las organizaciones más comprometidas con la comunidad que con la propia imagen, como el que desempeña ABOFEM, reivindica esta búsqueda de reconocimiento y respeto de los derechos. Es cosa de ver que los grandes impulsores de leyes, como la 20.609, son los miembros de la sociedad civil, que en un comienzo tuvieron que organizarse para, muchas veces, salvar sus vidas. El trabajo y acompañamiento que se da dentro del movimiento es vital para muchos que han sido discriminados por ese núcleo fundamental, que es la familia, por lo que se han visto expuestos a realidades impensables para muchos.

(RZ) Es dudoso que ese proceso tenga como único responsable a los movimientos LGTBIQ+. Pareciera que ello es más bien producto del interés por algunas marcas y mercados por aprovechar estas demandas de manera comercial. En realidad, el problema es más profundo: no le podemos decir a todas las personas que sean orgullosos/as o visibles de su orientación, porque en algunos espacios esa visibilidad puede equivaler a una sentencia de muerte.

– Aparte del matrimonio igualitario, ¿cuáles considera que son aspectos urgentes que se deben legislar en nuestro país?

(CO) La promoción del matrimonio igualitario, como una gran consigna de lucha, es parte de la frivolización del orgullo. No es una lucha inválida, ya que es otra demostración más que somos tratados como ciudadanos de segunda clase. Pero antes de esa consigna popular, debemos atacar la raíz del problema, que es la discriminación. Hoy estamos en la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado con un proyecto de Ley que modifica y fortalece la Ley 20.609, presentada por los senadores Insulza, Elizalde, Guillier y Latorre, y la senadora Muñoz. Es un proyecto, que al igual que la ley que lleva 8 año de vigencia, tiene muchas falencias y es en ello donde debemos enfocar mayormente nuestra lucha. También tenemos otros proyectos, como el que tipifica el delito de incitación a la violencia y amplía su ámbito de acción. Es importante mencionar que debemos legislar sobre la base de la realidad nacional, y hoy los índices de violencia y discriminación a personas de la comunidad LGBTI+ han aumentado y recrudecido.

(RZ) Una serie de disposiciones que tienen como eje la concepción de una familia heterosexual ideal debiera ser modificada. Por ejemplo, en materia de lesbomaternidad se le debieran reconocer a una madre no gestante todos los beneficios que se pueden otorgar a un padre; permitir la adopción de parte de personas LTBIQ+; legislar sobre la incitación al odio y crímenes de odio; regular especialmente las violaciones correctivas, entre otros.

– ¿Cómo reciben la noticia del fallo mediante el cual una Jueza de Familia ordena la inscripción de un menor en el Registro Civil con dos madres?

(CO) Es un fallo histórico, donde se reconoce la filiación de un menor nacido en el seno de una familia lesbomaternal y concebido mediante reproducción asistida por parte de su madre no gestante. Nos deja como base que el análisis de este tipo de casos tiene que ser desde el interés superior del niño, su derecho a la identidad y la no discriminación, la protección irrestricta de todas las formas de familia. Pero esta lucha tiene que dejar de ser la regla general y la judicialización para el reconocimiento.

Los hijos de familia lesboparentales, homoparentales y transparentales existen. Son una realidad en nuestro país y debemos hacernos cargo. Tenemos hace 4 años durmiendo en el Senado un proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de estas familias que urge, ya que ellos no pueden esperar.

(RZ) Nos alegramos por la familia que hay detrás. Las madres y el hijo que, obviamente, tiene derecho a una identidad. Sin embargo, no es posible dejar de pensar en lo triste que resulta tener que recurrir a esta clase de procedimientos para el reconocimiento, cuando las personas heterosexuales pueden realizar este trámite en 30 minutos en un Registro Civil. Hay, sin duda allí, una muestra de que, frente a la heterosexualidad, las personas LGTBIQ+ son ciudadanos de segunda clase. Asimismo, cuando hay vacancia de paternidad, los hombres pueden inscribir a niños como sus hijos en el Registro Civil, acto que es irrevocable y que le da derechos a esos terceros extraños.